Política y religión, juntos pero SÍ revueltos en Cartagena (Colombia) con la oración al iniciarse las reuniones del Concejo

La película de la suspensión provisional de la oración al iniciar las plenarias del Concejo de Cartagena ya va por un nuevo capítulo. La Asociación de Ministros del Evangelio en Bolívar (Ameb), que concentra a las iglesias cristianas protestantes de la ciudad, empezó hoy una jornada de oración pública en distintos barrios que concluirá mañana con un “Plantón de Rodillas”.

El hecho se realizará a las 4 de la tarde en la Plaza de la Aduana y se estima que cientos de creyentes en Cristo orarán al unísono en un acto de inconformismo a lo ordenado por el juez décimo primero administrativo oral, Alejandro Bonilla.

El arzobispo de Cartagena, Jorge Enrique Jiménez Carvajal, en representación de la iglesia Católica, también se pronunció al siguiente día de conocerse la consideración del juez. Jiménez afirmó que es mejor obedecer a Dios que a los hombres y remató: “En las leyes colombianas se garantiza el derecho a la “libre expresión” (cfr. artículo 20) y por lo tanto garantiza el hecho de no estar de acuerdo con una determinación de la autoridad civil que juzgamos injusta”.

La medida cautelar dada por el juez se soporta en que los artículos 1, 2, 3 y 5 del Acuerdo 05 del 2007, riñen con la Constitución Política Nacional que promueve una Colombia laica. Básicamente los artículos referidos establecían la práctica diaria de la oración y del abrazo al inicio de las actividades del Concejo, colegios e instituciones públicas como orientaciones fundamentales para la recuperación de los principios religiosos y el ejercicio de los valores en la ciudad.

Ante eso, el juez Bonilla Aldana estimó que la costumbre de la oración no puede tenerse como elemento cultural generalizado de forma que puedan las autoridades locales de carácter civil imponer su ejercicio de manera obligatoria, desconociendo la libertad de creencias y creando escenarios en donde se revelen o generen molestias tales como las actividades en establecimientos públicos o abiertos al público.

Cartagena ya ha vivido episodios en los que la mezcla de religión y política ha terminado en fuertes críticas de la sociedad. Se recuerda la reciente participación de Miguel Arrázola, pastor de la iglesia Ríos de Vida, en la marcha organizada por el partido Centro Democrático en contra del diálogo de paz entre el Gobierno y las Farc, o la cuestionada oración pública por la ciudad del alcalde Manuel Vicente Duque.

Con la Constitución de 1991, Colombia pasó de ser un país católico a un Estado Laico, en el que sus ciudadanos tienen libertad de creer o no creer en lo que quieran y el Estado le garantiza los mismos derechos.

¿Qué significa esto? Que Colombia mediante la promulgación de un estado laico dejó atrás una estrategia de poder promovida por Europa en 1814 y desmontada en 1848, pero que en nuestro país fue abrazada por la constitución de 1886 y deshecha 109 años después.

En el mundo antiguo, el Estado estaba ligado a la religión y la gente tenía derechos si tenía religión. La ganancia del Estado moderno es que los ciudadanos tienen derechos garantizados independientemente de que profesen una religión.

Roberto Solarte, doctor en Filosofía y profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana, explica que lo que hace Colombia a través de la constituyente de 1991 es reconocer que en ese momento en el país había diversidad de credos (católicos, cristianos protestantes, indígenas, masones, gnósticos, ateos, etc.) y por tanto se adapta al principio de los estados modernos que son estados laicos en el que los derechos no están basados en que usted tenga una fe religiosa sino en que usted es un ser humano.

La consecuencia política de esto es que la iglesia pierde poder ‘estatal’, ya su papel no es guiar al Estado sino está inclinado a lo educativo, a la transmisión de valores y creencias, pero sin influir directamente en las decisiones de gobierno.

Lo que desconocen, de cierto modo, los organizadores de las protestas manifiestas en contra de la medida temporal del juez es que el Estado laico se argumenta precisamente en la fe cristiana.

