Cuatro comunidades de vecinos de la calle Aparicio y Ruiz, directamente afectadas por los planes urbanísticos para construir en el solar del antiguo colegio Niño Jesús, han decidido movilizarse conjuntamente para intentar detener la edificación de ocho plantas prevista por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Se trata de los números 7, 14, 16 y 18, que agrupan a varias decenas de residentes y que han formado una plataforma producto del «asombro, indignación y disconformidad» ante las pretensiones de las religiosas de levantar un bloque sustituyendo el pabellón orientado hacia Aparicio y Ruiz, de construcción posterior a los que dan al Paseo de la Audiencia y para el que se eliminó toda protección tras una alegación presentada por las monjas en 2010.
Los vecinos se consideran perjudicados, tal y como explican en un comunicado, por «una afección directa» a sus «intereses legítimos» causada por la «merma de la calidad tanto en la perceptibilidad del entorno como en la luminosidad» de sus inmuebles. En su lucha han adoptado toda una batería de medidas, empezando por el encargo de informes históricos y de derecho urbanístico para tratar de desmontar el cambio en el PGOU. Además reclamarán formalmente la rectificación del Plan al Ayuntamiento, pondrán la situación en conocimiento de la Unesco e Icomos «ante la posible vulneración de la calidad contextual del entorno de la catedral», consultarán a Patrimonio de la Junta y todo «sin descartar poner el caso en manos de la Fiscalía el asunto, por si hubiera delitos urbanísticos o de prevaricación que perseguir».
«Motivos especulativos»
La plataforma recién creada, que agrupa además de a vecinos a «antiguos alumnos del colegio» y a «ciudadanos simpatizantes» advierte que el edificio que se pretende derribar, aunque tenga unos pocos años menos que los otros dos, «fue proyectado en 1910 por el prestigioso arquitecto Saturnino Martínez, conformando un conjunto muy homogéneo que debe mantener su nivel de protección». Los afectados hablan de motivos «puramente especulativos» en la evolución de la normativa y acusan a los «técnicos municipales» de haber beneficiado «las expectativas del interés particular de la congregación de religiosas frente al interés general» con un cambio de clasificación que «no tiene ningún aval».
Las comunidades esperan «la adhesión en breve» de otros residentes en el entorno o de colectivos que se sientan afectados por esta cuestión. E insisten, como subraya su portavoz Próspero García-Gallardo, en que entre otras cuestiones hay confusión con las fechas de los documentos del Plan, pues «en el plano de protección vigente aparece toda la parcela con protección ambiental».
