Obispos de España, ¡dejen ya de tomarnos el pelo!

En mi libro Los obispos son peligrosos, así en la tierra como en el cielo, conté el caso, entre otros, de la profesora de religión Resurrección Galera Navarro, a quien el obispo de Almería, Rosendo Álvarez, despidió en el curso 2001-2002, porque la mujer cometió el “pecado” de casarse por lo civil con un divorciado.

El PSOE, que entonces estaba en la oposición, registró en el Congreso una iniciativa pidiendo al Gobierno del PP la modificación del Convenio del Estado con la Iglesia en materia de educación, con el fin de eliminar cualquier disposición que evitase casos como el de R. Galera. El PSOE expondría que la no renovación del contrato de esta docente vulneraba el derecho a su intimidad y su libertad para casarse en todas las formas permitidas por la legislación española.

A pesar de esta denuncia en el Congreso, recordaré que el PSOE cuando llegó al poder en 2004 no haría nada por erradicar las causas que generaban dicha situación. Mientras fue oposición parecía comerse el mundo, estando dispuesto, incluso, a mandar los acuerdos con la santa Sede al mar Negro. Puro espejismo. No lo hizo González con mayoría absoluta en el congreso, ni, tampoco, Rodríguez Zapatero. La actitud acomplejada del PSOE ante la Cruz forma parte de su consustancial parsimonia ante la jerarquía católica. Esta supuesta izquierda española institucionalizada acarrea sobre sus espaldas la joroba agusanada del nacionalcatolicismo aunque no quiera reconocerlo. En este terreno, actúa como el PP, conculcando una y otra vez el carácter aconfesional del Estado y permitiendo que sus concejales, alcaldes y diputados participen en actos religiosos “representando oficialmente” a la ciudadanía.

El caso de la profesora Galera no sería único. El 6 de septiembre de 2001, el obispo Antonio Dorado despediría a la profesora Francisca Urbano, profesora de religión del colegio Remedios Rojo de Monda (Málaga), por no ir a misa e irse de copas con sus amigos (El País, 6.9.2001). Lo llamativo del caso sería que el arzobispado de Granada contrató a un cura casado para sustituirla. Casarse por lo civil con un divorciado inhabilita a una mujer para la enseñanza de la religión, pues, según la Iglesia, quien lo hace se sitúa fuera de ella por voluntad propia. Pero ser cura, colgar el sayal y casarse no constituye incompatibilidad alguna para dar catequesis católica.

Este sería el caso de Pedro Talavera, un ex sacerdote jienense de 65 años. En 1976, pidió la reducción al estado laical. Se casó, fue padre de varios hijos, hizo un máster en asesoría fiscal y, tras verse en el paro, se acordó que sabía teología y pidió ser profesor de religión. Y, como al parecer, este cura sí daba testimonio personal de la doctrina eclesial, el arzobispado lo admitió. Lo chocante es que este ex-cura justificase en unas declaraciones la no renovación del contrato a Galera asegurando que “el obispo delega en nosotros la misión de enseñar teología, moral católica, y para ello hemos de vivir de acuerdo con ello”. Pues ¡qué bien!

En el caso de Resurrección Galera, conviene indicar que el Tribunal Constitucional, ya en 2012, declaró nulo su despido para ese curso de 2012-2013, al entender que se produjo una violación de sus derechos fundamentales y que se trató de una acción en represión a un pleito judicial emprendido por la docente hacía 15 años por lo que, al margen de la readmisión, se le pagasen los salarios de tramitación de entonces. Salarios que tendría que pagar el Estado, dado que en este ámbito la Jerarquía eclesiástica es quien elige a sus peones, pero es el Gobierno, los contribuyentes, quien apechuga con sus nóminas. Delirante.

Siguiendo con el caso de Galera, digamos que el obispo actual de Almería, Adolfo González Montes, en declaraciones del 10 de octubre de 2017, declararía que “la Iglesia no podía cumplir con las sentencias del Tribunal Supremo, porque hay sentencias que son imposibles de acatar apelando al derecho a la libertad religiosa que garantiza la Constitución Española”, para asegurar tajante que “nadie me puede obligar la venia religiosa a enseñar religión a dicha profesora”.

