Cuando se abre el plazo de preinscripción de alumnos en los centros escolares privados y públicos -un negocio muy lucrativo que afecta a más de ocho millones de alumnos– nace un Observatorio por la Libertad de Enseñanza en Andalucía (OLEA) para “la denuncia fundamentada y cívica de situaciones de restricción de la libertad de enseñanza”, según señalan sus promotores. La guerra entre los defensores de la enseñanza pública y la privada tiene en Andalucía su laboratorio de pruebas. Los enfrentamientos datan del año 1.997. Desde entonces se han creado varios foros y plataformas desde ambas trincheras. En el Observatorio recién creado participan las Escuelas Católicas Andalucía, la patronal de escuelas concertadas, representantes de madres y padres de familia, organizaciones como Profesionales por la Ética y Hazteoir y la Secretaría Técnica de Enseñanza de la Asamblea de los Obispos del Sur.
Declaraciones del portavoz del Observatorio por la libertad de enseñanza
El Coordinador del Observatorio, Jesús Muñoz de Priego, asesor jurídico de las escuelas salesianas, contestó a un cuestionario que le hizo llegar La Celosía.
– ¿Porqué el Observatorio por la libertad de enseñanza se ha focalizado en Andalucía? ¿Se creará un Observatorio por la libertad de enseñanza a nivel nacional?
El que el ámbito de reflexión y actuación del Observatorio se ciña actualmente a Andalucía, responde más que a una decisión explícita o a una opción excluyente, a un principio de oportunidad y posibilidad. Es cierto, que en materia educativa existe la distribución de competencias plenas a las Comunidades autónomas, por lo que el Estado se reserva unos mínimos, que francamente cada vez son más mínimos, generando un efecto práctico de casi diecisiete sistemas educativos. Esto hace que las decisiones que afectan al ejercicio de la libertad de enseñanza, salvo supuestos excepcionales, como es la aprobación de una ley orgánica -que se ha producido precisamente en el momento actual con la LOMCE que modifica el tenor literal de los artículos de la LOE socialista, que es la que sigue vigente- se produzcan fundamentalmente en el desarrollo de las políticas educativas de las diferentes Comunidades autónomas. De este modo, lo real es que el análisis de la normativa educativa y el ejercicio de la libertad de enseñanza debe hacerse normalmente en el ámbito competencial de las Comunidades autónomas. Pero esto no excluye la posibilidad de la creación de Observatorios de este mismo tipo en otras Comunidades autónomas o incluso en una unión o coordinación de las mismas a nivel nacional. Sin embargo, decíamos que la creación de este Observatorio ceñido al ámbito andaluz, responde más a criterios de viabilidad y oportunidad en este momento. En este caso para la creación de este Observatorio formado por entidades muy representativas de titulares, trabajadores y padres en el sector de la enseñanza de iniciativa social y otras asociaciones y entidades sociales interesadas en el ejercicio de la libertad de enseñanza, es necesario que se den unas circunstancias previas de complicidad, de compartir puntos de vista, de haber vivido las mismas experiencias y haber “sufrido” las mismas políticas restrictivas, … no solo institucionales entre las diversas entidades, sino también personales entre quienes representan a las mismas. Hoy estos previos se dan en Andalucía, lo que permite poner en marcha ya este proyecto, que nos parece fundamental para sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de que se les permita el ejercicio de la libertad de enseñanza y de la trascendencia de que la misma pueda ser restringida, a veces sin que ni siquiera sean conscientes de que tienen y deben exigir ese derecho. Es probable que estas mismas circunstancias previas puedan darse en otras comunidades o incluso en un nivel nacional, pero eso a los promotores de esta idea hoy se nos escapa. En esto pensamos que es fundamental empezar a funcionar y ya veremos si en un futuro, más o menos inmediato, es posible extrapolar esta experiencia. Para ello parece que será muy importante valorar el trabajo y la incidencia que podamos tener en Andalucía.
– Su creación coincide con la apertura del plazo de preinscripción de alumnos en los centros escolares. Desde algunos obispados se envían circulares sobre la educación de los hijos. ¿Pretende el Observatorio una férrea defensa de la educación concertada?
