El Congreso de los Diputados ha dado este martes un paso insólito: ha admitido a trámite la solicitud para crear una comisión de investigación sobre los presuntos abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia católica. Un proceso formal aún por cristalizar que atesora en lo más hondo un ansia de justicia y reparación de la que las víctimas, hasta ahora, se han visto privadas.
España no es Bélgica, Francia, Alemania, Estados Unidos, Australia. Aquí no ha habido una catarsis en la jerarquía eclesiástica que haya llevado a escuchar, atender, resarcir y, en la medida de lo posible, compensar. Directamente, no se ha querido saber, como evidencian los balones fuera de obra y de palabra, los expedientes rechazados y los escondidos, la falta de investigación formal. Se sabe que ha habido y hay casos de pederastia gracias a la valentía de las víctimas que han elevado su voz y gracias a la prensa, con cuyas investigaciones y buzones abiertos se ha arrojado luz.
Unidas Podemos, ERC y EH Bildu registraron el pasado miércoles una propuesta para crear esta comisión, y, esa misma noche, el escritor Alejandro Palomas expuso en Hora 25 de la Cadena SER los abusos a los que fue sometido por un religioso de La Salle cuando tenía entre ocho y nueve años. Su relato y su llamada de atención, reclamando ayuda incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -ambos se entrevistarán este jueves, junto a más grupos de víctimas-, ha dado un impulso definitivo a un intento, desde la política, de saber y actuar. Lo que no ha hecho la Iglesia.
Cuántos casos se conocen
A día de hoy no hay cifras oficiales sobre cuántos casos de este tipo se han dado en nuestro país. Sistemáticamente, la Iglesia católica se ha negado a llevar un recuento y a informar de ellos. Ha reconocido en público que no sabe cuántos afectados hay ni cuántos religiosos sospechosos. El pasado noviembre, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, dijo: “Incluso sumando todos los que han salido en los medios de comunicación, que se remontan a un periodo de 80 años, no pasan de mil”. Fue lo más cerca que estuvo de una estimación.
En la misma comparecencia ante la prensa, Argüello afirmó literalmente: “Sólo son pequeños casos”. Como si el drama de cada uno de los niños afectados pudiera calificarse de pequeño. También se quejó de que se ponga el foco en la Iglesia cuando, según sus cálculos, los casos de pederastia en su seno son aproximadamente el 0,8% de los que se producen en España. Esto es, se excusó de que la mayoría se dan en otros ámbitos de la sociedad civil.
Llegó incluso a quejarse de que no se investigue a federaciones de deportes donde también se han dado abusos o de que no se le pida cuentas, como a la Conferencia Episcopal, a entidades como el Comité Olímpico Español (COE) o la FIFA, la federación que controla el fútbol mundial. Obvió el portavoz de los obispos españoles que los religiosos son una referencia moral de comportamiento y que muchos casos han sido encubiertos por la jerarquía, dos elementos diferenciadores y sangrantes.
La cúpula de la Iglesia española ha carecido y carece de datos hasta el punto de que los pocos que ha manejado los ha tenido que pedir a la Congregación para la Doctrina de la Fe (conocida por ser la marca actual del Santo Oficio), que es quien ha sido designada por Roma para llevar la materia en todo el mundo y que comanda ahora un español, el jesuita Luis Ladaria. Este organismo le informó el año pasado de que entre 2001 y 2020 se habían recibido 220 casos desde España.
Pese al oscurantismo de la Iglesia, investigaciones como la llevada a cabo por el diario El País sostienen que en España hay al menos 602 casos de pederastia con 1.237 víctimas, sustentados con relatos directos de afectados y de testigos. Es el único dato concreto que se ha dado a conocer. Sólo a finales de año, se añadieron 251 nuevos casos, el resultado de tres años de investigación. “Estimaciones como las empleadas por expertos en los estudios de comisiones independientes de otros países multiplicarían la cifra a varios miles”, señalan los autores de la investigación. Por responsabilidad, todos esos expedientes están en manos del Vaticano. Y eso ha hecho que las cosas den un giro.
Qué se hace por investigarlos
Hasta ahora, cada investigación ha dependido en exclusiva de las denuncias de los abusados y los procesos judiciales iniciados si había pruebas y plazos para ello. No ha habido ninguna investigación por parte de la Conferencia Episcopal, que se ha limitado a pedir a las víctimas que acudan a las oficinas creadas ex profeso para escucharlas, que llevan apenas un año abiertas.
