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Oltra, “estupefacta” por la suspensión de conciertos en Bachillerato

La vicepresidenta considera que los autos del TSJ hacen “tutela no de derechos, sino de privilegios”

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha asegurado este jueves que está “estupefacta con algunos autos que se están dictando” en materia educativa, que se acatan pero sobre los que, ha dicho, se puede opinar. Así, considera que no existe un daño irreparable que justifique la medida cautelar dictada por el TSJCV que otorga el concierto de Bachillerato a dos centros para el próximo curso: “Se está haciendo una tutela no de derechos, sino de privilegios”.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa la vicepresidenta al ser preguntada por esta decisión judicial, que da el concierto de Bachillerato a dos centros –Purísimas Franciscanas de València y Domus de Godella– que recurrieron su supresión ante el TSJCV.

Tras indicar que se prevé recurrir esta decisión, ha explicado que en estos casos no es que la Conselleria de Educación haya revertido un concierto, en una etapa post obligatoria, sino que este se había acabado y “no había necesidad de ese concierto ni de pagar una plaza pública y privada al mismo tiempo” porque existían plazas públicas para cubrir la demanda.

Por ello, ha cuestionado que se opte por decretar esta medida cautelar aludiendo a un daño irreparable como consecuencia de la decisión de Educación y ha incidido en que ella sabe en primera persona “lo complicado que es que se dicten medidas cautelares”.

Ha puesto como ejemplo que “cuando el PP decidió que los niños volaban” para la concesión de becas de transporte al contemplar como requisito la distancia al colegio en línea recta y no por las vías de comunicación lo llevó a los tribunales y planteaba el daño irreparable que generaría su aplicación y no lo entendieron como tal, aunque posteriormente el Tribunal Supremo ha dicho que sí.

En el caso de los conciertos de Bachillerato, ha proseguido, “no hay ningún daño irreparable en absoluto” y, por el contrario, “la medida cautelar si puede generar un daño” y es que la administración deberá pagar una plaza pública y privada al mismo tiempo, aunque espera que esta decisión se revierta en el ámbito judicial.

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