El Consejo de Ministros mantiene una costumbre que se remonta al siglo XVIII y aprueba una rebaja de condenas para seis presos a petición de hermandades y cofradías religiosas que eleva a 45 las medidas de gracia aprobadas en menos de un año por el gabinete.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aparcado el laicismo con el que hace menos de un año llegó a La Moncloa y ha mantenido la tradición de indultar a varios presos con motivo de la semana santa y a petición de cofradías y hermandades, una costumbre que se remonta a mediados del siglo XVIII y que cada primavera despierta críticas, principalmente por ese regusto rancio que evoca, en un Estado aconfesional, épocas en las que la iglesia tenía una capacidad de influencia decisiva sobre el poder civil.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes seis decretos por los que acuerda otros tantos “indultos con motivo de la Semana Santa”, una “medida de gracia que tradicionalmente solicitan las cofradías de penitentes para aquellos reos del ámbito de su provincia que cumplen los requisitos de cualquier indulto ordinario, en los que concurren razones de justicia, equidad o utilidad pública”, señala la referencia del consejo.
La decisión, tomada a propuesta de dos cofradías de Zaragoza y de cuatro de Granada, Oviedo, Málaga y Sevilla, eleva a 45 las reducciones de condena aprobadas por el Gobierno de Sánchez en menos de un año a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuyos registros superan con claridad a los que había ofrecido en los últimos años su antecesor Rafael Catalá (PP). Delgado lleva 37 medidas de gracia en lo que va de 2019, a las que se suman otras ocho en la segunda mitad del año pasado, mientras Catalá se quedó en nueve en 2018 (cinco de ellas en semana santa) y en 26 tanto en 2016 como en 2017.
Los ejercicios del 2016 al 2018 fueron los de menor actividad indultadora de las últimas dos décadas, una etapa en la que el Gobierno de José María Aznar marcó, con Margarita Mariscal de Gante, un récord de 1.744 medidas de gracia en el año 2000, coincidiendo con el 25 aniversario de la coronación de Juan Carlos I, según recoge El Indultómetro de la Fundación Civio.
La concesión de indultos por el Gobierno, que llegó a provocar sonados escándalosy también reveses judiciales como los del conductor kamikaze, los oficiales del Yak-42 o el consejero delegado de Banco Santander, ha descendido a mínimos históricos en la segunda mitad de esta década, un recorte que ha terminado por afectar también a los perdones vinculados a las cofradías de semana santa: suman 85 en los últimos siete años, lo que daría una media de 12 que, en realidad, se alcanzó por última vez en 2016 (13) para caer a siete, cinco y seis desde entonces.
Sin embargo, y pese a las denegaciones que cada año reciben varias cofradías y hermandades, la tradición se mantiene. Y, con ella, también los ‘agraciados’ más habituales, entre los que no suelen faltar en esta década Jesús el Rico de Málaga y la Piedad de Zaragoza.
“Parece difícil de justificar por motivos de tradición”
La tradición de conceder indultos a presos en Semana Santa, cuyo primer antecedente histórico se sitúa en el siglo XVIII, concretamente en 1759 en Málaga durante el reinado de Carlos III y anterior por tanto a la ley que regula esa medida de gracia, que data de 1870, resulta polémica año tras año.
Básicamente, porque, por mucho que la costumbre vaya para tres siglos, la intervención de entidades religiosas no deja de suponer una anomalía en un Estado que se define como aconfesional desde 1978 y, también, porque no todo el mundo está de acuerdo en que la selección de los indultados, y el proceso por el que el Gobierno les concede la gracia, acaben de casar con los motivos que la Ley de Reglas para la Concesión de la Gracia del Indulto establece para concederlos.
Esta, además de exigir que las condenas sean firmes, lo que convierte en fútiles debates recurrentes como los que se refieren a los eventuales perdones a Juana Rivas o a los acusados por el ‘procés’, determina en su artículo 11 que “el indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del tribunal sentenciador”. El hecho de que lo habitual sea conceder gracias parciales parece un indicio, aunque por pasiva, de la ausencia de esos motivos.
“El indulto es una medida excepcional y debe estar motivada, aunque parece difícil que una decisión de ese tipo pueda justificarse por motivos de tradición”, señala Ignacio González de Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JxD).
El criterio de esta asociación judicial se inclina por limitar la concesión de indultos “a situaciones excepcionales, aquellas que se dan cuando la aplicación de la ley choca con la justicia, o cuando la sentencia resulta extemporánea, por ejemplo por estar rehabilitado el acusado, o contraria a principios como los de la dignidad y la integridad”.
“Forma parte de una Celtiberia que hoy no tiene sentido”
En este sentido, González, que considera “algo trasnochado” mantener la tradición de conceder indultos a petición de cofradías y de hermandades, recuerda que su aprobación es una medida “graciosa, de gracia, pero en ningún momento puede resultar arbitraria”.
Para Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica, los indultos de semana santa a propuesta de las cofradías y hermandades “son un ejemplo de la confusión y de la interferencia entre lo público y lo privado, supone que entidades religiosas realizan una interferencia en el sistema de división de poderes, como si fueran otro de ellos”.
“La concesión de indultos, que es una medida de gracia, no tiene nada que ver con lo que en realidad significa esto, que es un ejemplo de la intromisión de la religión en el poder civil”, anota, al tiempo que aboga por “romper con esta tradición, que no tiene nada que ver con los acuerdos jurídicos” de 1979 entre España y el Vaticano, que sí atan al Estado con otras obligaciones como mantener la clase de religión en la escuela.
Picó coincide con González de Vega en la difícil justificación de conceder un indulto por motivos de tradición religiosa. “¿De quién depende la elección [del reo]? ¿Hay normas y requisitos específicos? ¿Por qué se les indulta en semana santa y no en otra fecha si es adecuado hacerlo?”, se pregunta, retóricamente.
“Es algo que no se sostiene”, añade, mientras anota que episodios como el hecho de que los presos se vean obligados a procesionar en acción de gracias con las cofradías que han pedido su indulto “forma parte de una Celtiberia que hoy no tiene sentido”.
Un ejercicio de discrecionalidad que los jueces rechazan
El juez Ángel Dolado, expresidente de la asociación Foro Judicial Independiente y actual Justicia de Aragón (equivalente del Defensor del Pueblo autonómico), sostiene en el libro “La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos” que “el indulto tiene como finalidad resocializar al condenado, rehabilitando su prestigio social en supuestos de penas excesivamente rigurosas” y que se trata de “una institución basada en razones de equidad y cuyas decisiones en esta materia deben decidirse conforme a su marco legal, nunca de forma arbitraria”.
El rechazo a la actual configuración del indulto es algo generalizado en la carrera judicial. De hecho, la reclamación de su reforma era uno de los puntos de la plataforma con la que jueces y fiscales convocaron la histórica huelga de 2013 contra la gestión de Alberto Ruiz-Gallardón.
“En la actualidad [la concesión de indultos] incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria [por parte de los gobiernos], al no requerir explicación alguna para su concesión y dejar sin efecto las condenas”, sostenían.
El final de la legislatura impidió que la ministra de Justicia tuviera que responder a una batería de preguntas en la que el diputado tarraconense de En Comú-Podem, Félix Alonso, se interesaba por conocer cuántos de esos indultos concedidos a petición de cofradías y hermandades habían resultado fallidos en los últimos años por la reincidencia de los beneficiados.
