Patrimonio Nacional desoye al Consejo de Transparencia y no aclara si los monjes del Valle de los Caídos cumplen con la ley

Es sabido desde hace tiempo que el funcionamiento del Valle de los Caídos se rige por un armazón jurídico anterior a la llegada de la democracia en España. Así, un decreto ley de 1957 atribuye la titularidad y administración del lugar a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Además, un convenio firmado en mayo de 1958 entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, intervenida y administrada “temporalmente” por Patrimonio Nacional desde 1982, y la Abadía Benedictina —los monjes benedictinos— cuyo abad se opone a la exhumación del dictador, permite y regula que los monjes benedictinos gestionen el mausoleo del dictador.

Hace unos días se supo que Patrimonio Nacional está a la espera de que la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos presente un presupuesto “equilibrado”, “fundamentado” y “veraz” para transferir la subvención anual correspondiente a 2018, 340.000 euros. Pero no ese el único contratiempo.

El medio Infolibre ha querido comprobar ahora si los monjes benedictinos cumplen con las obligaciones legales incluidas en ese convenio de 1958, algunas tan peregrinas como que en el lugar tiene que haber en todo momento con “un mínimo de veinte monjes profesos y el correspondiente noviciado” o que la Abadía deber dirigir y adiestrar una escolanía de al menos 30 alumnos. También se obligaba a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos a dirigir un Centro de Estudios Sociales (CES) “con su biblioteca, publicaciones, becarios y pensionados”.

Para ello, el medio que dirigen Jesús Maraña y Manuel Rico, ha preguntado a Patrimonio. Pero para su sorpresa, las respuestas de Patrimonio Nacional han sido vagas, imprecisas o no se ha dado ninguna, en contra del criterio del Consejo de Transparencia.

Así lo comenta Infolibre: “A día de hoy, según la información recopilada por el organismo dependiente de Presidencia, cuentan con ’21 monjes y 2 postulantes’. Esta ha sido la única información que ha aceptado facilitar. Preguntado por la evolución durante la última década, se ha limitado a señalar que se ha mantenido ‘en cifras similares [a la actual]’ desde el año 2014, sin ofrecer datos concretos ejercicio a ejercicio. Y, por supuesto, nada de concretar cómo controla el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional que el número de monjes y novicios cumple con el mínimo que marca la normativa para que la orden religiosa pueda continuar en el Valle de los Caídos”.

En cuanto el CES, Infolibre informa de que Patrimonio reconoce que el CES “dejó de tener actividad continuada a partir de 1983, aunque añade, según Infolibre, que “en cumplimiento de los fines fundacionales el centro prosigue su actividad en el terreno del estudio y la investigación facilitando consultas a investigadores”.

Por todo ello, Infolibre concluye —y así titula su información— que “Patrimonio Nacional oculta datos clave para conocer si los monjes del Valle de los Caídos cumplen con la legalidad”.

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