Polémica ante el traspaso a la Junta de Andalucía de los 2.300 docentes de religión de Primaria

El Estado propone que la Junta les pague con el presupuesto transferido pero el colectivo teme que con el traspaso lleguen recortes

Desde que se transfirieran las competencias de Educación a la Junta de Andalucía siempre quedó pendiente, como una excepción en la gestión del personal docente, el profesorado de religión católica de las etapas de Infantil y Primaria. Ahora, treinta años después de que se mantenga este modelo, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) plantea que el pago de los 2.300 profesores de esta materia en Andalucía pase directamente a la Junta, alegando que estos recursos humanos deberían correr a cargo del presupuesto que el Estado transfiere a la Junta para Educación. Esta medida afectaría a más de 200 maestros en la provincia de Cádiz, según apuntaron desde el sindicato Anpe, en el que se encuentran representados buena parte de ellos. La reacción del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ante la propuesta de la CORA no se hizo esperar. El responsable político de la materia en Andalucía mostró su rechazo a la iniciativa de esta comisión.

En primer lugar, para Alonso sería más «leal institucionalmente» tratar estos asuntos en la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Andalucía, «en cambio el ministro Wert prefiere los globos sondas en medios de comunicación al debate constructivo en el seno de diálogo entre las autonomías y el gobierno central. Es una práctica que por estar convirtiéndose en habitual no deja de ser una falta de respeto a las autonomías y que muestra cómo de serio se toma la educación este Gobierno Central».

Alonso apuntó que si mantenida la reunión previa de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Andalucía se materializara el traspaso de este profesorado, «la Junta de Andalucía procederá a asegurar la impartición de esta materia siempre con respeto a los procedimientos de contratación de personal, y accediendo a los destinos con los criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad que establece la ley». Y este punto es el que hace temblar al profesorado de Religión, puesto que cuando se hicieron las transferencias del mismo personal de Secundaria hubo recortes de efectivos y traslados. Los más de 200 profesores gaditanos temen que con el traspaso del pago se produzca una merma para sus condiciones laborales, por lo que prefieren seguir estando bajo el amparo del Gobierno central. «Según nos han informado, en doce meses deberían asumirse las competencias sobre este profesorado, algo que ni los propios afectados desean. Pero si se trata de una ley, habrá que cumplirla», aseguraron desde Anpe Sevilla.

El consejero se cuestiona el «por qué ahora se plantea esta nueva ocurrencia cuando la competencia la lleva administrando el Estado en los últimos treinta años sin incidencias y es conocida la postura de este gobierno progresista por una educación laica y donde los maestros tengan igualdad en el acceso para el desarrollo de su función docente». «La respuesta quizás esté en que Montoro quiere para sí aquello que funciona bien, como la gestión de las becas; y volver a cargar a esta autonomía con nuevos gastos enarbolando la bandera de la austeridad a costa de los presupuestos de otros».

Baile de becas

Otra de las propuestas lanzadas desde el Gobierno de la nación es la de retirar las competencias a Andalucía para la gestión de las becas no universitarias. Sobre este tema, el consejero declaró que se trata «del último despropósito» del ministro Wert y añadió que es «una cuestión muy seria que vuelve a generar una situación de incertidumbre, frustración y desesperanza en el alumnado».

Recordó que desde 2009 Andalucía realiza «con absoluta eficiencia» las funciones de tramitación, pago, inspección, verificación y resolución de los recursos correspondientes a las becas generales del Estado. Así insta a Rajoy a no rescatar lo que funciona bien y que «copie» al Gobierno andaluz en su política de becas que tiene como objetivo «la inclusión y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación».

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