Nuevos elementos comprometen al ex capellán Grasselli

Los vínculos de la iglesia con la dictadura cívico-militar. Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria revela el legajo militar del sacerdote y sus contradicciones.

El cerco judicial en torno al ex secretario del vicariato castrense y capellán del Ejército durante la última dictadura cívico-militar, Emilio Teodoro Grasselli, se cierra cada vez más. Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria enviado el lunes pasado a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad aporta nuevos elementos judiciales que comprometen al sacerdote, quien podría sentarse en el banquillo de los acusados por primera vez luego de que el fiscal federal Federico Delgado pidiera su citación indagatoria. El trabajo se suma al legajo castrense del cura que desnuda las omisiones de Grasselli cada vez que declaró en tribunales. 
Delgado requirió el 16 de septiembre que se interrogue al cura porque consideró que estuvo en un "lugar clave" en el que accedía a 'información cualificada' en relación a la represión clandestina" y, siendo funcionario público, en lugar de denunciarla la habría "administrado". El pedido del procurador fue en el marco de la causa que se abrió en diciembre de 2013 en los tribunales federales de Comodoro Py a partir de los testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado que comprometieron al sacerdote en el juicio Plan Sistemático de Robo de Bebés y en el juicio por la Verdad. El juez Julián Ercolini debe pronunciarse.
Un día antes del pedido de citación que realizó Delgado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) elevó a la procuración coordinada por Jorge Auat un análisis preliminar –hoy en poder del fiscal– sobre el fichero que elaboró Grasselli, que contaba con información sobre más de 2 mil desaparecidos. En aquellas fichas, secuestradas en 1999 por la Cámara Federal de La Plata, el cura registraba datos de las entrevistas que mantenía en plena dictadura con familiares de víctimas de la represión que iban a verlo a la iglesia Stella Maris, sede del vicariato castrense, en pos de encontrar alguna respuesta sobre el paradero de sus seres queridos. Allí anotaba  datos sobre el desaparecido y quién requería la información. Muchas veces, el sacerdote informaba que la víctima había sido asesinada. En el informe se precisó que al menos 22 de los testimonios mencionaron a Grasselli en los juicios de lesa humanidad. El cura continúa en actividad confesando feligreses.
En el trabajo de la CPM se confeccionó una historia del fichero, se describieron las contradicciones en las que cayó Grasselli en las cinco declaraciones judiciales que prestó desde 1984 (no se tomó en cuenta el testimonio que brindó el 28 de agosto pasado en la megacausa Campo de Mayo). También se hizo un cruce entre los datos de las fichas y el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Y se aportó una serie de valiosas interpretaciones sobre el rol que desempeñó el cura durante el terrorismo de Estado. El informe se elaboró en respuesta a una solicitud que realizó la Unidad Fiscal para conocer si existía material sobre Grasselli en la ex DIPPBA, que gestiona la comisión.

LAS FICHAS. En declaraciones judiciales Grasselli dijo que había confeccionado aproximadamente 2500 fichas y que atendió entre 20 y 50 familiares por día. Se trata de una afirmación "problemática", según la comisión. "Suponiendo que atendía 20 casos por día, en un lapso de 8 meses habría alcanzado un total de 4800 fichas, una cifra superior a la real". Ante este escenario, para la CPM se abren tres hipótesis: 
1) Que el número de personas atendidas por día fue menor y que Grasselli exageró para mostrarse como un defensor de los Derechos Humanos; 
2) Que el sacerdote no elaboró fichas de todas las personas. 
3) Que muchas tarjetas fueron eliminadas antes de que la Cámara Federal de La Plata secuestrara el fichero. Esta tesis se sostiene en que Grasselli tuvo 16 años para deshacerse de las fichas que lo comprometían. El caso de José David Aleksosky, quien desapareció el 22 de octubre de 1976, alimenta esta línea investigativa: el hermano de José, Lázaro, declaró en tribunales que cuando lo vieron a Grasselli, este tomó nota. Esa anotación nunca se encontró. En sintonía con este punto, el informe de la comisión recuerda que en abril de 2009, un juez planteó dos posibilidades: "Que Grasselli daba información a las fuerzas armadas sobre qué detenidos estaban siendo buscados" o "que tenía otra lista además del fichero, con otro tipo de información".  