Sin embargo, la envergadura de la investigación de El País ha cambiado las cosas y el Vaticano ha entrado en juego. Por primera vez, el pasado 19 de diciembre se anunció una investigación sobre lo sucedido en España, con los expedientes armados por el diario como base. Las indagaciones ceben llevarse a cabo desde la jerarquía local, pero será luego la Congregación para la Doctrina de la Fe la que supervisará el proceso. Las bases de este ente ordenan que las primeras conclusiones se entreguen no más allá de tres meses desde el inicio de los trabajos, por lo que podría haber novedades hacia marzo.
El Vaticano ha decidido activar lo que no activa Madrid porque es lo que hace cuando hay informaciones de casos numerosos, que abarcan a diversas órdenes o diócesis, en los que los abusadores pueden ser varios religiosos, como es el caso. Al recibir el informe, el papa Francisco se puso en contacto con el presidente de la Conferencia Episcopal española, el obispo de Barcelona Juan José Omella, y dio la orden.
Ha tenido que moverse la piedra con la palanca de la prensa, porque antes era imposible. La Conferencia, que inicialmente dijo que no daba credibilidad a estos casos venidos de la prensa por “falta de rigor”, recibió finalmente los casos expuestos por El País y los transmitió al tribunal eclesiástico de Barcelona, donde fue registrado el informe, para que iniciara la investigación. No será rápida ni fácil, porque afecta a 31 órdenes religiosas y 31 diócesis.
Se trata de casos comprendidos entre los años 1943 y 2018 -no es cosa del pasado- de tipos muy diversos, pero con algunas características repetidas: hay muchos abusos masivos, con múltiples víctimas de un mismo abusador, incluso clases enteras, y estamos ante comportamientos sostenidos en el tiempo, durante cursos o ciclos completos. También suelen ser secretos a voces que nadie quiso escuchar. Por orden, donde más casos se investigan es en Barcelona, Madrid, Navarra y Vizcaya.
Además, este lunes la Fiscalía General del Estado ha anunciado que también va a investigar los casos de pederastia en la Iglesia. Ha ordenado a los 17 fiscales superiores de cada autonomía que le remitan, antes de diez días, todas las denuncias y querellas en trámite. Es el paso más rotundo dado hasta ahora al respecto en el plano judicial.
Lo que ordena el Vaticano
Francisco, que en febrero de 2019 citó a los obispos en una cumbre sobre pederastia nunca antes imaginada y que habla de “dignidad” al referirse a las Iglesias que sí han emprendido investigaciones, no ha hecho una revolución sobre el tema pero, al menos, no ha caído en el inmovilismo. “La Iglesia cumple con el compromiso de rendir justicia a las víctimas de abusos”, dice. Está satisfecho de la reforma judicial que, desde el pasado 8 de diciembre, ha cambiado la legislación de toda la Iglesia universal, implementando un nuevo sistema de sanciones en casos de pederastia o encubrimiento y haciendo más específicos los pasos que debe seguir la autoridad cuando recibe una denuncia o cuando se entera de comportamientos delictivos por parte de personas que dependen de esa autoridad (clérigos, religiosos o laicos).
Las normas aprobadas por Bergoglio en estos últimos años para acabar con el encubrimiento de estos casos obligan a cualquier obispo o superior religioso a abrir una investigación interna ante cualquier información de un posible caso. Las reglas del Vaticano son muy claras, están resumidas en el vademécum publicado en julio de 2020. La información de un caso, conocida técnicamente como notitia de delicto, es “toda información sobre un posible delito que llegue de cualquier modo al Ordinario o al Jerarca. No es necesario que se trate de una denuncia formal”, dice el artículo 9. Puede llegar de cualquier modo, también por los medios de comunicación, añade el artículo 10.
Incluso sin datos precisos, ahonda, debe ser estudiada y, si es verosímil, abrirse una investigación previa (artículos 13 y 16), que luego hay que enviar a Roma, a la Congregación para la Doctrina de la Fe. La investigación durará como máximo 90 días.
Lo que hace España
La Iglesia española se ha limitado en este tiempo a decir que los casos no le constaban, a no abrir investigaciones cuando les llegaban y a no informar al Vaticano. Lo ha hecho con casos del pasado, sobre los que puede haber dudas de prescripción, pero también con casos presentes, en los que el presunto abusador sigue aún en ejercicio.
