Pederastia y subvención pública

El ‘caso Maristas’, del que se cumple un año de su revelación por este diario, deja abiertos debates como el de la financiación de centros con actuaciones irregulares

Hace ahora un año, y como consecuencia de un riguroso trabajo de investigación, este diario empezó a desvelar el mayor escándalo de pederastia escolar del que se tiene noticia en España. La iniciativa del padre de un exalumno de un colegio de los Hermanos Maristas en Barcelona, que denunció los abusos de que había sido víctima su hijo en el centro escolar, inició un rosario de denuncias similares. Hasta 43 antiguos alumnos matriculados en las escuelas maristas de Sants-Les Corts y del Eixample de Barcelona, así como el del Champagnat de Badalona, acabaron presentando denuncias por los graves abusos y agresiones sexuales a que fueron sometidos cuando eran niños por parte de 12 profesores y un monitor escolar. La mayoría de los casos han sido archivados porque el delito ha prescrito por el paso del tiempo.

Los sobrecogedores testimonios de las víctimas y la facilidad con la que pudieron actuar los depredadores sexuales generaron la indignación social y pusieron en evidencia clamorosos fallos en los protocolos de defensa del menor, de los que la administración educativa no se libró.

UN GENÉRICO MEA CULPA

El escándalo, sin embargo, nunca hubiera alcanzado semejantes proporciones si no hubiera sido por el silencio y ocultación con quela orden religiosa gestionó los casos de abusos que iba conociendo y que solo en uno de ellos denunció. Nada menos que 11 meses tardó el máximo responsable mundial de los Hermanos Maristas en entonar un genérico, y nunca individualizado, mea culpa y en reconocer equivocaciones que nunca por cierto se han visto reflejadas en una estrategia judicial a todas luces entorpecedora para aclarar hechos y responsables.

Muchos son los debates que el caso Maristas ha puesto sobre la mesa, entre ellos el de la revisión de los plazos de prescripción del delito de abuso a menores o el de las subvenciones públicas a centros que han traspasado las más elementales líneas rojas de la protección y formación infantil. Es lógico que se actúe con prudencia a la hora de tomar decisiones tan drásticas como la retirada de ayudas públicas. Pero tampoco resulta aceptable que queden sin penalización alguna los comportamientos de una organización educativa que ocultó durante décadas la conducta depravada de unos delincuentes parte de cuyos sueldos pagábamos entre todos.

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FOTO: El Parlament aplaude, en marzo del 2016, a Manuel Barbero, padre del joven que sufrió abusos en el colegio marista de Sants, y su mujer, Eva Casas.

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