La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro exige al Parlamento que se implique “a fondo y de inmediato”
La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro pidió ayer en el Parlamento que se revisen todas las políticas de las administraciones públicas destinadas al mantenimiento y conservación de bienes que hayan sido inmatriculados por la Diócesis de Pamplona y Tudela al amparo de la polémica Ley Hipotecaria franquista, luego ampliada por Aznar. El Gobierno central derogó la ley el año pasado, pero después de que la Iglesia Católica haya inscrito miles de bienes a su nombre en todo el Estado, 1.087 en Navarra solo entre 1998 y 2007, el único periodo sobre el que el Ministerio de Justicia ha facilitado datos.
La Plataforma compareció ayer en la Comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, a petición de los cuatro partidos que sustentan al Gobierno. En su nombre, Pascual Larumbe enumeró una batería de peticiones al Parlamento, entre las que se incluyen también que solicite información “completa” al Ministerio de Justicia de todos los bienes inmatriculados desde 1946 hasta hoy. Piden asimismo instar al Gobierno de Navarra a que solicite formalmente a la Diócesis que devuelva los bienes inmatriculados en un acto de “buena voluntad” para, a partir de ahí, dirimir conforme a derecho la propiedad de cada uno de ellos. Entre tanto, demandan una “declaración institucional” de “no reconocimiento de esas propiedades”, así como que se constituya una comisión parlamentaria específica sobre este asunto. Se pide también apoyo a los ayuntamientos y concejos que por falta de medios no puedan defender sus derechos ante la Diócesis, así como una relación de la cuantía y destino de todas las partidas públicas que se hayan destinado en estos años al mantenimiento y conservación de los bienes inmatriculados.
El presidente de la Plataforma, Carlos Armendáriz, regaló a los parlamentarios los dos libros que ha editado este colectivo y recordó que “todos los pueblos han sido rapiñados”. Larumbe calificó el problema de “gravísimo” y dijo que tenía una “naturaleza política” que no tiene precedentes en Navarra “desde la conquista de 1512”. En este sentido, exigió al Parlamento que se implique “a fondo y de inmediato” en la cuestión.
EL DEBATE
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos/Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra se pusieron a disposición de la Plataforma y recordaron que ya en 2012 el Parlamento aprobó una declaración que UPN no cumplió. “Si hay posibilidad de hacer cualquier cosa, la vamos a hacer”, aseguró Patxi Leuza (Geroa Bai), mientras Adolfo Araiz (EH Bildu) calificó de “perverso” el mecanismo que ha utilizado la Diócesis e incidió en que hay pasar “de las declaraciones políticas a los hechos” . Rubén Velasco (Podemos/Ahal Dugu) comprometió el apoyo de su grupos a “trabajar por todo lo que nos han planteado”, igual que Marisa de Simón (I-E), quien habló de “un atraco de la Iglesia Católica como institución”.
Inma Jurío (PSN) reconoció el “error” de su partido al no oponerse a la reforma de Aznar que permitió la inmatriculación de los lugares de culto y dijo que apoyarán cuantas iniciativas se presenten en contra de este “expolio”. Desde las filas de UPN, Cristina Altuna aseguró que estudiarán la documentación y dijo que su grupo apuesta por “el diálogo y la negociación entre las partes”.
