En el contexto de un congreso organizado por el Vaticano en la Universidad Gregoriana de Roma, los especialistas estadounidenses Michael J. Bemi y Patricia Neal señalaron que el costo que la Iglesia católica ha tenido que pagar debido a las denuncias por abuso sexual de sus sacerdotes -ya sea por concepto de servicios jurídicos, indemnizaciones o tratamientos médicos y sicológicos para las víctimas- "se sitúa muy por encima de los 2 mil millones de dólares".
Si la curia romana desea restañar en alguna medida el deterioro provocado por su propia conducta frente a los casos de abuso sexual cometidos por clérigos, tendrá que afrontar, y no seguir ocultando, la realidad; emprender un ejercicio de autocrítica amplia y sincera; no obstaculizar la presentación de las denuncias penales correspondientes contra sacerdotes agresores que aún gozan de protección institucional, y señalar públicamente a las autoridades eclesiásticas que incurrieron en casos de encubrimiento de los criminales. De lo contrario, y a pesar de las advertencias de "“cero tolerancia”" lanzadas por los jerarcas de San Pedro, es de suponer que los casos de abuso sexual por sacerdotes continuarán, y no habrá dinero ni política de control de daños que alcance para revertir la erosión y el declive causados al catolicismo por la pederastia y el encubrimiento.