El tribunal constitucional permite la charla pero anula un decreto del Gobierno que la declaró de interés público
El máximo tribunal constitucional de Costa Rica reafirmó este miércoles el derecho del médico español Jokin de Irala, vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, de dictar una conferencia en esta capital acerca de que la homosexualidad es una enfermedad curable, pese a las protestas y el rechazo explícito de la comunidad gay costarricense.
El tribunal ratificó que la conferencia del facultativo tampoco puede impedirse, porque sería un acto de censura previa que golpearía el derecho a la libertad de expresión, pero la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia anuló un decreto del gobierno costarricense que declaró de “interés público” el V Congreso Centroamericano de Bioética, en el que De Irala participa, a partir de este miércoles, en San José.
La Sala también cuestionó al Gobierno porque aunque la ministra costarricense de Salud, Daysi Corrales, admitió por un lado que “no avala ninguna terapia o tratamiento para la curación de algo toda vez que la homosexualidad no es una enfermedad y más bien señala los riesgos que implica”, por otro propició una actividad “en la que uno de sus conferenciantes precisamente viene a promocionar” lo que la funcionaria “considera dañino”.
El tribunal, cuyos fallos son inapelables, estableció que se “subraya el derecho de los organizadores” del Congreso “de traer entre sus panelistas” a De Irala “y su conferencia titulada: Comprendiendo la homosexualidad hoy, aunque su posición no sea aceptada por el criterio científico mayoritario y a pesar de que algunos consideren tal postura como discriminatoria”.“En efecto, Costa Rica se rige por la prohibición de la censura previa y la regla de la responsabilidad ulterior”, recalcó el veredicto.
La Sala analizaba un recurso presentado por el costarricense Yashín Castrillo, abogado y dirigente homosexual, contra el decreto gubernamental, y recordó que el “objeto del amparo no fue el tema de la libertad de expresión, sino el hecho concreto y preciso de que tal actividad fuese declarada de interés público”. Y determinó que “deviene irrazonable una declaración de interés público de una actividad en que una conferencia revierte en una estigmatización de un sector de la población y un potencial daño a su salud, amén de que su base científica es altamente cuestionada por falta de sustento”.
La Sala se apoya para su resolución en “criterios técnicos” de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud y los colegios de Médicos y Cirujanos y de Psicólogos de Costa Rica e instituciones universitarias costarricenses.
El veredicto, aprobado con el voto mayoritario de cinco de los siete magistrados, reconoce que el gobierno de Costa Rica “goza de una amplia libertad de configuración para determinar qué actividades califica como de interés público”, pero aclaró que “tal discrecionalidad está sometida en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa o implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable”. Por eso, añade, “en ningún caso pueden dictarse actos contrarios a reglas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia”.
De Irala es desde hace varias semanas el protagonista de una encendida polémica en Costa Rica entre la comunidad gay, el Gobierno y los organizadores del Congreso. La declaración gubernamental de interés público causó el contundente rechazo del Movimiento Diversidad, la principal organización costarricense defensora de los derechos de los homosexuales, que aseguró que la conferencia “solo oscurantismo traerá” por diagnosticar “una enfermedad donde no la hay”.
El Ministerio de Salud de Costa Rica alegó reiteradamente que la decisión del gobierno de declarar al Congreso como de interés público fue en defensa de la libre expresión.
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