“El arzobispo Emilio Lisson, especialmente cercano a Leguía y otras autoridades eclesiásticas llevaron a las calles a las mujeres y presionaron al presidente que al final vetó las leyes”.
En 1924, durante el gobierno de Leguía, se legalizó el aborto terapéutico en el Perú; era el practicado por un médico con el consentimiento de la mujer para evitar la muerte o una lesión grave. En ese hecho confluían conflictos de diverso tipo. En la década anterior se acentuaron las críticas a los cimientos religiosos que sostenían al civilismo, el feminismoen el manifiesto de María J. Alvarado en 1911 ocupaba la escena pública, se aprobaba la libertad de cultos en 1915; los médicos cada vez se sentían más incómodos frente a las prescripciones eclesiásticas y a la presencia de congregaciones religiosas en la administración de los hospitales; se aprobaba entre 1918 y 1920 el divorcio y al matrimonio civil, en las dos cámaras.
Estos acontecimientos, y otros que los acompañaban, eran señales de espacios para la autonomía, la libertad de consciencia, de la individuación. Los grupos amenazados por estos avances no dejaron de reaccionar y se movilizaron en contra. El arzobispo Emilio Lisson, especialmente cercano a Leguía y otras autoridades eclesiásticas llevaron a las calles a las mujeresy presionaron al presidente que al final vetó las leyes que permitían a las personas terminar un vínculo conyugal indeseado, que a su vez suponía la legalidad del matrimonio civil.
Es cierto que la legalización del aborto terapéutico en 1924 estuvo en gran medida inspirada en la cada vez más gravitante corriente eugénica entre los médicos del país, y su preocupación por controlar lo que consideraban lo “anormal”, así como las mezclas, a su modo de ver, indiscriminadas de razas. A esto se sumó un reflujo de las tendencias secularizadoras y de la laicidad. M. J. Alvarado y Haya de la Torre fueron exiliados en plena “Patria Nueva”.
El libro escrito por Betzabé Marciani y Ángela Padilla Laicidad del Estado peruano y derechos sexuales y derechos reproductivos: un análisis jurídico (2021) y publicado por Católicas por el Derecho a Decidir, es una invitación a seguir pensando en las relaciones entre las transformaciones del Estado y los movimientos sociales; en cómo la diferenciación y sofisticación administrativa es resultado también de las tensiones entre las reivindicaciones del movimiento feminista y la defensa de los privilegios tutelares.
Esta publicación nos lleva al significado de la intermitencia y a la continuidad de la incursión de las mujeres en el debate público sobre la sexualidad; tan repelida a lo largo de la historia del Perú republicano; a la pertinencia de precisar las diferencias conceptuales entre laicidad y secularización. Si bien es un punto que se hace explícito al inicio del libro y se retoma en las conclusiones (ocupa el primer lugar), sigue pendiente el desafío de trazar una línea que distinga esos ámbitos. Quizás convenga buscar las zonas donde se intersectan en vez de insistir en una dicotomía solo parcial.
