Una vez más, el presidente Correa se opone a la Constitución. El primer artículo de la Carta Política reza así: "El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico…" Aquí radica la base que debería garantizar el bien y la justicia para todos los ecuatorianos, terminando con viejos rezagos feudales que afectan desde hace siglos a los pueblos indígenas. Sin embargo, tan claro fundamento queda en letra muerta con la expedición del decreto presidencial 1780, del 12 de junio pasado, ya que se concede a las misiones católicas -un poco a la manera de las encomiendas coloniales- amplias facultades para inmiscuirse en esferas de decisión privativa de los pueblos indios: la economía, las políticas educativas y culturales, el manejo de medios de comunicación colectiva, las atribuciones políticas en sí mismas. Con tan malhadado decreto se niega a las nacionalidades la facultad de autogobernarse (lo que no implica que se constituyan en estados dentro del Estado), la responsabilidad por su gente y sus comunidades, la facultad de intervenir en el terreno público, la libertad de pensamiento y de creencias religiosas.
Quizás se podría presentar como argumento que el propósito es "igualar" a los pueblos indígenas con el desarrollo actual de la humanidad, sin embargo este es un argumento demasiado simple, puesto que precisamente las viejas instituciones indígenas, sus antiguos conocimientos y creencias son las que acumulan las mayores verdades sociales y culturales. Por otro lado, no es lo mismo igualdad que libertad. La legitimidad del Gobierno está vinculada a la libre expresión de los pueblos indígenas que, puede llegar a rechazar un gobierno que no respeta sus derechos.
Ya el gobierno de Lucio Gutiérrez destruyó las organizaciones indígenas, sumiendo a sus integrantes en un desconcierto y desanimo que aún no han sido superados, pero ahora se cierne un peligro mucho mayor: terminar con las culturas ancestrales originales. Daría la impresión que el presidente Correa y su ministro de Educación comparten la misma opinión desfavorable sobre las culturas originales. Por esto es necesario recalcar que en la opinión universal, desde hace muchos años está desechada la creencia de que por un lado hay culturas y religiones buenas que deben ser oficiales, permitidas y apoyadas desde el poder y que por el otro, existen culturas atrasadas y religiones anacrónicas, innecesarias y falsas que deben desaparecer. Cada cultura y cada religión nos acerca a la existencia misma de las personas que la practican, a sus miedos y alegrías, a sus pasiones, sus esperanzas y recuerdos. Sin ir muy lejos, en Paraguay se oficializó la religión de los guaraníes, dándole así el mismo status que a la religión católica.
La atención que se presta a Latinoamérica desde afuera es por una convicción humanística profunda del valor de las culturas originarias, como frecuentemente manifiesta el más importante representante del verdadero Socialismo Siglo XXI, el padre Francois Houtart, cuyas enseñanzas en la Universidad Libre de Bruselas parece que se le olvidaron al presidente Rafael Correa