Se ha escudado en que estaba empezando a dar pasos en la materia, pero han sido muy muy cortos, nada revolucionarios. El pasado otoño, se aprobó un Decreto general sobre la protección de menores que en realidad lo que hacía era recoger la normativa canónica dispersa hasta ahora en varios documentos y unificar criterios.
También, en enero de 2020, se puso en marcha el Proyecto Repara en la Archidiócesis de Madrid, que es lo más humano ideado hasta ahora, que busca la prevención de los abusos y la atención a las víctimas y cuenta con grupos de apoyo, asistencia psicológica y asesoramiento jurídico. En su primer balance, dio cuenta de 17 denuncias y en el segundo, de diez más.
Aún dista mucho de las comisiones de investigación lanzadas en otros países europeos y americanos, en los que en solitario o incluso de la mano de los Gobiernos se han creado entes para escuchar casos, recopilar cifras con transparencia, sacar conclusiones, buscar culpables, pagar indemnizaciones y reparar moralmente a las víctimas. En Francia y en Alemania se han dado los casos más recientes. La Conferencia Episcopal siempre las ha considerado innecesarias, que las vías de trabajo actuales “son suficientes” y es mejor “no multiplicar entes”, dice Omella. Apenas media docena de religiosos siguen peleando desde hace años para que se cree una comisión así, clamando en el desierto.
Tampoco hubo una petición expresa de perdón hasta 2019, siguiendo una iniciativa del papa Francisco. La CEE lanzó un vídeo en el que decía: “pidamos especialmente perdón por los abusos cometidos contra niños por parte de pastores y fieles de la Iglesia” y “oremos también al Señor de la vida para que nunca vuelvan a repetirse semejantes atrocidades”.
Aún así, cuesta repetir la palabra. El pasado noviembre, Omella dijo, al hablar del Espíritu Santo: “Con él no tememos afrontar temas como la falta de fe y la corrupción dentro de la Iglesia que nos duelen muy de veras y pedimos perdón a Dios, a las víctimas y a la sociedad, a la par que trabajamos por su erradicación y prevención”. Sin “abusos”, sin “pederastia”.
La semana pasada, fue la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) la que pidió ese “perdón” por “no haber obrado correctamente”, ante los abusos sexuales. Reconocían que no se había “cuidado” de ofrecer espacios seguros y de confianza a los menores. Un paso más.
Lo que hará el Congreso
Hoy, lla mayoría de la Mesa del Congreso ha admitido a trámite la solicitud de creación de la comisión sobre esta materia y será la Junta de Portavoces la que decida incluirlo en el orden del día de un próximo pleno, sin fecha concreta. La creación de esta comisión de investigación, presentada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, cuenta con el apoyo de grupos como Ciudadanos y el rechazo de PP y Vox, mientras que PNV es partidario de que se cree una comisión de expertos independientes que investigue estos abusos sexuales.
La admisión de la petición ha contado con el apoyo del PSOE, pero el principal partido del Gobierno no tiene claro aún cuál será el sentido final de su voto. Su portavoz en la Cámara Baja, Héctor Gómez, ha dicho que decidirán lo que hacer en los próximos días. “Queremos actuar con suma responsabilidad en esta materia, estamos estudiando las diferentes vías para que sea un trabajo que arroje luz sobre una situación que todos lamentamos”, ha dicho en una rueda de prensa el portavoz socialista en el Congreso, que ha aclarado que la decisión del PSOE irá “en una sola dirección”, por lo que rechazan la posibilidad de abordar a la vez las dos propuestas planteadas, la comisión de investigación y la de expertos.
Que el debate esté siquiera en el hemiciclo es un escenario no previsto hace apenas un mes.
La voz de las víctimas
Miguel Hurtado es un hombre que sufrió abusos sexuales por parte del monje de Montserrat Andreu Soler a los 16 años y que ha recogido ya más de 32.600 firmas para pedir al Gobierno una Comisión de la Verdad que investigue todos los abusos a menores en la Iglesia católica, en clubes deportivos y en otras instituciones.
Ante las novedades del Congreso, entrevistado por EFE, ha denunciado que “España tiene el dudoso honor, junto con Italia, de ser el único país desarrollado donde no se ha realizado una investigación oficial sobre la magnitud del problema, sus causas y consecuencias y lo más importante, qué medidas debemos adoptar como sociedad para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y otorgar garantías de no repetición a los supervivientes”.
Sobre la iniciativa concreta que ahora sí se tratará en la Cámara baja, sostiene que es “necesario aumentar el nivel de ambición y realizar un importante esfuerzo para lograr aunar el máximo consenso posible”.
