Nueva Ley de Libertad religiosa

El Gobierno ha anunciado, para el nuevo período de sesiones de las Cortes, la tramitación de un proyecto de ley que sustituya a la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1.980. Poco se ha filtrado del proyecto pero una cosa es clara: Esta ley no va a resolver el problema de la anomalía del tratamiento de la religión en nuestro ordenamiento jurídico. Y no lo va a resolver porque cualquier ley que pretenda abordarlo tiene el techo insalvable de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede de 3 de Enero de 1.979, acuerdos que tienen la consideración jurídica de tratado internacional y que, por tanto, obligan al Estado en tanto no se denuncien, cosa que ya tenemos claro que el gobierno del PSOE no va a hacer.

Los cambios habidos en la sociedad española son la justificación que da el Gobierno para modificar la actual ley. Esos cambios deberían haber llevado a la denuncia de los Acuerdos, cuya contradicción con la Constitución es, de por sí, motivo para llevarla a cabo. No olvidemos que se negociaron antes de la redacción del artículo 16.3 de la misma y que, tramposamente, se firmaron días después de su entrada en vigor para evitar la aplicación de la cláusula derogatoria. En la parte final del 16.3 se introdujo el ambiguo párrafo que los intentaba hacer digeribles. Es de temer que los cambios a los que tratan de dar respuesta se refieran al número creciente de fieles de otras religiones y que se pretenda equipararlas con la Iglesia Católica en el nuevo texto legal, para compensar la situación de privilegio de que disfruta ésta. Es decir, queridos correligionarios ateos, que, si no queríamos caldo, nos darán dos tazas, pero del Estado no confesional que, sobre el papel, tenemos desde 1.978, nada. También se regulará en la ley la retirada de símbolos religiosos de los espacios públicos. Algo es algo, me digo; pero no, no nos entusiasmemos que, a renglón seguido, el señor Caamaño, ministro de Justicia, nos indica que se exceptuarán los que tengan valor histórico, artístico o para el patrimonio. ¿Y no estarían mejor en los museos?

Ante el anuncio de la Ley, los representantes de la Iglesia Católica han empezado a afilar sus armas dialécticas y a decir cosas tales como que la reforma sirve como excusa para imponer un laicismo fanático. A la hora de hacerse las víctimas son únicos, pero saben bien que, teniendo asegurada la vigencia de los Acuerdos, la situación no puede alterarse sustancialmente. Son muchas las materias que, en virtud de ellos, no son susceptibles de reforma. Por enumerar algunas, según el Acuerdo de asuntos jurídicos, el Estado se obliga a convenir con la Iglesia las fiestas que deben coincidir con festividades religiosas y los efectos civiles del matrimonio eclesiástico y de la nulidad del mismo; en el de asuntos económicos se establecen las bases por las que se rige la financiación a través de los presupuestos del Estado y en el de enseñanza y asuntos culturales se dispone que los planes educativos incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación en condiciones equiparables a las demás disciplinas. Sobre el asunto de la financiación, el gobierno de Zapatero ha llegado incluso a ampliar el porcentaje de asignación tributaria, de los que elijan que se destine su aportación a la Iglesia, del 0,52 al 0,7 por ciento de la cuota del IRPF para compensar la pérdida de la exención del IVA, no permitida por la normativa comunitaria. El sistema utilizado para esta modificación ha sido el de "canje de notas" por lo que pasa a formar parte del Acuerdo y para su modificación se requerirá la denuncia. El furibundo laicista que dicen es el presidente debería protestar por esta acusación porque ha resultado ser su mejor amigo.

Estas cuestiones, y otras que figuran en los Acuerdos, no podrán ser modificadas por la anunciada ley y, así, seguiremos financiando todos a la Iglesia Católica, a pesar de que los que señalan en la declaración de la renta la casilla de la ayuda a la misma están en torno al 30 por ciento de los contribuyentes(esto significa que hay en torno a un 30 por ciento de católicos) y se seguirá dando catequesis católica en las escuelas por aberrante que nos pueda parecer que en el lugar destinado a la transmisión del conocimiento científico se enseñen creencias que lo contradicen. Seguiremos viendo que el Estado paga a los profesores de Religión elegidos por la jerarquía eclesiástica, y a los tribunales intentando hacer encaje de bolillos con las sentencias cuando se producen despidos por razones de moral católica que chocan con los derechos constitucionalmente reconocidos a todos los españoles pero que tienen lógica desde un punto de vista religioso. La religión solo debería tener cabida en el sistema de enseñanza a través de una asignatura como la "Historia de las Religiones", estudiadas con el mismo criterio que cualquier disciplina histórica, objetividad. Pero, hoy por hoy, el sueño de una escuela laica seguirá siendo un sueño.
Y lo más irritante del asunto es que una cuestión como la de las relaciones de las iglesias y los creyentes con el Estado no estén reguladas por una norma de derecho interno sino por un tratado internacional, en un caso de asombrosa cesión de soberanía que hunde sus raíces en el franquismo pero del que aún no hemos logrado librarnos. Con el PP no lo vamos a lograr; su alianza con la Iglesia Católica es un elemento casi consustancial. Pero con el PSOE parece ser que tampoco y no porque tema al poder agitador de la misma sino porque, en su seno, junto a los laicistas, hay un nutrido grupo de católicos fervientes que no están por la labor. No es el caso de Peces Barba, creyente pero partidario de la no confesionalidad efectiva del Estado, sino de socialistas como Bono que, cuando presidía la Comunidad de Castilla-la Mancha fue más allá de lo acordado, introduciendo la enseñanza de la religión católica en la Educación Infantil. No sé cuántos son los de esta tendencia pero sí sé que son influyentes y, mientras los laicistas no den la vuelta a la situación en el PSOE, seguiremos topándonos con la Iglesia.

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