Es definitivo: el gobierno del Señor Zarur en Tlaxcala, vive en la permanente inconstitucionalidad y en la permanente impunidad, porque nada lo detiene en su autoritarismo ni nadie se atreve a responsabilizarlo por ello.
Lo que es atrozmente trascendente y perjudicial para los tlaxcaltecas y que vulnera peligrosamente el Estado de Derecho en Tlaxcala, es el sistemático comportamiento del Gobernador, al realizar directamente él o tolerando a sus subordinados, acciones violatorias tanto a la Constitución de la República como a otras leyes; ¿cómo? pues con sus actos ha llegado a la violación de la libertad de prensa al perseguir a periodistas que evidencian sus ilegalidades; promueve su imagen con recursos públicos; firma convenios con la iglesia católica para cumplir los fines educativos del Estado mexicano que son estrictamente laicos, y la comisión de delitos como permitir el uso de espacios públicos a sus amigos para que celebren una boda, desviando con esto el destino del uso de bienes públicos, previsto por la ley.
Y ahora, otra inconstitucionalidad más del gobernador tlaxcalteca, ha permitido que el Obispo de Tlaxcala, Francisco Moreno Barrón y otros sacerdotes, encabezaran una marcha pública el pasado 22 de abril, en la ciudad de capital del Estado, en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por supuestamente haber promovido ésta un juicio de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual dicha Comisión pretende que no se criminalice a la mujer que interrumpa su embarazo en casos específicos como la inseminación artificial no consentida y cuando el producto presente alteraciones congénitas o genéticas incompatibles con la vida; y que con esa marcha, afirmaron los manifestantes, estarían previniendo también que algún día se despenalice totalmente el aborto en Tlaxcala y en el país.
Marcha por cierto, realizada con un afán protagónico por parte de la diócesis tlaxcalteca, porque habría que precisar que ya en el artículo 243 del Código Penal de Tlaxcala, están previstas claramente varias causas en las que el aborto no se penaliza y que con las reformas de hace unos días definitivamente no se penalizará a las mujeres.
Pero lo significativo de este asunto consiste en que, a escasos días de haber cometido y publicado en el Sol de Tlaxcala, una flagrante violación al artículo 3º de la Constitución de la República, con la firma de un convenio educativo con la diócesis tlaxcalteca para impartir educación dentro de las parroquias, el gobierno encabezado por el Señor Zarur, vuelve a incurrir en otra violación de la constitución federal al no impedir que sacerdotes católicos (nuevamente de la diócesis tlaxcalteca) participaran y encabezaran la marcha que comentamos; el artículo 24 de nuestra Carta Magna, señala en la parte final de su primer párrafo: “Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad (la Libertad de Religión) con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.
Este artículo 24 se refiere no sólo a una prohibición a las iglesias (incluida la católica) de utilizar los actos públicos de expresión de la libertad religiosa con fines de proselitismo o de propaganda política, sino de cualquier fin político, entendiéndose éste como la total actividad del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones ejecutivas, legislativas o judiciales.
En el caso de la marcha, la violación de la Constitución de la República, cometida por omisión del gobierno tlaxcalteca, consiste en que siendo él auxiliar del gobierno federal, en la aplicación de la LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PUBLICO, por disposición del artículo 25 de ésta, tenía como obligación impedir (que no lo hizo) que los ministros religiosos participaran y encabezaran una marcha para intentar interferir mediante una manifestación, el ejercicio de una acción jurídica (juicio de inconstitucionalidad) de una institución del Estado laico que tenemos establecido, como lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, abarcando también, aunque de manera indirecta, la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia del país, que conoce del juicio de inconstitucionalidad por el tema de Aborto mencionado y promovido supuestamente por dicha Comisión Estatal, siendo que ese tipo de manifestación está terminantemente prohibido por nuestras leyes a los ministros de los cultos religiosos.
Es verdad que las asociaciones religiosas tienen derecho a efectuar actos de su culto de manera pública, así como propagar su doctrina, pero siempre que no vulneren las leyes que los rigen (artículo 9º de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público), pero ninguna norma le permite a cualquier iglesia interferir, participar, intervenir, manifestarse públicamente respecto de cualquiera de las acciones que el Estado laico mexicano emprenda, en cualquiera de sus niveles Federal, Estatal o Municipal.
El artículo 40 de la Constitución Federal y, el 1º y 3º de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, establecen que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República laica, que las normas que contiene la Ley de Asociaciones mencionada, están basadas en el principio histórico de la división del Estado y las Iglesias y en el de la libertad de creencias religiosas, que el Estado mexicano ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, en lo relativo a la observancia de la Constitución, Tratados Internacionales ratificados por México y demás legislación aplicable y la tutela de derechos de terceros; además se prevé, que el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.
Así las cosas, si hubo un permiso otorgado por la autoridad para la realización de la marcha, ese está muy lejos de la legalidad; además, esos permisos para que las asociaciones religiosas realicen actos públicos de su culto los otorga la Secretaría de Gobernación Federal y tienen por ley (artículo 27 de la Ley de Asociaciones mencionada), que ponerse previamente a la realización del acto, en conocimiento de las autoridades estatales y municipales respectivas, en este caso las de Tlaxcala.
Suponiendo la existencia de ese permiso (ilegal, reitero), de todas maneras era obligación por ley, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, impedir que dentro de su territorio se cometiera una flagrante violación a la Constitución Federal y al no hacerlo, es evidente que por omisión tiene también la responsabilidad de haber permitido que se produjera el aberrante acto jurídico de la marcha encabezada por ministros religiosos (enfundados en sus sotanas), pretendiendo interferir en los actos laicos del Estado, lo cual está tajantemente prohibido por la Constitución de la República.
Este gobierno tlaxcalteca será recordado por ser constante violador impune de la Constitución Federal.
Los Diputados locales y las autoridades Federales saben sobradamente que las acciones inconstitucionales, ilegales y hasta probablemente ilícitas del gobernador tlaxcalteca, dañan aún más la ya muy deteriorada imagen de la clase política del Estado y del país y que además, le causan un tremendo perjuicio a la credibilidad de la gente por el Estado-Gobierno de la República; pero a pesar de ello, no hacen nada para detenerlo.
Es increíble, que ante tantas evidentes ilegalidades no se castigue al responsable directo de todo eso y que las autoridades correspondientes muestren a toda la gente, con su complacencia y pasividad ante todos esos hechos, que una sola persona, que debiera ser la primera en respetar y cumplir la ley por el cargo de Gobernador que tiene, es por el contrario y de manera pública, un ser superior a la Constitución, a la ley y al propio President e de la República, del que casi todos pensamos, que está perfectamente enterado de la situación, pero que tampoco hace nada para evitar que la impunidad siga prevaleciendo en el país bajo su administración.
No hay poder humano ni divino que frene al Señor Zarur, máxime que ahora tiene, seguramente, grandes influencias con el Dios católico, a cuyos ministros les permite públicamente pisotear la máxima Ley de este país.
Y como una visión, llega a nuestra mente aquel Anónimo:
En tiempos de las bárbaras legiones,
de lo alto de las cruces colgaban a los ladrones…
Hoy, en pleno siglo del progreso y de las luces,
del pecho de los ladrones cuelgan las cruces.
