El documento, que será estudiado por la ejecutiva del partido, fue presentado por el portavoz del PSC, Miquel Iceta, foto, y el responsable de la sectorial, Ricardo Castro. A la espera de un posicionamiento oficial, Iceta recordó que "toda declaración que atenta contra las leyes ha de ser perseguida de oficio" y añadió que "defender la homofóbia, afortunadamente, es delito en España", recogido en el artículo 510 del Código Penal.
En esta línea, Iceta añadió que "sería muy negativo que las leyes sólo sirvieran para castigar determinadas confesiones religiosas" y se pidió "la misma contundencia" con la que se actuó con el imán de Fuengirola, condenado por incitar a la violencia de género.
A juicio de Iceta, existe una "ofensiva de la jerarquía católica" que "pretende imponer a todos los ciudadanos sus respetables convicciones" y su "determinada forma de ver la vida", todo ello "desconociendo voluntariamente" la Constitución, que propugna la "aconfesionalidad" del Estado.
Ante esta actitud, Iceta recordó que "en democracia, el más sagrado de los libros es la Constitución" y defendió una revisión de los acuerdos Iglesia-Estado de 3 de enero de 1979, al igual que propugna el documento y una resolución del último congreso del PSC. Ello no impide, según Iceta, que haya un acuerdo Iglesia Estado, pero que siempre que "no avale" discriminaciones y entre en conflicto con los "derechos civiles reconocidos" incluso en la Constitución Europea.
Así, el documento pide una revisión del "Acuerdo sobre educación y asuntos culturales", garantizando en "todas" las escuelas los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Según el responsable de la sectorial de Gays y Lesbianas, Ricardo Castro, la "libertad de cátedra no puede ser pretexto para amparar el machismo o la homofóbia".
Igualmente, se reclama una modificación en el sistema de financiación de la Iglesia católica a través de un sistema de aportación voluntaria, eliminando así la aportación a través del IRPF. Finalmente, se reclama la anulación del "Acuerdo sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar" por considerar que "no tiene sentido que en un Estado plural y respetuoso con todas sus confesiones preste servicios y personal religioso concreto en los cuarteles".
El documento también aboga por establecer una "separación definitiva" entre poderes públicos e Iglesia y pide que "se eliminen los vestigios de confesionalidad que permanecen en nuestras instituciones" procedentes de la "época pre-democrática".
En esta línea, se propone eliminar los actos religiosos de la vida oficial de los Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos, para que los políticos "vivan plenamente su religiosidad de forma privada". Así, Castro incluso apuntó la conveniencia de acabar con las misas populares propias de las fiestas mayores de los pueblos o con las ofrendas de títulos deportivos a vírgenes.
