¿Objeción de conciencia o caradura?

LA consejera Kutz dijo no hace mucho que se sentiría orgullosa si recibiera una reprobación parlamentaria por el asunto del incumplimiento de la legislación sobre la interrupción del embarazo en Navarra. Ella lo interpretaba como un acto -la reprobación- contra la objeción de conciencia.

A los insumisos les castigaron con catorce meses de cárcel por objetar en conciencia al servicio militar y, además, por tener razón, dado que la mili obligatoria fue abolida posteriormente. Pero a los poderes públicos navarros -y sus titulares como Kutz- parece que el cumplimiento de la ley les resbala, que no va con ellos. Invocan la objeción de conciencia y ya está. Por eso es absolutamente necesario que el Ministerio de Justicia (que ya tarda) promueva la prometida ley sobre este asunto. Máxime cuando el Tribunal Supremo, en su sentencia del 11 de febrero de 2009, ha dicho, a propósito de los padres desobedientes a la asignatura Educación para la Ciudadanía, que no hay objeción que valga porque: "el reconocimiento de un derecho a la objeción de conciencia de carácter general, con base en el artículo 16.1 de la Constitución española, equivaldría en la práctica a hacer depender la eficacia de las normas jurídicas de su conformidad con cada conciencia individual, lo que supondría socavar los cimientos mismos del Estado de Derecho."

Así que la ciudadanía y los poderes públicos, dice esta misma sentencia, lo que tienen que hacer es cumplir con la ley, como prescribe el artículo 9.1 de la Constitución: "Esto es un mandato incondicionado de obediencia al derecho; derecho que, además, en la Constitución española es el elaborado por procedimientos propios de una democracia moderna".

Democracia moderna que no ha llegado para las mujeres navarras. Es cierto que el Tribunal Constitucional en 1985 (sentencia 53) reconoció que el personal sanitario podía aducir razones de conciencia para negarse a participar en un aborto legal. Pero no es cierto que toda la sanidad navarra sea objetora, como pretenden Kutz y el Gobierno foral. Baste recordar el calvario laico de Elisa Sesma y las coacciones que sufrió en 1990, para saber que eso no es así. Que, como dice la misma Elisa, los médicos de la red pública no son todos objetores, pero para realizar una interrupción voluntaria hace falta un equipo del que no se puede disponer "más que con el apoyo de la dirección del centro" (DIARIO DE NOTICIAS, 25.10.09). Y ahí, en los núcleos duros del poder sanitario, es donde se produce la obstaculización -que no la objeción- a quienes pudieran poner en práctica en la red pública la interrupción legal del embarazo.

Todas estas actuaciones retrógradas imperantes en la red pública sanitaria terminarían si los partidos políticos de izquierda (que son mayoría) lograsen que se implantasen en Navarra unos estudios laicos y públicos de Medicina en la UPNA. Lo que causa terror entre quienes mandan políticamente en Navarra, tan ultracatólicos ellos, porque ello supondría el principio del fin del monopolio del Opus Dei sobre la salud y la medicina en la Comunidad Foral. De quienes falsa e inhumanamente se creen que aquí tienen el control de la vida, la muerte y hasta del más allá.

Especial responsabilidad tiene el PSN (y a lo que hemos visto hace poco en estas tierras el mismísimo Zapatero), pues dan su voto y respaldo socialista para que gobierne no una fuerza conservadora cualquiera, sino una derecha tan cavernícola y contraria a la modernidad como la nuestra. Y con tanto descaro como la incandescente alcaldesa Yolanda Barcina, la heredera de Sanz, que asistió en Madrid a la última manifestación de fanatismo ultracatólico contra el aborto (y en realidad contra el Gobierno de Zapatero).

Una colega mía de profesión, Ángela Aparisi, profesora de la Universidad del Opus de Navarra, decía al diario francés Le Figaro para explicar la situación de las mujeres que tienen que abortar legalmente fuera de estas tierras: "Aquí somos muy católicos y protegemos la vida desde la misma fecundación. Nuestros médicos se dedican a sanar y aliviar a sus pacientes, no a cometer crímenes" (DIARIO DE NOTICIAS, 25.10.09).

Pues no, Ángela, no; los médicos que interrumpen el embarazo legalmente no son criminales, sino ciudadanos -como la ejemplar Elisa Sesma o el ginecólogo Pablo Sánchez- que se han propuesto cumplir con la ley. Y quienes son partidarios de la libertad de la mujer como criterio prioritario en este asunto y como parte importantísima del valor superior de la libertad en el artículo 1.1 de la Constitución, tampoco han cometido ningún asesinato ni contribuido a tal cosa; como ya lo argumentara en su día el, por cierto, asesinado de verdad Tomás y Valiente, desde su voto particular en el Tribunal Constitucional a favor del derecho a decidir de las mujeres.

En Navarra no todos son muy católicos y ni siquiera católicos. Además de descubrir el auge de los matrimonios civiles por estos pagos o los seminarios tan vacíos de jóvenes como muchas iglesias los domingos, Ángela se asombraría al saber la cantidad de personas agnósticas, ateas, laicas (religiosas o no), musulmanas, protestantes, que hay en nuestra Comunidad Foral. Además, se olvida del carácter aconfesional o laico del propio Estado español y sus poderes públicos -incluso los navarros-, y del obligado cumplimiento de la ley según la propia Constitución exige e indica el Tribunal Supremo el año 2009 (porque no acoge este órgano judicial ninguna objeción general de conciencia).

Desde luego, hay una Navarra uniforme, que es ésa que se pretende muy católica. Pero hay también una Navarra henchida de pluralismo, plural, representada por la mayoría del Parlamento foral que ni es de UPN, ni del PP ni de derechas. Hay vida más allá del Diario de Navarra y sus esquelas, como lo revela cotidianamente la presencia de este otro periódico y estas mismas páginas.

Quizá, al final, todo sea cuestión del uso de diferentes lenguajes. Que donde Escrivá de Balaguer hablaba de santa desvergüenza, lo que aquí y ahora se ve en lo tocante a la interrupción del embarazo en Navarra, es desobediencia impune de la ley o, sencillamente, la tradicional caradura teocrática de quienes nos mandan sin tener mayoría en el Parlamento foral ni en nuestra sociedad.

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