Organizaciones sociales y políticas repudiaron el proyecto de ley de “libertad religiosa” que impulsa el Gobierno nacional, y denunciaron que representa un “retroceso tremendo en términos de derecho”.
La manifestación se desarrolló este mediodía frente a la Catedral, organizada por Sexualidades Disidentes, el Foro contra la Violencia Patriarcal y Heteronormativa, la Campaña por el Derecho al Aborto legal seguro y gratuito, Juntas y a la Izquierda, MST, la Asamblea por la Libertad para Higui y Apostasía Colectiva Entre Ríos.
En la oportunidad también se presentaron alrededor de 20 pedidos de apostasía (acto formal de renuncia de una persona a la religión a la cual pertenecía) en el Arzobispado de Paraná, como acto de protesta contra el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo nacional.
“La separación iglesia del Estado es una necesidad inmediata”, remarcó Burgos y comentó que la actividad se realizó este miércoles 28 de junio porque consideran “una provocación del Gobierno nacional” el hecho de que los diputados nacionales empiecen a tratar en comisión esta iniciativa justamente este miércoles, cuando se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ.
La dirigente del MST-Nueva Izquierda sostuvo que la denominada ley de libertad religiosa “tiene un nombre falaz, porque la realidad es que no promueve una libertad religiosa, sino que promueve continuar y profundizar privilegios que hoy son exclusivos de la iglesia católica y que se podrían extender a otros cultos”.
“Nosotros somos muy respetuosos de las diferentes creencias, pero entendemos que el Estado tiene que ser laico, y esta ley atenta contra esto”, remarcó.
Luego denunció que la iniciativa –que lleva la firma del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano; y la ex ministra de Relaciones Exteriores y Cultos, Susana Malcorra– “permite que la iglesia católica se consolide como una institución jurídica pública, es decir que tendrá el mismo estatuto para el Estado que, por ejemplo, las provincias”.
Burgos precisó que eso “tiene consecuencias concretas, como la inembargabilidad de sus bienes, es decir que ante cualquier delito que la iglesia cometa, no se puedan embargar los bienes de esta institución”. Además señaló que establece “una exención impositiva” para la iglesia y permite que se extienda a otros cultos el subsidio hoy el Gobierno nacional otorga a la iglesia católica, “que hoy recibe 32 mil millones de pesos anuales”. En ese sentido cuestionó: “Después nos dicen que no hay plata para las paritarias de los trabajadores, o para erradicar la violencia de género, pero sí hay plata para sostener una institución que interfiere en la garantía de nuestros derechos”.
Explicó también que el proyecto “establece como prioridad poder determinar la objeción de conciencia”, lo cual consideró “un retroceso tremendo en términos de derecho”. Como ejemplo mencionó que “un empleado del Registro Civil podría decir que por su religión él objeta impartir un matrimonio igualitario” o que “en el ámbito de la salud podría decir que no puede realizar una transfusión o ejecutar un aborto no punible”.
Apuntó además que la iniciativa “establece la posibilidad de que haya secreto ministerial y que el Estado no pueda pedir información sobre los delitos que comete la iglesia, como los casos de pedofilia”. Al respecto recordó que “en nuestra provincia tenemos víctimas de abuso eclesiástico que intentan ejercer su derecho de que haya justicia, mientras que la iglesia se sigue riendo de ellos y la justicia está mirando para otro lado”.
“Para nosotras que el Estado debe ser laico significa que ningún credo tiene que interferir en las políticas públicas y que el Estado debería estar pensando cómo implementa educación sexual integral en las escuelas, cómo elimina la violencia de género, cómo elimina el odio hacia la comunidad LGBTIQ, y no cómo mantiene privilegios a una iglesia que es corrupta”, subrayó por último Burgos. APFDigital
