Cuatro organizaciones no gubernamentales cristianas obtuvieron un triunfo legal frente a ´Obamacare´ y la obligatoriedad de cobertura de anticonceptivos.
Oponentes del mandato federal que obliga a los empleadores a dar cobertura de productos anticonceptivos a sus empleados obtuvieron una victoria el jueves tras una batalla legal de tres años.
La Corte de Apelaciones del 8vo Circuito de Estados Unidos en San Luis sentenció el jueves que la reforma de salud promovida por el gobierno de Barack Obama no se acomoda lo suficiente a los empleadores cuyas creencias religiosas chocan con sus obligaciones.
Bajo la Ley de Cuidado de Salud Accesible, conocida como Obamacare, los patrones que se nieguen a cumplir con el requerimiento de dar pastillas y productos anticonceptivos a sus empleados son objeto de severas penalidades financieras.
¨Concluimos que forzar su obligación en el proceso por amenaza de una severa sanción económica es un ataque sustancial al ejercicio de religión¨, indicó la corte.La decisión significa que los demandantes, cuatro organizaciones no gubernamentales cristianas, no necesitan cumplir los mandatos de la ley sobre los productos anticonceptivos.
La sentencia fue aplaudida por congresistas Republicanos. ¨El gobierno federal no debería nunca forzar a estadounidenses a participar en actividades que violan sus creencias religiosas fundamentales¨, dijo el Representante a la Cámara Peter Roskam.
La Casa Blanca, sin embargo, dijo que cortes de menor nivel ya han aceptado que la ley provee suficientes acomodaciones para la libertad religiosa en tal tema. ¨Como han dicho las otras siete cortes de apelaciones sobre este tema, el proceso de acomodación de los anticonceptivos da el balance apropiado entre asegurar a las mujeres acceso igualitario al cuidado de la salud y proteger las creencias religiosas¨, dijo una portavoz de la presidencia.
Una decisión de la Corte Suprema en 2014 favoreció a la empresa Hobby Lobby, llevando a que la ley permita excepciones a ciertos empleadores para la entrega de anticonceptivos. La decisión del jueves abre la puerta a que el máximo tribunal nuevamente tome el caso.
