Nueva queja de MHUEL ante el Defensor del Pueblo sobre la inmatriculación de la iglesia de San Juan de los Panetes en Zaragoza

La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL ) ; comunica que el 3 de abril de 2018 ha presentado  nueva queja ante la Institución del Defensor del Pueblo referente al informe sobre la situación de la Iglesia de San Juan de los Panetes ( Zaragoza ) proporcionada por la Dirección General de Patrimonio del Estado .
    Este bien inmueble con titularidad reconocida  a nombre de la Administración General del Estado ( Ministerio de Educación ) fue inmatriculada por el Arzobispado de Zaragoza en el año 1989 sin título de dominio inscribible ( Art 206 LH y 304 RH ) .
   La propia DGP determina que San Juan de los Panetes es propiedad del Estado y sin embargo durante casi 30 años ha figurado la titularidad a nombre del Arzobispado de Zaragoza . Conforme a este dictamen , parece ser que el Arzobispado de Zaragoza acudió «vía célere » a un notario de la capital  el 12 de diciembre de 2017  a cancelar la inmatriculación , MHUEL ha demostrado con documentación fehaciente que el 19 de marzo de 2018 , San Juan de los Panetes sigue inscrita en el Registro de la Propiedad  a nombre del Arzobispado de Zaragoza.
  Con esta queja al Defensor del Pueblo , MHUEL amplía la anterior reclamación ante el mismo organismo por la actuación del Registrador de la Propiedad  nº2 de Zaragoza por sus actuaciones referentes a la inmatriculación de la Iglesia de San Pablo ( Zaragoza ) ante las vagas y desconcertantes informaciones de la Dirección General de Registros y Notariado .
  Sirvan estas quejas para determinar  de una manera nítida e informar a la ciudadanía de los entresijos y complicidades  que han rodeado  las inmatriculaciones de la ICAR con los estamentos públicos y su posible connivencia .
   Por diferentes vías y con absoluta independencia , MHUEL apoya las actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza y sus decisiones plenarias para esclarecer de una vez por todas cómo actuó el Arzobispado de Zaragoza a la hora de poner bienes a su nombre al amparo de una normativa de origen franquista – hoy ya derogada – con el único fin de patrimonializarse de manera sospechosa o escandalosa.
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