Obispos católicos de Puerto Rico buscan apoyos en Estados Unidos contra la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a pagar las pensiones de los maestros de sus colegios

Dos influyentes organizaciones religiosas de Estados Unidos apoyaron ante el Tribunal Supremo federal la apelación de las autoridades católicas de la isla que busca revertir una decisión del máximo foro judicial puertorriqueño.

Se trata de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur.

Como “amigos de la corte”, ambas organizaciones argumentaron que la decisión del Supremo de Puerto Rico, que resolvió que en la isla todas las entidades católicas son parte de una misma estructura, violó las protecciones de libertad religiosa bajo la Constitución de Estados Unidos.

“La decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico violó la Primera Enmienda (de la Constitución federal), al interferir con la gobernanza de la iglesia y por infringir el libre ejercicio de la religión”, indica la moción de la Conferencia de Obispos, que agrupa a cardenales, arzobispos y obispos católicos en Estados Unidos.

Como parte de la demanda de maestros de varios colegios católicos, en reclamo de sus pensiones, el Supremo puertorriqueño resolvió que no solo la Arquidiócesis de San Juan, sino también a las demás diócesis, tenían que responder. El Supremo entendió que todas las diócesis son parte de la “Iglesia Católica Apostólica y Romana de Puerto Rico”, por ser la única entidad de esa religión con personalidad jurídica en la isla.

La Conferencia planteó que un tribunal civil no tiene autoridad para anular la estructura legal escogida por una entidad religiosa y decidir cómo tiene que estar organizada. Destacó que no existe tal “supercorporación” denominada como la “Iglesia Católica Apostólica y Romana de Puerto Rico”.

Además, recalcó que las diócesis “son personas jurídicas bajo el derecho canónico” y responden a  “la supervisión de sus propios obispos”.  Señaló que, por esa razón, el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, quien es el demandado en este caso,  no tiene poder para impartirles instrucciones a los demás obispos.

Sin embargo, advirtió que -por la decisión del Supremo de Puerto Rico-, González Nieves podría ser encontrado en desacato si las diócesis, que no controla, fallan en cumplir con las órdenes del tribunal.

“La Conferencia teme que la interpretación de ley adoptada por el tribunal mencionado, si se deja incorrecto, puede engendrar consecuencias desastrosas para la Conferencia, sus miembros y las instituciones religiosas a través de Estados Unidos”, agregó.

Argumentos similares fueron planteados por la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur, que es la mayor denominación protestante de Estados Unidos, con más de 46,000 iglesias y 15.2 millones de miembros.

“En este caso, no se está cuestionando si un tribunal puede establecer obligaciones contra una entidad religiosa, es sobre si un tribunal puede crear nuevos demandados eclesiásticos, al imaginar una iglesia que nunca existió”, señaló la Comisión.

“Es difícil concebir una resolución judicial que haya creado una mayor intrusión en asuntos de una iglesia”, agregó.

Asimismo, recordó que, desde 1891, el Supremo federal ha aplicado el “principio de autonomía de la iglesia” en las disputas entre las organizaciones religiosas y el Estado bajo la Primera Enmienda.

“En su esencia, la autonomía de la iglesia les da a las organizaciones religiosas y sus denominaciones independencia del control secular o manipulación y el poder para decidir por sí mismos -libre de interferencia estatal- asuntos del gobierno de la iglesia, así como de fe y doctrina”, afirmó.

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