Los obispos españoles disfrutan de un privilegio que no posee ningún empresario: seleccionan a su personal y prescinden de él según sus particulares criterios, pero es el Estado el que paga los sueldos y el que afronta las indemnizaciones en caso de despido improcedente. Que tome nota la patronal de esta bicoca que permite a los obispos incluso quitarse de encima a los siempre incómodos sindicalistas. Total, de perder el pleito -y casi siempre lo pierden- paga el Estado.
Desde que en 1979 el Gobierno español suscribió con el Vaticano un acuerdo que permite este estado de cosas, la Iglesia católica ha perdido decenas de pleitos que han costado al erario público millones de euros a cuenta de los despidos improcedentes de los profesores de religión católica, que suman, por cierto, un total de 17.000 en las escuelas públicas españolas.
El último caso es el de Resurrección Galera, una profesora de religión católica de Almería que tuvo la desfachatez de casarse con un divorciado.
Galera fue despedida en el año 2001 y desde entonces ha estado pleiteando hasta que ha logrado una sentencia favorable y firme por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al que el Tribunal Constitucional ha obligado a revocar una primera decisión que daba la razón al obispado almeriense. Este, por cierto, ha anunciado tras conocer la nueva sentencia que no readmitirá a Galera en su puesto. La Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación tendrán que abonar los cerca de 200.000 euros con los que habrá que indemnizar a esta mujer tan casquivana a ojos del obispado.
Esta decisión judicial vuelve a dejar las cosas en su sitio: ser profesor de religión católica exige una vida privada acorde con las exigencias eclesiásticas. Un docente no solo no puede casarse con un divorciado. Tampoco debe tener relaciones con alguien aun estando separado ni hacer huelga ni ser un vil sindicalista. El anterior Gobierno cambió la ley para que estos profesores tuvieran desde el primer día contrato fijo y no fueran víctimas de la precariedad a la que les sometían los obispos, pero quién sabe si los prelados lograrán incluso revocar un mandamiento civil tan molesto.