CONTRADICCIONES. En un apartado especial, la comisión remarcó las contradicciones en las que incurrió el sacerdote a lo largo de sus testimonios judiciales. "Entre sus declaraciones de 1984 y 2011 hay una tendencia a recordar menos nombres, acontecimientos, lugares y detalles", se sintetiza. Además, añade que Grasselli siempre adjudicó al difunto Tórtolo las gestiones ante las Fuerzas Armadas para obtener datos sobre los desaparecidos. Sin embargo, se destaca que "al menos en dos casos quedó de manifiesto que él también realizó gestiones. Una fue ante Ojeda, Jefe de la Policía Federal; otra por el caso Aleksosky". 
En todas sus citaciones judiciales, el cura aseguró "que no tenía ningún contacto con las Fuerzas Armadas" durante el terrorismo de Estado. La comisión derriba su afirmación: señala, entre otras cosas, que Grasselli contó con ayuda de soldados de la Marina "en el armado de las fichas". A esto se suma un dato clave, que el cura omitió en todas sus testimoniales: que fue capellán castrense en el Ejército hasta 1980. La exclusión esconde una grosera contradicción.

PRUEBA. El legajo castrense de Grasselli, que estuvo en poder del ministerio de Defensa, se convirtió en otra prueba comprometedora. Según aquel documento, el sacerdote se desempeñó como capellán castrense de la Capellanía Mayor del Ejército, desde el 1 de diciembre de 1967 hasta el 31 de marzo de 1980, cuando renunció al cargo para acceder a su nombramiento como capellán castrense "en la jurisdicción del Ministerio de Defensa", en "el mismo cargo de asistente de S.E, función que cumplía en comisión desde el 1 de diciembre de 1967".
El entonces vicario castrense aceptó su dimisión y le dio "las gracias por los servicios prestados en bien de las Fuerzas Armadas". El retaceo de su cargo de capellán no es menor. Un capellán castrense es un funcionario público. Como tal, Grasselli debió denunciar todos los crímenes que conoció durante el ejercicio de su función. Para la Comisión Provincial por la Memoria "hay indicadores suficientes para sostener que Grasselli tuvo rápido conocimiento de la existencia de centros clandestinos", "de los  asesinatos de detenidos" y "de que se producían nacimientos en cautiverio".

EL ROL. ¿Qué función cumplió Grasselli en la maquinaria represiva?, se preguntan los analistas de la comisión. Si su acción tuvo una intención favorable, impulsada por Tórtolo, "no se explica cómo las gestiones del vicariato fueron tan acotadas y no sobrepasaron las barreras de la simple consulta a las autoridades militares", se afirma en el informe. "Tampoco se explica por qué no existió ninguna oposición de los militares a la iniciativa", agregan.
La comisión profundiza en esta línea: "No debería descartarse la posibilidad de que los militares encontraran útil la acción del vicariato, en función de: 1) Saber qué detenidos eran buscados por sus familiares (…). 2) Ampliar información acerca de las actividades políticas de los detenidos". Es decir, que hacía inteligencia para nutrir de información a las FF.AA. "Puede sugerirse otra motivación, esta propia de la institución: construir una imagen de la Iglesia relacionada con la defensa de los Derechos Humanos", indica la comisión. Este último argumento se derrumba con un dato concreto: de todos los familiares que recurrieron al vicariato en busca de información, sólo en una ocasión se pudo obtener una respuesta esclarecedora respecto del paradero de la víctima. Se trata del caso de Mercedes Borra.
Emilio Mignone escribió en Iglesia y dictadura, publicado en 1986: "La responsabilidad penal y moral de Grasselli surge por no haber denunciado la existencia de detenidos-desaparecidos y de centros clandestinos de detención, pese a su condición de funcionario público. Esto supone la comisión de los delitos de encubrimiento y complicidad." Estas palabras, expresadas 28 años atrás, tienen plena vigencia y desnudan la lentitud de la justicia que, en los últimos días, parece haber salido de su letargo.  «

Las otras causas que enfrenta

En el documento que realizó la Comisión Provincial por la Memoria se hace referencia a un aspecto que debiera profundizarse: los vínculos que Grasselli mantuvo con autoridades de la ESMA. Se trata de un aspecto sin desarrollo en el informe y "permitiría hablar de otra tarea que cumplió (el cura) además de la atención a familiares en el vicariato castrense y por fuera del fichero". Se trata de otra pesquisa que se instruye en los tribunales de Comodoro Py y está a cargo del juez Sergio Torres, quien investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA. En ese expediente hay un documento esclarecedor, que este diario publicó el 7 de septiembre: el registro de la propiedad bonaerense que comprueba que Grasselli era co-propietario de la isla El Silencio, inmueble que fue utilizado por la Armada como centro clandestino de detención, en 1979. 

Además, en una tercera causa, el fiscal de San Martín, Miguel Blanco García Ordas, está investigando la participación de Grasselli en los delitos de lesa humanidad que se cometieron en Campo de Mayo atento al grado de capellán que ostentaba. En los próximos días se espera una resolución al respecto.

Grasselli  vicario castrense Argentina

Confesionario – Grasselli, anoche, todavía en actividad, en la parroquia Nuestra señora de Luján (Castrense) – Foto: edgardo gÓmez

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