Patrimonio Nacional exige por escrito a los monjes del Valle de los Caídos que aclaren sus ingresos y gastos, opacos desde su fundación

La transferencia anual de 340.000 euros que hace el Estado a los benedictinos está congelada a la espera de que presenten un presupuesto y justifiquen gastos

El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional acordó el 19 de noviembre urgir a los religiosos a aclarar en qué gastan el dinero público, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es

También les exigen que aclaren una subvención de 114.000 euros de la Comunidad de Madrid para la escolanía, una ayuda de la que la propia Comunidad aseguró a eldiario.es no saber nada

Los monjes que custodian el Valle de los Caídos llegaron en 1957 por un decreto franquista, están financiados íntegramente con dinero público pero todavía no han presentado un presupuesto equilibrado de gastos e ingresos, además de que tampoco han despejado las dudas y peros que les ha presentado el Estado desde 2018.

El Consejo de Patrimonio Nacional, patrono de la Fundación del Valle de la que son beneficiarios los benedictinos y que corre con todos los gastos de reparación y mantenimiento, congeló en 2018 la transferencia anual de 340.000 euros a la orden benedictina. Ese dinero se ha utilizado durante estos años indistintamente para el propio mantenimiento de la vida de los monjes (ropa, comida, teléfono, gasolina) y para los fines fundacionales que les otorgó el dictador en el decreto franquista que los llevó hasta Cuelgamuros: mantener una escolanía de niños cantores, rezar, leer, estar al día del pensamiento, seguir los escritos de los pontífices, celebrar misa y mantener la biblioteca.

En su última sesión del Consejo de Patrimonio, el pasado 19 de noviembre, se aprobó hacer un requerimiento por escrito a los monjes al que ha tenido acceso eldiario.es para que les entreguen la documentación que falta y un presupuesto básico, tal y como están pidiendo desde el año pasado. Por ahora no lo han hecho y la transferencia de dinero continúa congelada.

Concretamente, Patrimonio solicita al prior y sus monjes que documenten los ingresos y gastos de 2018 y que diferencien en sus docuemntos los gastos que ha hecho en sus fines fundacionales (rezar, leer, pensar, enseñar a los niños cantores) y los no fundacionales, es decir, gastos de otra naturaleza que podrían ser gastos personales de los propios monjes. A este requerimiento, el padre ecónomo respondió en septiembre de este mismo año por mail que «todo fin no mencionado en la normativa fundacional es un fin no fundacional», sin más explicación.

Patrimonio también exige que los monjes les envíen facturas y conceptos concretos que «sirven de justificacion a la subvención de la Comunidad Autónoma de Madrid a la escolanía por importe de 114.656,59 euros». Cuando el prior informó en 2018 de esta subvención, que aparece en su presupuesto de un folio y que es el único documento que ha presentado al Estado parecido a un balance, eldiario.es preguntó a Presidencia y Cultura de la Comunidad de Madrid por esta ayuda a la escolanía y fuentes oficiales confirmaron que no se le ha dado ninguna ayuda a esa escolanía después de hacer una búsqueda en el sistema.

Otra exigencia del Estado a los religiosos es que, en caso de que estén en déficit, presenten una justificación «o provisión para cubrir dicho déficit». De hecho, el primer y único presupuesto que ha presentado el prior, y al que tuvo acceso eldiario.es, tenía un agujero de 600.000 euros que correría a cargo del Estado, dando por hecho que se cubriría con dinero público. Para acabar, el organismo público les advierte de que seguirá sin hacer la transferencia de 340.000 euros si no presentan las cuentas, ya que «se advierte de la imposibilidad de realizar las actuaciones pendientes de comprobación contable y control financiero».

El Tribunal de Cuentas ya alertó en un duro informe en 2016 de que no existía rendición de cuentas y detectó todo tipo de deficiencias contables en el Valle. En 2017 y con Rajoy todavía en la Moncloa, Patrimonio Nacional asumió parte de esas recomendaciones y acordó que en 2018 se presentara un presupuesto completo, algo que, después de 60 años recibiendo dinero público, los religiosos aún no han hecho.

El prior Santiago Cantera no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre este requerimiento.

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