Podemos promueve una declaración en el Senado exigiendo a Arabia Saudí el indulto del activista pro Derechos Humanos condenado a morir decapitado

Ali Mohammed Baqir al-Nimr fue condenado a muerte por participar en manifestaciones contra el gobierno y atacar a las fuerzas de seguridad. según Amnistía Internacional confesó tras haber sido sometido a torturas.

La senadora de Podemos Maribel Mora ha promovido esta semana una declaración institucional en el Senado en la que se insta al Gobierno de Arabia Saudí a dejar sin efecto la condena a muerte por decapitación impuesta a Ali Mohammed Baqir al-Nimr. Este joven activista pro Derechos Humanos asumió las acusaciones de haber agredido a las fuerzas de seguridad saudíes durante una manifestación después de haber sido sometido a torturas y malos tratos, tal y como han denunciado organismos como Amnistía Internacional.

Esta declaración impulsada por los senadores de Podemos ha recibido el apoyo del resto de grupos parlamentarios de la Cámara Alta a excepción del PP. Desde Podemos aún se espera que el Grupo Popular se sume a la defensa de los Derechos Humanos. El documento pone de relieve en primer lugar el rechazo a la pena de muerte impuesta a Ali Mohammed Baqir al-Nimr, al tiempo que insta al monarca saudí para que la revoque y convoque una investigación independiente sobre los malos tratos y torturas denunciados.

En el momento de su detención, Ali Mohammed Baqir al-Nimr tenía apenas 17 años. Así, la sentencia impuesta contraviene el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos -en tanto que no respeta la reserva de la pena de muerte para los más graves delitos si la pena capital estuviera prevista en la regulación del país-, además de otras disposiciones del Derecho Internacional Humanitario -tales como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Arabia Saudí- que proscriben la imposición de la pena capital por delitos cometidos por menores de edad.

Arabia Saudí es uno de los países que más penas de muerte impone en todo el mundo: ha ejecutado a más de 2.200 personas entre 1985 y 2015. Sólo entre enero y finales de agosto de 2015 han sido al menos 130 ciudadanos los condenados a la pena capital (habitualmente mediante decapitación y posterior crucifixión del cuerpo para su exposición pública). Además, es habitual, como han denunciado diversos organismos internacionales, que los juicios se celebren de manera secreta, que los abogados no sean avisados para las audiencias, o se niegue la asistencia legal durante el proceso. Además se han probado infinidad de casos de torturas y malos tratos durante los interrogatorios a detenidos, puesto que es posible condenar basándose solamente en la “confesión” obtenida en el interrogatorio. Para Podemos, el cumplimiento de todos Derechos Humanos para todas las personas debe ser una incondicional y una prioridad de toda la sociedad, por encima

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