El grupo que reclama una escuela publica laica en Nueva Jerusalén no acepta ir a escuelas fuera de su comunidad tal como propone el gobierno
La agrupación laica de la Nueva Jerusalén definió su postura de no aceptar la propuesta del gobierno estatal para ingresar a sus hijos en la escuela de La Injertada pese a que se lleva un gran avance en la construcción de las aulas y que se espera que en una semana queden concluidas.
El representante de los laicos, Emiliano Juárez Damián, detalló que después de una reunión con aproximadamente 400 padres de familia llegaron al acuerdo de no mandar a sus pequeños a dicha escuela por el peligro que representa el camino y porque creen que al aceptarlo están permitiendo que se atente contra el derecho a la educación.
El próximo miércoles se reunirán con el líder sindical Jorge Cázares de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para determinar las estrategias para presionar al gobierno de forma que se compre un predio más cercano a la Nueva Jerusalén o se reconstruya la escuela en el mismo lugar donde se derrumbó.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mandó visitadores para ponerse al tanto de la situación y para asesorarse de que las medidas cautelares se estén respetando, pues recomendaron que el plantel se tiene que instalar donde estaba.
La visitadora regional de Uruapan, Silvia Chávez Gil, precisó que respaldan las medidas cautelares emitidas por la comisión nacional donde el gobierno estatal tiene que garantizar el libre tránsito, la seguridad para la comunidad y el derecho a la educación.
“No se puede atentar contra ninguno de los dos grupos, la recomendación es que la escuela sea donde estaba en ningún lugar más, que estaba en las orillas de la comunidad y no se perjudica a la otra parte.”
El visitador auxiliar Guillermo Arteaga Torres recalcó que antes que nada, el gobierno debe proteger la seguridad de ambos grupos de forma que se concilie un acuerdo protegiendo la dignidad del ser humano.
“Son conflictos de intereses de la gente seguidora de Martín de Tours como los que no, en esa idea de sometimiento y los laicos buscan hacer su grupo más grande, la idea es conciliar queremos la protección de la dignidad del ser humano de un grupo y de otro”.
Desde el año 2005 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió un escrito de queja por hechos violatorios a los derechos humanos cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR), y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJR), señalando que el día 14 de marzo de ese año habitantes de la Nueva Jerusalén estaban amenazados de muerte por un grupo de 40 personas que poseían armas de alto calibre.
Ante la inactividad de los funcionarios públicos y con el análisis de los expedientes, la CNDH, pudo acreditar violación a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia; así como a los derechos de las victimas en los delitos por parte de los servidores públicos.
En tal virtud, el 23 de marzo de 2006 la comisión emitió la primera recomendación 5/2006 dirigida al procurador General de la Republica y al gobierno estatal, y ante la falta de presentación de pruebas se dio por sentado que la recomendación no fue aceptada por lo cual se hizo pública.
Actualmente se emitieron nuevamente las medidas cautelares por parte de la CNDH y se está iniciando la investigación en el caso.
