Pérez Royo: «El problema no es la sentencia, sino los acuerdos del 79 con la Iglesia»

El magistrado Javier Pérez Royo está en desacuerdo con la sentencia, pero cree que el problema no es tanto del Tribunal Constitucional, como del Gobierno y del Parlamento, que deberían denunciar los Acuerdos que se firmaron con la Iglesia católica en 1979. Diversas organizaciones de profesores de Religión se han quejado de que se les trata como “ciudadanos de segunda”, sin los mismos derechos de los demás, pues se prima su conducta antes que sus conocimientos.

Javier Pérez Royo ha comentado a elplural.com que “yo no estoy de acuerdo con la sentencia”, pero asimismo advierte que existen unos Acuerdos firmados en 1979, entre el Estado y la Iglesia católica: “El problema es que se descarga la cuestión sobre el Tribunal Constitucional (TC), cuando la solución debería ser la de denunciar esos Acuerdos y substituirlos por unos que sean constitucionales”.

Un Tratado anticonstitucional
Pérez Royo explica que ese Tratado se firmó justo después de aprobar la Constitución (1978), pero antes de que se realizaran las primeras elecciones democráticas, o sea, durante el Gobierno de la Transición. “Se firmaron rápidamente y en ese momento preciso, porque la Iglesia sabía que ningún Gobierno elegido constitucionalmente (como lo sería el de 1979) hubiese firmado un Tratado en esos términos”, afirma.

No hay “conducta jurídica”
Según el magistrado, esos Acuerdos crean una situación “de total irregularidad”, un “vacío constitucional”, que lleva a emitir sentencias como la de María del Carmen Galayo. Además, según Pérez Royo, por el hecho de que estos acuerdos no están sujetos a la Constitución, “no hay conducta jurídica, y por ello esta norma que se aplica a la profesora Galayo puede dejar de aplicarse en otro caso”.

La Iglesia decide la “idoneidad”
El Convenio con la Santa Sede define un marco en el que “el Estado paga, pero la Iglesia designa quién es válido y quién no”, señala Pérez Royo. Desde su firma no han sido nunca revisados en estos aspectos, y algunas revisiones de la financiación de la Iglesia, por ejemplo, no han sido nunca cumplidas.

No meterse en líos
El TC podría haber declarado anticonstitucionales esos Acuerdos, y así avalar los argumentos de María del Carmen galayo, “pero no lo ha hecho, seguramente para no meterse en una situación muy complicada, como es el enfrentamiento con la Iglesia católica”, reflexiona Pérez Royo.

Profesores muy críticos
La Federación Estatal de Profesores de la Enseñanza de Religión (FEPER) se ha mostrado muy crítica con al sentencia. Su vicepresidente, Luis Gurudi, cree que el fallo “se ha equivocado totalmente” porque no hay que confundir a unos profesores con “sacerdotes o monjas”. Recuerda que los profesores de Religión son “mayoritariamente laicos o seglares”, y por eso la sentencia muestra un “desconocimiento total”.

Contra “los derechos fundamentales”
Gurudi añade que va “contra los derechos fundamentales de los trabajadores de la enseñanza de Religión”, puesto que según esa sentencia “dependeríamos de la voluntad única y exclusiva y arbitraria de un obispo”.

“Somos de la enseñanza pública”
Recuerda que no es la Iglesia quien contrata a los profesores de Religión, aunque sí determina su “idoneidad”: “Somos trabajadores de la enseñanza pública, no privada de titularidad de la conferencia Episcopal”. Y añade que el fallo no ha tenido en cuenta la ley que se aprobó el año pasado, según la cual los profesores de religión se rigen por el Estatuto de los Trabajadores.

Regresión
El vicepresidente de la FEPER critica la sentencia porque es “un paso más hacia el talibanismo absoluto y repugnante”, un retorno al “nacionalcatolicismo” de los años 40 50: “No podemos seguir en una Estado aconfesional con leyes del nacionalcatolisimo”, ha advertido.

Decidir sobre la vida privada
Opiniones similares han transmitido otras organizaciones, como la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos. Su presidenta, Lola Abelló, considera que es “abusivo que la Iglesia tenga toda la capacidad de decidir no sólo sobre el trabajo, sino sobre la vida de unos profesores de religión que, además, están pagados por el Estado”.

Ciudadanos “de segunda”
El diputado socialista y miembro de la Plataforma Ciudadana por una Sociedad Laica, Victorino Mayoral, cree que este fallo “consagra la existencia de unos ciudadanos de segunda, sin derechos constitucionales”, y diferentes del resto.

Revocar los Acuerdos del 79
Por su parte, Izquierda Unida, insta al Gobierno a revocar los acuerdos pactados con la Iglesia, para evitar estas contradicciones.

Los que están “satisfechos”
También hay grupos que se han mostrado “satisfechos” a la sentenciadle Tribunal Constitucional (TC). Los representantes de la patronal de centros religiosos concertados, así lo han manifestado. Manuel de Castro, secretario general de FERE-CECA (Federación Estatal de Religiosos de Enseñanza-Centros Concertados y Educación y Gestión) opina así. “Ser profesor de una religión confesional supone, no solamente ser fiel a la transmisión de la doctrina, que no es de nadie, sino también precisa tener cierta coherencia con lo que se está transmitiendo”.

Print Friendly, PDF & Email

También te podría gustar...