«¡De la Vega, presidenta!» es la frase que cualquier obispo en su sano juicio debería haber gritado en el Acto de Exaltación del Derecho Canónico, en la Plaza de Colón de Madrid, el pasado dia 30 de Diciembre.
Sin embargo, ajenos a que la negociadora del Gobierno de España ante la Conferencia Episcopal y la Santa Sede, fue autorizada por el Gobierno en pleno y especialmente el Vicepresidente Solbes a conceder un 0,7 del IRPF a la asociación de creyentes católicos ICAR, ajenos a que “no se debe morder la mano de quien te ayuda” han puesto en marcha, otra vez, la maquinaria de la sin-razón ultraconservadora. Los consignazos políticos de esos obispos invaden el terreno de la política, para encanallarla. Nada nuevo en los últimos cuatro años. Solo un peldaño más en su escalada esperpéntica de despropósitos. Las izquierdas han desactivado una tras otra, las estratagemas con que han pretendido, en balde, manchar la Hoja de Servicios del Gobierno Socialista y las izquierdas, con Izquierda Unida en cabeza. En el plazo de venticuatro horas la Verdad ha ido siendo demostrada ante la opinión pública.
Sus discursos fueron tan demagógicos, faltaron tanto a la Verdad, al agradecimiento debido a quienes les financiamos , la ciudadanía, que a nadie pueden zaherir, sino que lo que provocan a la mirada humanista, es pena, conmiseración, rechazo a la religión católica y a los instructores y maestros de seminarios o universidades católicos
que tan concienzudamente les han castrado y desprovisto, curso a curso, de su capacidad, inexplorada, de análisis veraz, de pura lógica y raciocinio.
Para cualquier receptor de los Derechos Humanos que se nos han ido descodificando, aun parcialmente a veces, por las Cortes Españolas, y han sido muchos, escuchar en la recta final de esta VIII legislatura, las amenazas que espetó el lider de los “kikos”: “Os anuncio que la Democracia se disolverá en España” en vez de “los DD.HH aumentan en España”, o aquella de Rouco: “se está diluyendo el ordenamiento jurídico” en vez de “se han expulsado del ordenamiento jurídico las normativas franquistas de la Dictadura”, es levantarse contra uno de los tres principios elaborados por los Presidentes del Tribunal Constitucional, Garcia-Pelayo o D. Francisco Tomás y Valiente. Otro importantísimo ámbito, tercer poder del Estado, independiente, sobre el que ansian los obispos imponer el Derecho Canónico que les es propio.
Otro golpe blando, vaya, como el que intentaron consumar en el CGPJ, que se produce sobre su incomprensible estado de Impunidad y sus responsabilidades indudables en el desarrollo y encubriendo del genocidio de presos republicanos, en la España de 1939 a 1953: 250.000 seres humanos.
Ojala los votantes lo guarden en la memoria el 9 de Marzo y la Vicepresidenta de España, Maria Teresa Fernández de la Vega proponga la Reforma de las relaciones con la asociación de creyentes ICAR y el Vaticano. Los cerdos se comen las rosas.
