Pederastia en escuelas religiosas: ¿Primero la imagen o los derechos de los alumnos?

Seguimos teniendo noticias de centros educativos religiosos donde se han producido abusos sexuales a menores. Y desde CGT no podemos evitar preguntarnos: ¿qué porcentaje representan las denuncias salidas a la luz sobre los casos reales que todavía se esconden?

Los últimos años en Manyanet de Molins de Rei, Juan March La Salle del Valle de Aran, Maristas de Badalona, Real Monasterio de Santa Isabel de Barcelona y, últimamente, Maristas de Sants – Les Corts y Maristas de La Inmaculada. Estos casos de pederastia no son hechos esporádicos, pero muchos se desconocen porque las direcciones los minimizan y silencian. Se impide reaccionar ante los abusadores, atender a las víctimas y proteger al alumnado.

Esta situación viene de lejos, y tiene como trasfondo el poder y los privilegios que la Iglesia Católica mantiene actualmente gracias a concordados y pactos con diferentes grupos políticos desde la transición. Goza de exención fiscal y de inmatriculaciones, dificulta la apostasía, etc. Este 2016 recibirá más de 250 millones de euros del Estado por la casilla del IRPF, sobre el que tiene todavía una gran influencia. Cada año escuelas privadas religiosas obtienen subvenciones de la Generalitat de Cataluña, a la vez que se reducen drásticamente los presupuestos en los centros públicos. Nos encontramos pues, con una institución que goza de total impunidad ante los casos conocidos de pederastia que se han librado de la justicia ordinaria con la protección de la jerarquía eclesiástica y la permisividad del poder político. Y de este hecho no son ajenos los centros educativos.

En los centros religiosos privados hay denuncias por falsedad en las matrículas (por ejemplo Badalona). A pesar de que cobran dinero público, son evidentes las prácticas de selección del alumnado y muchos centros segregan por sexo. Se difunde un dogma, se adoctrina en creencias que contradicen los conocimientos, métodos y avances científicos. Se reprime el desarrollo natural de las personas. Se promueven supersticiones, prejuicios y roles sexistas, así como homofobia, clasismo, ideas discriminatorias, etc.

En este tipo de centros han ido apareciendo casos de pederastia que se han encubierto. Las direcciones no han aplicado el protocolo antiabusos y, por tanto, no se han comunicado a los hospitales de referencia, ni a DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia), ni a la Fiscalía de Menores o al Juzgado de Guardia. Tampoco se han controlado por parte de Inspección Educativa de los Servicios Territoriales del Departamento de Enseñanza, ni de las administraciones públicas. Los derechos, la integridad y la dignidad de los niños y adolescentes, víctimas de abusos, han quedado en segundo plano. Se ha impedido la prevención de los abusos a menores y adolescentes, la detección, notificación (tanto de sospechas como de certezas), la protección inmediata, el apoyo, la coordinación, la derivación y el seguimiento. Es imprescindible aumentar los recursos y aplicar protocolos para proteger al alumnado. Y también ampliar la formación sobre educación afectiva y sexual en todos los centros educativos.

¿Cómo es posible que la normativa obligue a la escuela pública en la comunicación ineludible de cualquier caso que se pueda detectar, mientras en las escuelas privadas financiadas con fondos públicos sólo hay recomendaciones y lo puedan silenciar como han hecho? La ley para la escuela privada no prioriza la protección del menor, sino los intereses de imagen y negocio de la empresa. ¡Es todavía más grave que esto se haga con dinero público! ¿La moción aprobada recientemente en el Parlamento, para obligar a todos los centros a seguir el protocolo, se aplicará con rigor o no pasará de declaración de intenciones?

Desde CGT exigimos la supresión inmediata de los conciertos a los centros que han puesto por delante los intereses empresariales a los de la protección de niños y niñas.

Pero, más allá de esto, hay que decir que no es casual que esta gran cantidad de centros afectados sean religiosos. Hay muchos datos y una conclusión: la escuela no puede ser lugar de adoctrinamiento y de explicación de teorías y prácticas supersticiosas contrarias al conocimiento.

Por una enseñanza laica: ¡La religión fuera de la escuela!

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