PNV y PP unen fuerzas en la Cámara contra el cobro del IBI a la Iglesia

Socialistas, Aralar, EA y Ezker Anitza pedían también el censo y valor de los bienes eclesiásticos

El desacuerdo en torno a la eliminación de las exenciones en el pago del impuesto de bienes e inmuebles (IBI) a la Iglesia dividió ayer al Parlamento, por el eje izquierda-derecha, como era esperable. Los votos de PSE, Aralar, Ezker Anitza —proponente de la iniciativa original— EA y UPyD no fueron suficientes frente a la suma de PNV y PP en contra.

El portavoz del PP, Antón Damborenea, acusó a los defensores de la iniciativa de buscar “una descalificación gratuita de la Iglesia católica” por la vía de denunciar “privilegios que no existen”, dijo. El proponente de la iniciativa, Mikel Arana, desmintió tal intención: el texto pedía idéntico trato para las “otras confesiones religiosas” o, en otro de sus puntos, para “otras entidades jurídicas” igualmente exentas del IBI y otros impuestos.

Por su parte, el portavoz del PNV, Ricardo Gatzagaetxebarria, consideró que el que se proponía es “un cambio muy grande”. “Y no pensamos que haya que hacer ese cambio ahora”, argumentó. Tanto Damborenea como Gatzaxgaetxebarria, y también el portavoz de Aralar, Mikel Basabe, resaltaron la diferente posición mantenida por los socialistas en un debate sobre la misma cuestión hace un año. Lo único que ha cambiado en ese tiempo, coincidieron, es que el PSOE ya no está en el Gobierno. Damborenea vio también en contradicción a UPyD y a EA, cuyo portavoz (como Amaiur) en la Comisión Constitucional del Congreso, Rafael Larreina, advirtió el miércoles, al tratar la misma cuestión, del riesgo de que se desemboque en un “nacional-ateísmo”.

El texto de la iniciativa transaccionada limó las aristas más cortantes de la de Arana —por ejemplo, al abogar por la revisión en vez de por la “derogación” de los acuerdos con la Santa Sede que pedía— pero mantuvo su espíritu. También los contenidos que habrían implicado a las administraciones vascas. En particular, el que instaba a las Diputaciones a remitir a la Cámara “el censo de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que están listados y registrados a nombre de la iglesia católica y de otras confesiones religiosas. La petición era extensiva a las entidades y asociaciones afines a confesiones religiosas y se solicitaba también de las haciendas forales una valoración del montante de las exenciones.

Uno de los argumentos que más esgrimieron los defensores de la propuesta fue la penuria de recursos de los ayuntamientos, que son los recaudadores del IBI. Por eso, junto al fin de la exención, pedían que, entretanto esta llega, se establezcan compensaciones por todos los beneficios fiscales recogidos en la ley de haciendas locales que deben asumir los municipios. La portavoz socialista, Joana Madrigal, recordó, en este sentido, que el hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón pidió al Gobierno socialista, cuando era alcalde de Madrid, que le compensara con 84 millones de euros por los ingresos que no recibía a causa de las exenciones.

Madrigal negó que el único cambio operado desde el anterior debate, en el que el PSE se opuso a los cambios, sea que el PSOE ya no está en el Gobierno. Argumentó que no gozaba de la mayoría absoluta que ahora sí tiene el PP, junto a “una oposición dispuesta a ayudar”, añadió. “También ha cambiado que ahora está en nuestro programa y que este Gobierno ha entrado con la motosierra contra la Sanidad y la Educación”. Con eso, y la situación de los ayuntamientos, sumó, “es racional plantear estas cuestiones”. Madrigal acusó al PP de ir “más allá que Rouco”, en referencia a la conformidad del presidente de la conferencia episcopal al pago del IBI “si así lo establece la ley”; aunque añadiera la advertencia de que podría afectar a la labor social que realiza la Iglesia a través de Cáritas. La proposición derrotada por los votos del PP y el PNV instaba también al Gobierno central a suprimir la asignación tributaria a la iglesia católica en el IRPF y a las Cortes a modificar las leyes de las haciendas locales y de Mecenazgo y Fundaciones, o cualquier otra local, estatal o autonómica que permitan “injustificables exenciones” tanto a la iglesia como “a otras entidades jurídicas”.

El radical desencuentro que terminó con la votación que derrotó la propuesta, merced a la suma PNV-PP, ocurrió al final de un pleno en el que los tres grandes partidos se pusieron de acuerdo en todo el resto de cuestiones —desarrollo de servicios sociales, apoyo a la siderurgia, empleo de dispacitados, integración de bibliotecas o proyecto de Tabakalera— algunas de ellas con la suma de todos o parte de los grupos minoritarios. Hasta aprobaron un proyecto de ley, el de la modificación de la Política Agraria y Alimentaria. Es el segundo que el Gobierno logra sacar adelante, con el concurso tanto de su exsocio como del primer partido de la oposición desde que quedó en minoría a principios de mes.

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