El caso ocurrió en Cali. La Archidiócesis dijo que la culpa de que el cura William Mazo abusara de cuatro niños fue de los padres, por descuidar a sus hijos.
La Archidiócesis de Cali señaló que hubo una “omisión directa de los hoy reconocidos como víctimas indirectas en el actuar del señor Mazo Pérez, ya que violaron el deber de cuidado, deber de custodia, salvaguarda, vigilancia y protección hacia los hijos y familiares (…) que en esa época contaban con 10 u 11 años de edad”.
El abuso contra cuatro niños se presentó en 2009. El párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria del barrio Alfonso Bonilla Aragón fue denunciado por abusar de los menores y pedirles su silencio a cambio de dinero y regalos.
La iglesia expuso que hubo de un “exceso de confianza y pasividad” de sus guardianes”.
De igual forma, la Arquidiócesis explicó que no considera justificable el pago de una indemnización porque “no se ha probado el daño manifestado y la cuantificación del mismo”.
Según Elmer Montaña, representante de las cuatro familias de los menores víctimas, que en esa época tenían entre 10 y 13 años, en los alegatos del abogado de la Arquidiócesis de Cali se le atribuye la responsabilidad a las víctimas y en especial a los padres por haber confiado en el sacerdote y en lo que llama la familia unida.
Montaña aseguró que, además, en los argumentos del abogado Walter Jannikler Collazos se rechaza que las víctimas hayan sufrido algún tipo de daño moral o sicológico por el abuso al que fueron sometidas e ironiza con el estado de desamparo de ellas.
Se conoció el incidente de reparación en el que se alega en uno de los puntos “que la causa eficiente del daño es la conducta negligente adoptada por la misma víctima indirecta (padres, abuelos tíos) los cuales eran los llamados para estar allí para custodiar el bien más preciado: los niños”.
Además, cita el Código Civil en el que se dice que “los padres serán responsables de los daños causados por los delitos y las culpas de sus hijos menores, que conocidamente provengan de mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir”.
Para Montaña, en su alegato, la iglesia debe responder porque los hechos de abuso sexual ocurrieron dentro de la Casa Parroquial y la misma iglesia. “Los niños fueron abusados por este sacerdote que se aprovechó de la confianza que los padres habían depositado en él cuando ejercía el ministerio sacerdotal”.
El abogado de las víctimas agregó que es tan grave lo ocurrido en el alegato de la Arquidiócesis que se le pide al juez no solo multar a las víctimas demandantes por haber presentado el incidente y en segundo lugar que condenen a costas a las víctimas, o sea los gastos en los que ha incurrido la parte demandada.
Para la representante a la Cámara, Ángela Robledo, quien ha sido una de las críticas de la situación de abuso contra los menores en el país, “una situación como esta es revictimizante, sobre todo la argumentación de este abuso al equiparar la culpa a los padres. Es una argumentación que aparte de ser revictimizante es infame”.
“La Iglesia tiene que responder por estos casos. Ya lo ha dicho el Papa Francisco y la misma Corte Suprema también ha ordenado que reparen a las víctimas, de lo contrario terminan siendo cómplices. La Ley se tiene que cumplir con una reparación no solo moral sino económica”, agregó.
Robledo hace referencia a un fallo del 2015 en el que la Corte dejó en firme la primera condena por un caso de pederastia ocurrido en Tolima por parte del sacerdote Luis Enrique Duque. En esa ocasión, debieron pagar $1300 millones.
