Parecía que la presencia de la Iglesia católica en la vida política y, sobre todo, en la vida electoral no iba a ser un elemento con el que tendríamos que contar en el ciclo constitucional que se inició con la Constitución de 1978.
El fracaso absoluto de la democracia cristiana en las elecciones de 15 de junio de 1977, en las que únicamente en Cataluña consiguió un escaño, puso de manifiesto que la época de los partidos demócratas cristianos ya había pasado y que los que todavía formaban parte del sistema de partidos de algunos países europeos eran expresión de la inercia histórica, de un momento en que la sociedad era menos laica y en que la presencia del marxismo en el debate político era significativa.
Nada hacía presagiar durante muchos años que la Iglesia católica fuera a recuperar el interés en hacer política y en intentar influir en el resultado electoral. No se debe olvidar que, tras la arrolladora victoria del PSOE en las elecciones de 1982, la Iglesia católica pudo sentirse un poco huérfana y puso en marcha la práctica de las beatificaciones masivas de mártires de la guerra civil con la que ha continuado hasta el día de hoy, pero no pretendió participar en el debate político y orientar la conducta electoral de los ciudadanos.
Ha sido curiosamente tras la derrota electoral del PP y la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando la jerarquía católica se ha vuelto más beligerante y ha bajado a la arena política. En esta legislatura ha sido, con mucha diferencia, en la que la jerarquía católica se ha hecho más visible políticamente desde la recuperación de la democracia. Ha convocado más manifestaciones no que en todas las demás legislaturas juntas, sino posiblemente más que en toda la historia de España. Se ha pronunciado en conferencias episcopales sobre numerosas normas jurídicas, llegando incluso a intentar boicotear la puesta en marcha de una asignatura como la Educación para la Ciudadanía, que se enseña pacíficamente en prácticamente todos los países de la Unión Europea.
Como casi siempre suele ocurrir, cuando nos encontramos ante expresiones políticas de la derecha española, Andalucía se sitúa a la cabeza. Los obispos andaluces no sólo pusieron en circulación un comunicado extraordinariamente beligerante contra la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sino que se han despachado esta semana con unas llamadas orientaciones pastorales, en las que se atreven a establecer los "criterios decisivos" que deben orientar el ejercicio del derecho de sufragio, que no son otros que "el apoyo a la familia y al matrimonio basado en la unión entre un hombre y una mujer", así como el rechazo de "los proyectos, más o menos explícitos, de ampliar la ley del aborto o de abrir el camino a la eutanasia".
No creo que la incidencia de estas orientaciones pastorales en la orientación del voto vaya a ser significativa. La Iglesia católica se ha ganado a pulso el prestigio que tiene. Más bien cabría decir que la jerarquía católica se ha apuntado a la práctica del barullo, de embarrar el campo, para que no se pueda hacer una campaña limpia, a ver si de esa manera se consigue una mayor abstención, que es en lo único en lo que el PP confía para recuperar el poder. Están en su derecho de hacerlo. Pero los poderes públicos deberían ser tan coherentes como los prelados a la hora de hacer realidad la separación de la Iglesia y el Estado.
A la vista de la conducta de la jerarquía católica no creo que tenga ningún sentido que se mantengan en vigor los acuerdos de 3 de enero de 1979 sobre las relaciones entre el Estado español y la Santa Sede.
