La Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos del Franquismo reclama ayudas para identificar los cadáveres exhumados en un enterramiento con cerca de cuarenta asesinados en la localidad coruñesa de Aranga.
La Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos del Franquismo (ARDF) lleva once años esperando para poder identificar e inhumar dignamente varios los cuerpos desenterrados en una de las mayores fosas comunes de paseados en Galicia durante la Guerra Civil y la dictadura. Se encuentra en Vilarraso, en el municipio coruñés de Aranga, donde los fascistas sepultaron al menos a 37 personas asesinadas entre 1936 y 1938. La ARDF, que se financia a través de las cuotas de sus asociados y de las donaciones de sus simpatizantes, no encuentra ninguna administración que la ayude. Ni el Gobierno, ni la Xunta, ni las diputaciones ni los ayuntamientos de las localidades donde se encuentran las fosas se han prestado hasta ahora a conceder ayudas para sufragar la identificación de los restos, así como su posterior sepultura.
“Los políticos gallegos desamparan a los represaliados por el fascismo”, opina Santiago Carcas, presidente de la asociación. Empezaron a investigar posibles enterramientos de desaparecidos durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura en Galicia en el año 20091, a partir de denuncias y de testimonios ciudadanos. “Han sido muchos años de investigación y prospecciones hasta llegar a las exhumaciones realizadas en el 2018 y el 2019. Sin ayuda a alguna administrativa, los gastos de las pruebas de ADN -1.500 euros cada una- y de contratar un constructor para crear el lugar de inhumación son muy costosos”.
En el año 2011, tras contactar y entrevistar a cientos de familiares, vecinos y posibles testigos, constataron que al menos medio centenar de desaparecidos y desaparecidas estaban enterradas en tres fosas comunes sin identificar y próximas entre sí: dos de ellas en Aranga -una, en Vilarraso, y otra en la cercana parroquia de San Vicente das Fervenzas-, y la tercera, en Santa Mariña de Lagostelle, en el municipio de Guitiriz, ya en la provincia de Lugo aunque a apenas trece kilómetros de las anteriores.
En el año 2011 el Gobierno de Zapatero abrió líneas de ayuda a raíz de la primera ley de memoria histórica. La ARDF accedió a ellas, pero tras la llegada del PP al poder, las subvenciones se cortaron. Dos años después, intentaron firmar un convenio con la Diputación de Lugo, gobernada por el PSOE, que se frustró, y dos años más tarde, con la de A Coruña, presidida también por los socialistas y con el BNG en la Vicepresidencia. Llegaron a pedirles toda la documentación traducida al gallego, pero las ayudas no llegaron nunca.
Finalmente lo intentaron con el Ayuntamiento de A Coruña, donde la Marea Atlántica acababa de hacerse con el poder. Creyeron que con los entonces aliados coruñeses de Unidas Podemos habría más posibilidades, pero tras pedirles documentación en varias ocasiones, dejaron de atenderles. Llegaron a temer por la viabilidad del proyecto porque los familiares de quienes podían estar enterrados allí se iban muriendo, y la anterior ley de memoria no permitía exhumaciones sin solicitud previa de un pariente de la persona asesinada. “Es una inmensa tristeza no haber logrado a tiempo el objetivo de identificar a sus seres queridos”, relata Carcas.
La ARDF ha exhumado 44 cadáveres en las tres fosas. En alguna de ellas aparecieron trozos de cemento mezclados con la tierra y los cadáveres, lo que hace suponer que alguien se llevó los huesos y trató de disimular los asesinatos. Algunos de los cuerpos hallados muestran la extrema crueldad con la que los fascistas trataban a sus víctimas, algunas horriblemente torturadas antes de morir: cráneos aserrados, marcas de cuchilladas en las plantas de los pies, cadáveres encogidos en posición fetal por las descargas eléctricas…
Aunque quizá el hallazgo más llamativo no describe el horror del que eran capaces los franquistas, sino la decencia y la solidaridad de alguien que se compadeció de los muertos y de sus seres queridos, y también de las generaciones venideras. En la fosa de Santa Mariña de Lagostelle aparecieron tres pequeñas botellas de vidrio. La única que pudo ser desenterrada intacta contenía un papel escrito a mano con un nombre: Edmundo Peinado Ponte, un chico de 19 años vecino de A Coruña. Carcas y Piñeiro creen que su único delito fue ser amigo del hijo de un militar franquista a quien su padre creía homosexual y que probablemente ordenó su muerte.
En Galicia apenas hubo Guerra Civil, porque los fascistas se hicieron con la mayoría del territorio del país casi antes, incluso, del levantamiento del 36. Pero eso no significa que no hubiera una brutal represión que costó la vida no sólo a militares defensores de la república. Cayeron alcaldes, concejales, maestras, intelectuales, campesinas, sindicalistas, militantes de partidos de izquierda… Casi 4.700 personas, según un informe de la organización Nomes e Voces. Y no sólo durante los años que duró la guerra, sino mucho después. En las fosas gallegas se han hallado restos de personas asesinadas en 1954, quince años después de que terminara la contienda.
En el 2008, la Audiencia Nacional estimó en 140.000 las personas desaparecidas en España durante la Guerra Civil y la dictadura. Una cifra que, aunque ya se ha quedado desfasada al alza con las nuevas investigaciones, sirve para medir la entidad y la gravedad de lo sucedido Se estima que como poco, alrededor de 4.500 están en Galicia. Exhumarlas es un proceso laborioso y hay que contar con expertos en arqueología, en historia, en medicina forense. Además, averiguar dónde están enterradas es un proceso lento y meticuloso, porque los testigos directos se van muriendo y, entre los que quedan, muchos no quieren hablar, ni mucho menos dejarse fotografiar ni permitir que su historia sea grabada. Al menos, no mientras el Estado y sus instituciones no muestre una voluntad verdadera de ayudar a quienes desentierra y regresan a aquellos cuyos nombres todavía no se atreven a pronunciar.
