Ortega jura como presidente acusado de violar la Constitución

Participó en eventos religiosos que impulsa su esposa y primera dama Rosario Murillo, encargada de demostrar la devoción y religiosidad del Ejecutivo sandinista ante en país mayoritariamente católico

La vieja Plaza de la Revolución de Managua cobra vida estos días. Decenas de obreros trabajan día y noche acondicionando la plaza para la investidura el martes de Daniel Ortega, y la posterior celebración “popular” con la que el exguerrillero sandinista pretende agasajar a sus simpatizantes. Se trata de la tercera investidura de Ortega como presidente de Nicaragua —la segunda consecutiva—, esta vez cuestionado por haber violado la Constitución para repetir mandato y haber arrasado en unas elecciones plagadas de irregularidades, a decir de observadores locales y de la Unión Europea. La elección de la vieja Plaza de la Revolución para estos actos es clave: el lugar es el símbolo del sandinismo porque en ella miles de nicaragüenses celebraron la caída de la dinastía somocista en 1979. Y para Ortega, aquella revolución aún continua vigente con él como principal impulsor.

Al mandatario nicaragüense apenas se le ha visto en público desde las elecciones del 6 de noviembre. Los días posteriores a los comicios habló prometiendo estabilidad y más tarde participó en eventos religiosos que impulsa su esposa y primera dama Rosario Murillo, encargada de demostrar la devoción y religiosidad del Ejecutivo sandinista ante en país mayoritariamente católico. El silencio de Ortega ha despertado todo tipo de especulaciones, incluyendo las de una supuesta enfermedad que lo hace volar periódicamente a Cuba para tratarla. El hermetismo del círculo de Ortega y sus asesores hace imposible conocer los planes del exguerrillero de cara a su nuevo mandato, y la primera dama maneja con celo una política de comunicación oficial que consiste en no dar información a la prensa crítica, catalogada de derecha e imperialista por el Ejecutivo.

“Todos los días cuando amanecemos le damos gracias al Señor, gracias a la Virgen y nos comprometemos a ser mejores, a que el amor, el cariño, la solidaridad reine en nuestras familias y entre todos vayamos poniendo piedras para que Nicaragua construya ese edificio de fraternidad, de cristianismo, socialismo y solidaridad”, dijo el jueves Murillo en declaraciones a medios del Gobierno. La primera dama se limitó a dar información escueta de lo que serán las celebraciones de investidura, a las que están invitados, entre otros, el príncipe Felipe, Hugo Chávez y el presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad.

Nicaragua, mientras tanto, sigue expectante. Muy pocos se arriesgan a plantear escenarios de lo que le depara a este país centroamericano cinco años más de Ortega en el poder. Arturo Grigsby, economista y director del Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan de la Universidad Centroamericana, en Managua, afirma que no habrá cambios drásticos en la forma en que Ortega ha gobernado el país los últimos cinco años. Grigsby asegura que se mantendrá un gobierno populista, que impulsará políticas sociales ( clientelistas según la oposición) financiadas por la cooperación petrolera de Hugo Chávez, valorada en 2010 en más de 500 millones de dólares, un 7% del PIB nicaragüense.

Esa cooperación ha permitido al Gobierno impulsar proyectos asistenciales que benefician a los segmentos más pobres: láminas de zinc para barrios marginales, pasaje del autobús subvencionado, pequeñas casas de carácter social adquiridas a bajas tasas de interés, animales de corral para los pequeños productores, eliminación de los cobros en los sistemas públicos de Salud y Educación. Y, lo que significa un gran alivio para Nicaragua, la desaparición de los molestos apagones que eran dramáticos para la sociedad y el sector productivo.

Ortega, continúa Grigsby, mantendrá sus excelentes relaciones con el sector privado, que ve en el caudillo sandinista una garantía de estabilidad para sus negocios. El llamado gran capital nicaragüense, principalmente el sector financiero y productivo, mantiene reuniones constantes con el mandatario y sus asesores, aunque tímidamente critican el cierre de espacios democráticos en Nicaragua. “Ese ha sido en la práctica el estilo de negociación que se dio en el primer periodo de Ortega, en el que el Frente no tenía todo el control político del aparato estatal, y no creo que hayan cambios drásticos al respecto”, dijo Grigsby.

La gran interrogante que se plantea en Nicaragua está más relacionada a aspectos políticos. Tras el resultado de las presidenciales de noviembre, que no es aceptado por la oposición, el Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo 63 escaños en la Asamblea Nacional, una mayoría arrasadora para impulsar sin contratiempos la agenda política del mandatario. Y para algunos analistas, esa agenda está encabezada por los deseos de Ortega de mantenerse en el poder sin roces con la Constitución. El mandatario, por lo tanto, exigiría a sus diputados una reforma constitucional que elimine las trabas que limitan el ejercicio del poder en Nicaragua, las mismas que Ortega se saltó para poder participar en las elecciones. Con una oposición vapuleada, que apenas cuenta con 26 diputados, estas reformas son casi seguras.

Es precisamente la oposición, hasta ahora incapaz de ponerse de acuerdo, la que debe desarrollar una agenda que conecte más con la gente. Eduardo Montealegre, diputado opositor y excandidato presidencial, asegura que como minoría están dispuestos a negociar con el sandinismo, para obtener puestos clave dentro de los poderes del Estado y denunciar los abusos que se cometan desde el Ejecutivo. Para los analistas, sin embargo, la oposición debe estar permanentemente en las calles, ahora que no cuentan con fuerza en el Congreso.

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