“La cultura cristiana es supremamente laica; el cristianismo tiende a desplazar la fe religiosa y a poner a las personas en el centro. El efecto político del cristianismo es que el Estado sea Laico. Lo que pasa es que el cristianismo durante mucho tiempo, y toda la Edad Media, se volvió una cosa religiosa con mucho poder y olvidó su esencia, y eso ha traído como consecuencia que los estados laicos hayan tenido avances y retrocesos en la historia”, comenta Solarte.

La Biblia, en especial en el Nuevo Testamento, es una reflexión profunda sobre la muerte y resurrección de Jesús.  El Salvador muere porque la religión (judía) lo condena. Es un acto violento cimentado en la intolerancia de creencias religiosas.

LA FE NO TIENE UN ESPACIO EN LA INSTITUCIÓN PÚBLICA

El mayor ejemplo de la mala mezcla de política y religión es el Estado Islámico que tiene la confusión que el estado es para los que creen lo que ellos creen. Si no creen lo matan.

Eso no quiere decir que la política y la religión tengan que vivir en permanente divorcio, pues casi todos lo políticos profesan una religión y también pertenecen a una comunidad en la que apoyan una u otra iniciativa.

“Los políticos son ciudadanos con valores y creencias, que pertenecen a un grupo social, pero en la función pública sí hay que distinguir, y aunque haya sido electo en representación de un grupo religioso no puede trabajar solo para la gente que cree lo que él cree, deben trabajar para todos por igual”, expresa Roberto Solarte. El profesor destaca lo que hace el Papa Francisco, quien promociona una serie de cosas como la aceptación de los refugiados y el respeto por el medio ambiente, pero todo a través del ejemplo, no de la imposición.

En el estado laico no se aceptan funcionarios haciendo cosas que no sean de la función pública, eso incluye manifestaciones de creencias religiosas. La espiritualidad queda excluida de la institución pública. Del funcionario se espera que sea correcto, pero en la pluralidad de entender las diferencias.

¿Pero y entonces por qué los políticos modernos se aferran a mantener el matrimonio entre política y religión? ¿Puede tratarse de una medida populista? ¿El fervor del político es tal que necesita aplicar estas creencias en su función pública?

La concejal Duvinia Torres, del Partido de la U, es una de las que ha abanderado la defensa de la oración en el recinto y es a quién más se le observa liderando los minutos de “comunicación con Dios” al inicio de las plenarias. Ella manifiesta que a través de este acto intentaba dar de lo mejor que tiene a sus congéneres.

“Soy creyente desde niña y mi fe se acrecentó luego de una experiencia familiar dura en la que a mi hijo menor me lo desahuciaron por un problema renal que tenía. Mucha gente me dijo que no perdiera el tiempo orando, pero Dios escuchó mis suplicas y le demostró a estas personas incrédulas que es un Dios de amor y de poder. Mi hijo hoy es un joven sano y exitoso”, manifiesta Torres.

La cabildante tiene otro argumento: “Yo soy hija de campesinos, mis padres vivieron la amarga experiencia de El Salado (corregimiento de El Carmen de Bolívar donde los paramilitares perpetuaron una masacre en el 2000), sí he llegado a esta posición pública (concejal) es por voluntad de Dios porque él quiere poner en sitios influyentes a personas que difundan su palabra. La iniciativa de la oración nació con la intención de impulsar la recuperación de los valores, a nadie se le obligaba a orar y había libertad para que un masón, si quería, liderara ese momento, pero esto nunca ocurrió”.

La suspensión provisional ordenada por el juez está en apelación por parte del Distrito, hoy los abogados de la Administración estudian los argumentos de defensa basados sobre la misma libertad de creencias en la que el juez sostiene su decisión. Todo parece que la oración es fundamental para el desarrollo de sus funciones.

De todo este embrollo mediático que se ha desatado por la intervención de un juez para finiquitar las diferencias que había en el Concejo por la realización de la oración queda una lección importante: la aceptación y el respeto por el prójimo no es cuestión de religión sino de sentido común, o en todo caso, de principios morales universales.

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