Gratuita, laica y obligatoria eran las virtudes con que los uruguayos describieron con orgullo, por muchos decenios, su sistema educativo público. Un sistema que, a partir de las ideas de José Pedro Varela, se quiso abierto y socialmente integrador. Esto es, al servicio de todos los uruguayos con independencia de su nivel económico o sus convicciones religiosas o políticas. La gratuidad se mantiene y la obligatoriedad sigue siendo cierta en las escuelas, pero ya no tanto en Secundaria, amenazada por el alto nivel de deserción que hoy se intenta revertir. El tercer pilar es la laicidad. Y es satisfactorio consignar que, desde las autoridades educativas se han dado en los últimos días algunos pasos para corregir situaciones que la agraviaban.
"Los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela, a la que concurren haciendo uso de un mismo derecho, se acostumbran a considerarse iguales". La frase de José Pedro Varela resplandecía en otros tiempos en los viejos cuadernos grises que las escuelas públicas repartían entre sus alumnos. Y esa meta se lograba en el ejercicio de los tres principios rectores: gratuidad, obligatoriedad y laicidad. Así fue que Uruguay pudo formar y disfrutar por tantos años de una sociedad integrada, en que ni el nivel económico ni las creencias religiosas o políticas se convertían en un obstáculo para la convivencia, dentro o fuera de las aulas.
La gratuidad abría por igual las puertas a los prósperos y a los desfavorecidos. La obligatoriedad era garantía de que todos los uruguayos recibieran la formación escolar, descartando el analfabetismo. Pero igualmente importante era la laicidad, que excluía, tanto en los contenidos de la enseñanza como en los edificios dedicados a la formación, cualquier expresión religiosa o política. La escuela era así la misma para los hijos de hogares católicos o judíos, protestantes o ateos, blancos o colorados, socialistas o evangélicos.
La escuela pública laica era para todos. En ella ningún niño sería mortificado por prédicas o imágenes distintas a las de su propio hogar y ningún padre podía temer que sus hijos fueran adoctrinados en dogmas ajenos ni en posiciones políticas que no eran las de sus mayores. Una escuela basada en el liberalismo amparaba todas las convicciones y excluía todos los dogmas.
Vaya esta introducción para subrayar la importancia de algunos episodios que se han planteado en los últimos tiempos y que tienen que ver con la laicidad en la enseñanza pública. Hechos polémicos que aún convocan el interés de la opinión ciudadana. El más reciente se planteó a propósito de la iniciativa de colocar una placa en el Liceo de Minas en homenaje a Ricardo Zabalza, un militante tupamaro que fue abatido en ocasión del episodio bélico conocido como la toma de Pando, el 8 de octubre de 1969.
Esa iniciativa fue aprobada por el Consejo de Enseñanza Secundaria. El texto previsto para la placa rezaba: "Ricardo Zabalza formó parte de un grupo de jóvenes idealistas y soñadores que quería una patria mejor, como lo soñó Artigas. Participó en la llamada Toma de Pando y fue herido en Paraje Capra. Fue ejecutado de un tiro en la nuca por un soldado que recibió la orden de un coronel. De ambos se sabe su nombre".
El problema de este texto, que hasta parece estar incitando una venganza contra otros protagonistas del suceso (no puede tener otro sentido la alusión a que "se saben los nombres") ni siquiera es que pueda o no ser verdad. El verdadero problema es que hay muchísima gente en Uruguay que no coincide ni con el homenaje, ni con la alusión a Artigas, ni la alusión a afanes idealistas para describir una acción bélica contra un gobierno elegido por el pueblo. El liceo de Minas es un espacio para los que comparten el contenido de la placa propuesta y para quienes no lo hacen. Unos y otros van allí a estudiar y tienen el derecho a hacerlo sin que desde sus paredes se agravien sus convicciones. La meta nacional es que esos jóvenes asuman por sobre las diferencias la empresa común de forjar un mejor destino para este país. Y un gesto así, en lugar de unir, divide.
Las noticias más recientes señalan que el Consejo Directivo Central de la Anep enmendó la resolución del de Secundaria y señaló que la potestad de decidir ese tipo de homenajes le estaba reservada. Mueve a satisfacción que de este modo se esté preservando la laicidad. Y el derecho de todos los uruguayos a asistir a los liceos para aprender y no para sentirse agraviados por la imposición de puntos de vista políticos con los que discrepa.
Vale la pena un comentario adicional: la Constitución de la República señala en su artículo 85, numeral 13, que compete a la Asamblea General (…) "decretar honores públicos a los grandes servicios". Se puede entender, entonces, que esa potestad es excluyente. Y así se entiende, por ejemplo, cuando se designa una escuela, trámite que no compete a la Anep y que se materializa a través de una ley formal. Es discutible el carácter excluyente de esta disposición constitucional, pero resulta claro que la Carta no considera que la realización de homenajes públicos sea un tema banal, al alcance de cualquier autoridad estatal.
El otro episodio al que corresponde aludir es el relacionado con el libro publicado por Enseñanza Primaria como texto de Ciencias Sociales para el 6º año escolar. Ese libro, que destaca en su tapa las imágenes de dos figuras políticas de la izquierda, e incluye en su contenido varias afirmaciones por lo menos imprecisas y que se han visto como sesgadas desde el punto de vista de toda la oposición.
También en esta materia es bueno tomar nota que las autoridades anuncian una versión revisada, que se espera que corrija todos los aspectos cuestionados. En el caso de un texto escolar corresponde el mayor cuidado para reflejar solamente la verdad comprobada y no expresiones cuestionables, que puedan aparecer como sesgando los contenidos de la enseñanza.
Es bueno que haya habido correctivos. Lo que está en juego es muy importante para todos los uruguayos.
