Obispos del Sur ven un «atropello» al derecho de los padres que el Estatuto andaluz recoja una enseñanza laica

Los Obispos del Sur consideraron hoy un "atropello" al derecho constitucional de los padres el artículo 21 del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, el cual recoge que "la enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica".

En declaraciones a Europa Press, el asesor técnico de Enseñanza de los Obispos del Sur, Baldomero Rodríguez Carrasco, subrayó que, "si por laico se entiende una enseñanza que margina la dimensión religiosa, se está cometiendo una auténtica barbaridad", e indicó que "el tipo de enseñanza no lo determina la escuela, sino los padres".

"Es un término absolutamente inadecuado", prosiguió el asesor técnico de Enseñanza de los Obispos del Sur, pues, según dijo, "una cosa es que la escuela pueda ser considerada laica, en el sentido de que esté abierta a las distintas opciones ideológicas y religiosas, y otra cuestión es que se considere laica a la propia enseñanza".

En este sentido, Rodríguez Carrasco aseveró que "hablar de educación laica en el sentido de laicismo y de negación de los valores trascendentales es un atropello a la cultura occidental y a la libertad humana", ya que, a su juicio, esto supone "una dictadura del planteamiento ideológico".

PSOE y PP lograron ayer reducir al mínimo sus diferencias y aprobar por consenso más de la mitad del que será nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. Así, lograron una redacción de consenso sobre enseñanza laica, uno de los principales puntos de discrepancia entre ambas formaciones.

Así, en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía andaluz, relativo a la enseñanza laica, se cambia el segundo apartado para señalar que "los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica". También se concreta que "los poderes públicos de la Comunidad tendrán en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluza".

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