El Centro Europeo por la Ley y la Justicia (CELJ) fue autorizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ser “amicus curiae”, es decir, tercera parte, en el caso Lautsi contra Italia, más conocido como el “caso del crucifijo”.
El CELJ presentó sus observaciones por escrito a la Gran Sala del Tribunal el 26 de mayo, y la Gran Sala celebrará la audiencia pública el 30 de junio. La decisión judicial final será publicada a fin de año.
“En sus observaciones por escrito, el CELJ demostró que la presencia del crucifijo en las escuelas italianas es legítima en sí, que no es irrespetuosa con otras creencias y que no hay nada en la Convención Europea de Derechos Humanos que se interprete como un imponer el laicismo en el contexto de la educación pública”, explicó el director del CELJ, Grégor Puppinck.
El caso Lautsi fue remitido a la Gran Sala del tribunal después de que el Gobierno italiano apelara, el pasado 28 de enero, una primera decisión emitida por la Sección Segunda del Tribunal el 3 de noviembre de 2009.
En esta primera decisión, el tribunal dictaminó que la presencia del crucifijo en las aulas es “contraria al derecho de los padres a educar a sus hijos en la línea de sus propias convicciones y al derecho de los niños a la libertad religiosa”, porque los alumnos italianos se sentirían “educados en un entorno escolar marcado por una determinada religión”.
El tribunal dijo que la presencia del crucifijo podría ser “emocionalmente perturbadora” para el hijo de la señora Lautsi y, lo más importante, que su exhibición no podría “fomentar el pensamiento crítico en los alumnos” ni “servir al pluralismo educativo” esencial para preservar una “sociedad democrática”.
El tribunal concluyó que eso había sido una violación del artículo 2 del Protocolo número 1 (Derecho a la educación) considerado junto al artículo 9 (libertad religiosa) de la Convención.
Esta decisión fue duramente criticada por políticos y juristas de varios Estados europeos como una imposición del “laicismo” en las diversas sociedades europeas.
En concreto, se reafirmó que la Convención Europea de Derechos Humanos nunca requirió que el Estado deba “observar la neutralidad confesional en el contexto de la educación pública” o de cualquier otro sector público.
De hecho, varios Estados miembros del Consejo de Europa son “Estados confesionales” con una religión oficial o un reconocimiento de Dios en sus leyes y constituciones.
Al conceder el pasado 2 de marzo la remisión ante la Gran Sala de la decisión de noviembre, el tribunal reconoció que la decisión de noviembre plantea graves problemas legales y debe ser reconsiderada por el tribunal.
El 29 de abril el Gobierno italiano presentó su memorándum al Tribunal explicando que los jueces de Estrasburgo no tienen competencia para imponer el laicismo a un país, y menos a Italia, un país caracterizado por su mayoritaria práctica religiosa e identidad católica.
Algunos Estados miembros, incluidos Malta y Lituania, y 9 ONG también fueron autorizadas a unirse al caso ante la Gran Sala.
Esta participación directa de algunos Estados miembros, como terceros, en un caso individual no tiene ningún precedente. Todos ellos actúan apoyando la legitimidad de la exposición pública del crucifijo.
También es excepcional el amplio apoyo garantizado al CELJ por un gran número (79) de miembros de Parlamentos de varios partidos políticos europeos, que se unieron al caso con el CELJ.
Puppinck destacó que “el verdadero pluralismo empieza respetando las diversas sociedades europeas en relación a la cultura, la identidad y las tradiciones religiosas. Una decisión del Tribunal supranacional que impone el laicismo en Europa es exactamente lo contrario a los valores de pluralismo, respeto y diversidad cultural”.
También presentaron al tribunal un pedido de admisión como terceros en el proceso la Asociación Cristiana de Trabajadores Italianos (ACLI), el Comité Central de los Católicos Alemanes (ZDK) y las Semanas Sociales de Francia y representantes de la red Iniciativa de Cristianos por Europa.
El CELJ es una organización jurídica internacional sin fines de lucro dedicada a la protección de los derechos humanos y la libertad religiosa en Europa y en todo el mundo. Los abogados del CELJ actuaron en numerosos casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, el CELJ tiene un estatus especial consultivo con el ECOSOC de las Naciones Unidas y está acreditado en el Parlamento Europeo.
