El diario El Espectador publicaba esta noticia:
Por medio de un derecho de petición se le solicitó a la Corte Constitucional retirar un crucifijo que se encuentra en el auditorio donde se adelantan la sesiones de Sala Plena. En la acción se manifiesta que la misma va en contravía de la libertad de expresión y religión establecida en la Constitución Política de 1991.
En la petición, presentada por Juan Sebastián Vega, abogado sustanciador del despacho del vicepresidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, se argumenta que se afectan los derechos fundamentales de los funcionarios del alto tribunal que profesan religiones distintas a la católica.
En la acción judicial presentada ante la presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle se indica que se deben respetar las libertades de culto y los principios superiores de no discriminación por razones religiosas e igualdad de las distintas confesiones e iglesias”.
“Con el fin de garantizar el deber de proteger los derechos fundamentales de los funcionarios de la Corte Constitucional que profesamos una relgión [sic]diferente a la Católica sea retirado el crucifijo ubicado en la Sala de deliberaciones del quinto piso del Palacio de Justicia”, precisa.
En los próximos días la magistrada Calle deberá resolver la petición y determinar si el caso es de tal trascedencia para que sea estudiado por la misma Sala Plena.
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Carlos Osorio comenta en De Avanzada
Vega tiene buenos puntos, pero hay un argumento aún más ganador. Según él, el crucifijo afecta los derechos fundamentales de los funcionarios no católicos (lo que es completamente cierto), sin embargo, aún más importante, el crucifijo afecta los derechos fundamentales de todos los ciudadanos no-católicos, para quienes la Corte Constitucional es la máxima instancia de la rama judicial, por lo que nos representa a todos.
Ahora, esperar a que Calle tome la decisión correcta y defienda lo que la Corte ha expresado múltiples veces: que Colombia es un Estado laico.
