Ante una fragante violación al estado laico en el caso emblemático del limosnazo, es urgente que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fije por primera vez un firme posicionamiento respecto a la importancia de respetar el principio de separación histórica Iglesia-Estado, y de respeto al estado laico; es decir, el respeto irrestricto de separación entre los actos de gobierno que deben ser laicos, de las creencias, intereses y prácticas devocionales de las iglesias y asociaciones religiosas.
A lo largo de la historia en México es de todos conocido que la mezcla de ambos aspectos propició innumerables violaciones a los derechos fundamentales de los mexicanos (hoy conocidos como derechos humanos), durante la Colonia, la Independencia, y hasta la época de simulación que se generó aun antes de Revolución Mexicana hasta la reforma al artículo 130 Constitucional y Ley de Asociación Religiosas de 1990, que hoy vemos pisoteados una vez más.
Un confesionalismo de estado, cualquiera que sea su orientación, actúa siempre en detrimento de la educación pública, la tolerancia y el desarrollo de la pluralidad política e ideológica y de las libertades políticas de los mexicanos.
En otras palabras, el carácter laico del Estado y la secularización de todos los procesos políticos públicos son fundamentales para un efectivo respeto a los derechos humanos, pues los derechos humanos son laicos o no son.
Es evidente que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la actuación de su titular, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, con su resolución en el limosnazo, ha sido cómplice de graves atropellos a los derechos humanos, pues al no señalar a un gobernante de un claro abuso de una ley, es también un cómplice.
Tenemos entendido que Álvarez Cibrián ha sido denunciado en documentos oficiales de las Naciones Unidas como un “enemigo de los derechos humanos”, pues tenemos entendió que persigue y acosa a los organismos civiles de derechos humanos.
Peor aún, sabemos que Álvarez Cibrián, como presidente de la CEDHJ, es además presidente de la Federación Nacional de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que aglutina a todos los ombusman del país, ha dicho que el cargo que hoy ostenta Raúl Plascencia Villanueva en la CNDH, se le debe a él, por hacer campaña desde esa federación para su elección; razón por lo cual exigimos imparcialidad plena de la CNDH en las revisión de las impugnaciones que hoy hacen las organizaciones civiles de Jalisco.
La CNDH debe tomar en cuenta que a principios de febrero de este año, por reforma constitucional, el Congreso del Estado de Jalisco determinó que Jalisco es una entidad laica; de manera que la viciada resolución que exculpa al gobernador de no violar el estado laico, debe ser revocada, en virtud de dicha reforma tiene efectos retroactivos en beneficio de los casi 7 mil quejosos.
Adrian Ramírez López
Presidente, Liga mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
