El acusado, detenido hace tres años, está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado contra Mailín Gobbo ocurrido entre los años 1999 y 2008 en el colegio San José Obrero de Caseros, donde José era representante legal. Otros tres casos con él como victimario esperan juicio.
Los casos de abusos sexuales por parte de miembros de la iglesia católica siguen dando dolores de cabeza a la jerarquía eclesiástica argentina, que intenta por todos los medios posibles seguir escondiendo su basura debajo de la alfombra, una alfombra bastante llena.
Carlos Eduardo José será juzgado desde este jueves 4 de febrero por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado”, realizado sistemáticamente durante casi una década contra una menor de edad, mientras regenteaba el Instituto San José Obrero, uno de los colegios católicos más importantes de la localidad de Caseros, al norte del Gran Buenos Aires.
La denuncia penal fue radicada en abril de 2017 por dos víctimas. Posteriormente se sumaron otras dos jóvenes. Por el momento José sólo llega al juicio por la denuncia de Mailín; las otras denuncias penales fueron declaradas prescriptas y están a la espera de una resolución de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
La joven denunciante, hoy de 33 años, tardó muchos años en poder ponerle palabras a lo que había vivido en su niñez y comenzar el largo camino de exigencia de justicia y castigo para su abusador. Sentimientos de culpa, vergüenza, incluso pensar si lo vivido era parte de su imaginación fueron desarmándose al conocer a otras víctimas del mismo cura.
En una entrevista brindada a la señal TN, a pocos meses de radicar la denuncia en 2017, Mailín relató, con valentía y mucho dolor, el infierno que le hizo pasar el cura del colegio, que además era allegado a la familia. Con ayuda terapéutica pudo recordar los abusos que el ahora exprelado cometía en el momento de la confesión cuando la hacía sentarse sobre sus rodillas y la manoseaba o en la pileta durante un campamento. Las visitas del cura a la familia continuaron hasta que en 2008, Mailín pudo hablar.
En 2009, con el apoyo de su familia, realizó la denuncia eclesiástica ante el Arzobispado de San Martín, en ese momento a cargo de Guillermo Rodríguez Melgarejo, quien siguiendo el modus operandi de la jerarquía católica frente a estos hechos, minimizó el caso. Sin embargo Carlos Eduardo José fue sancionado y trasladado a otra parroquia. Aún así, continuó en contacto con menores de edad, según pudo averiguar la joven. Y en un claro hecho de revictimización, el propio obispo recomendó a la víctima que no continúe divulgando el caso. “Él (el cura acusado) ya está a mis cuidados”, le dijo.
Luego de unos años y al momento de ser madre, los miedos y los traumas vividos volvieron a reconectarla con su historia y allí decidió no callar más y realizar la denuncia ante el Poder Judicial para que el cura José “no siga lastimando más”.
En un hecho que sucede muy pocas veces, el cura fue detenido. Pese a que nunca se le realizaron pericias y su defensa se limitó a pedir la prescripción de la causa, José terminó pidiendo la renuncia a su estado clerical, aduciendo estar en pareja con una mujer. En rigor, con esa excusa evitaba un juicio eclesiástico, algo deseado sobre todo por la curia.
El abogado Héctor Silveira, quien junto a Alejandro Stipancic representarán a Mailín Gobbo en el juicio que comienza el jueves, en diálogo con La Izquierda Diario recordó que el propio vicario del Arzobispado de San Martín fue quien le informó de la supuesta renuncia de José a la sotana. Recién en 2019 hubo una comunicación oficial de la baja hacia la familia de la denunciante.
Para la querella es de suma importancia el proceso que comienza el próximo jueves. “Buscamos una condena justa y necesaria”, manifiesta Silveira a este medio. Si bien es muy cauto a la hora de hacer mención sobre el rol que le cabe a la jerarquía eclesiástica, los hechos se repiten si pensamos en otros casos de resonancia como los de Julio Grassi, Eduardo Lorenzo, Marcelino Moya, Justo José Illaraz o Raúl Sidders, para mencionar algunos: abusos físicos, psíquicos, corrupción de menores y un sistemático encubrimiento de la jerarquía para con sus “ovejas descarriadas”.
El letrado agrega que es “necesario que todos los que conformamos el sistema judicial: fiscales, jueces, funcionarios judiciales todos, estemos a la altura de las circunstancias cuando hay este tipo de delitos contra niños y niñas. Que dejemos de lado creencias, filosofía, y que protejamos todos a los más chicos”.
El juicio que comenzará el próximo jueves estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Martín, encabezado por los jueces Raúl Luchelli Ramos y Mónica María Carreira. Las audiencias están pautadas para el jueves 4, viernes 5, jueves 11 y viernes 12 de febrero, siempre a partir de las 9 de la mañana, en la sede de los Tribunales de esa ciudad, en Avenida Ricardo Balbín 1753.