El Observatorio pretende la defensa de la libertad de enseñanza. Esta libertad supone un complejo entramado de libertades que acaban relacionándose entre sí, desde la libertad de crear un centro distinto de los que son de titularidad de la Administración pública, hasta el dotarlos de un ideario, la organización y el gobierno de estos centros, la identidad de la comunidad educativa con el ideario,… pero todo ello al final acaba coadyuvando a que la libertad fundamental sea que los padres puedan elegir tipo o modelo de educación, la formación religiosa y moral que quieren para sus hijos o , finalmente, más en concreto aún, que puedan elegir centro. La defensa de la libertad de enseñanza supone que quien elija centro educativo sean las familias, y no el Estado, ni las Comunidades autónomas, ni los partidos políticos según sus tendencias ideológicas. En puridad la defensa de la libertad de enseñanza no supone un beneficio mayor para la enseñanza concertada que para la de titularidad pública. Lo que se defiende es que los padres decidan el modelo que quieren para sus hijos, sea público, sea concertado, con o sin ideario explícito. Pero es evidente que el ejercicio de la libertad de enseñanza sí es contrario a políticas dirigistas que supongan sesgar la elección de los padres o a planificaciones unilaterales que menosprecien y menoscaben la posibilidad de elección de éstos. Quienes defienden que el partido que gana unas elecciones puede hacer y deshacer a su antojo y decidir dónde deben ir los alumnos, y dónde los fondos públicos, olvidan que el reconocimiento de la libertad de enseñanza está en la propia Constitución española, luego es un límite a la actuación de la Administración educativa, y que los centros educativos sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados) se sostienen con los impuestos de todos los ciudadanos (los que eligen un tipo de centro y los que eligen otros).
– ¿Cree que pueden convivir dos modelos diferentes de enseñanza, pública y privada?
No solo creo que pueden, sino que entiendo que deben convivir. En realidad la enseñanza privada, en sentido estricto, de pago, nunca se cuestiona. La libertad de empresa está asumida. Pero para el ejercicio de la libertad de enseñanza eso es insuficiente. Si existen centros con idearios diferenciados, pero para poder elegirlos hace falta abonar una cuantía, eso impide que una parte de la población, posiblemente mayoritaria, pueda elegir. Por tanto, la posibilidad de elección es ficticia y la libertad de enseñanza también. Esto es lo que ha llevado a que en el reconocimiento de la libertad de enseñanza constitucional se recoja expresamente la obligatoriedad de la Administración de ayudar y financiar a centros privados, en este momento, por medio del régimen de concierto educativo. La libertad de enseñanza supone que hay centros cualitativamente distintos o diferenciados, que pueden responder a idearios diversos, que son generados desde la propia sociedad civil y que pueden ser elegidos por ciudadanos que comparten ese ideario. Para que puedan ser elegidos por todos, en igualdad de condiciones, se financian públicamente los mismos. En una sociedad plural y democrática no cabría entender la existencia sólo de la escuela de titularidad pública, que evidentemente también tiene su ideología particular, a veces explícita, a veces vergonzante, a veces por opción, a veces por omisión, a veces en las opciones del propio curriculum y a veces en el curriculum oculto, … Esto probablemente requiere de una explicación más extensa. El Observatorio también nace precisamente para ahondar en estas reflexiones y en el debate social sobre la libertad de enseñanza.
Cinco autonomías contra la Lomce del PP
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobada el pasado 9 de diciembre. El Ejecutivo andaluz considera que la norma estatal atenta contra los principios de acceso a la educación en condiciones de igualdad y contra el perfil compensatorio de las políticas de la Junta en esta materia, además de invadir competencias en los ámbitos de la evaluación y la garantía de calidad. Se suma a los responsables de Educación de las comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular. Los consejeros de Educación del País Vasco (PNV), Cataluña (CiU), Asturias (PSOE) y Canarias (CC) comparecieron, con el de Andalucía, para anunciar que es “imposible” que apliquen la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) el próximo curso.
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