¿Significa esto que la Iglesia y su Jerarquía están por encima de lo que dictan las leyes del Estado? ¿Cómo es posible que el Tribunal Supremo dicte una sentencia y el Estado no la haga cumplir de inmediato al arzobispado? ¿Cómo es posible en un Estado de Derecho tal servidumbre civil ante el poder eclesiástico? Es evidente que los ciudadanos ni somos iguales ante la ley, ni ante una sentencia dictada por un alto tribunal. ¿Quién, en este país, osaría escaquearse de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo? Caso de hacerlo, el Gobierno declararía una orden nacional e internacional de busca y captura del felón correspondiente ¿Por qué no la dicta contra la Iglesia? ¿Acaso no es un delito el incumplimiento de una sentencia en firme?

Sin embargo, lo más llamativo de este obispo, no sería su evangélica contumacia a negarse a cumplir la sentencia de un alto tribunal del Estado, sino su fría desfachatez al proclamar que “la única solución para lo de Cataluña es cumplir la ley”. Pues a su juicio, y cito literalmente sus palabras, “la Constitución es el marco de solución del problema de Cataluña y de todos los problemas de España, toda vez que esta puede ser modificada, pero sobre la base de su propia legalidad”.

Inaudito. Todos los problemas de España se pueden solucionar siguiendo el marco de la Constitución, pero no los problemas que se generan en el ámbito eclesiástico. No lo dijo, pero solo le faltó añadir que la Iglesia nunca comete delitos, sino pecados, por lo que el espacio de su enjuiciamiento corresponde a una jurisdicción eclesiástica particular, como los militares de antaño.

Pienso que ya va siendo hora de que el Estado obligue a la obispada de este país a aclararse de una vez por todas sobre esta materia tan sensible a la equidad e imparcialidad jurídicas. Tiene que plantarse ante tanta veleidad y exigir que los obispos se dejen de chirigotas apelando, como hacen, a la conciencia para escaquearse del cumplimiento de las leyes, obligándoles a cumplirlas sin más dilación como a cualquier ciudadano.

Sabemos que la situación no es fácil. No solo por la existencia del envilecido Concordato, sino por esa mentalidad integrista que adorna el casquete cerebral de tanto mitrado y las creencias religiosas en que chapotean cantidad de políticos, incapaces de separar a César de sus fantasmagorías teológicas. El recochineo de los obispos supera con creces el listón de la desfachatez.

Solo un detalle más. El ya fallecido arzobispo Carles afirmaba que “obedecer la ley antes que la conciencia lleva a Auschwitz, porque no eran delincuentes los que hicieron Auschwitz, sino gente a la que se forzó o creyó que tenía que obedecer primero las leyes del Gobierno nazi que a su conciencia”.

Pero, claro, si la ley sirve para solucionar el desafío independentista, ¿por qué se desprecia con tanta caradura una sentencia derivada de este mismo órgano judicial?

En cualquier caso, lo más patético es comprobar que dicho cambalache eclesial sigue sirviendo a la Iglesia como coartada y hacerse la longuis sine die. Desde que se dictó sentencia en contra del despido de dicha profesora, el poder judicial no ha movido ni una pestaña para hacerla efectiva. Así que, visto semejante proceder del poder civil, no extrañará que la Iglesia siga haciendo lo que le salga del introito. Cuando le interese, apelará a la ley; cuando no, a la conciencia, la cual, como dijera L Sterne, muchos clérigos la tienen ubicada en el estómago. Y, si son obispos, en el abdomen, tradicionalmente bien voluminoso.

Víctor Moreno Bayona

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*Los artículos de opinión expresan la de su autor, sin que la publicación suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan todo lo expresado en el mismo. Europa Laica expresa sus opiniones a través de sus comunicados.
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