Rodríguez Zapatero descartó ayer que se llegue a aprobar en esta legislatura la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que en sus últimos borradores, según explicó el ministro de Justicia, establecía restricciones a la libertad de concie
El presidente del Gobierno español aseguró que el Gobierno está «concentrado en los presupuestos y leyes económicas» y que «es lógico» que el Ejecutivo no tramite ninguna otra ley.
Según informaba ayer el pro-gubernamental diario Público, la prometida reforma de la Ley de Libertad Religiosa no va a seguir adelante en esta legislatura. En mayo de 2008 el Gobierno socialista anunció su intención de revisar dicha ley para “avanzar en la condición de laicidad que la Constitución otorga al Estado”, dijo entonces María Teresa De la Vega. Desde el Ejecutivo se habría asegurado recientemente a dicho diario que no oportuno ahora iniciar un debate y abrir un frente laicista porque “no hay ambiente”, y porque se teme que la norma podría no conseguir la mayoría necesaria en el Congreso para ser aprobada.
El presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al ser cuestionado ayer por los periodistas, durante una rueda de prensa en China, afirmó que el Gobierno está “concentrado en los presupuestos y leyes económicas” y que “es lógico” que el Ejecutivo no tramite ninguna ley que no tenga que ver con la economía hasta que no estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado y otras leyes de carácter económico. “Tenemos, más que nunca, un trimestre de iniciativas económicas para combatir la crisis, salir de la crisis y acelerar el cambio de modelo productivo”, dijo Zapatero.
En referencia a dicha ley, desde Moncloa admitieron también que el último borrador es bastante “pacato”, de forma que es probable que "despertara demasiados recelos a izquierda y derecha, y no contentase finalmente a nadie". No obstante, según Público, las fuentes del Ejecutivo no descartan que José Luis Rodríguez Zapatero decida reactivar la tramitación de la ley al final de la legislatura como un gesto para atraerse el voto de izquierdas. A pesar de esto, la mayoría de la cúpula socialista cree que "no es el momento" de iniciar el debate sobre la libertad religiosa porque "no hay ambiente" y porque se corre el riesgo de provocar tensiones en la opinión pública.
Los trabajos de redacción de la nueva ley
El grupo de trabajo que se puso en marcha en 2008 mantuvo una reunión mensual para ir perfilando la polémica Ley, de modo que no afectara mucho a nadie. Desde el mes de marzo dejaron de reunirse, e incluso el portavoz de la Conferencia Episcopal, Martínez Camino, llegó a decir en el mes de mayo que el Gobierno ni siquiera tenía un borrador de dicha Ley.
El pasado mes de febrero, el grupo de trabajo había redactado un último borrador titulado Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa, con 37 artículos. La propia denominación de la ley suscitó un serio debate. Al final se impuso la idea de que “la religión entra dentro de la libertad de conciencia”, por lo que se decidió incluir ese concepto más genérico en primer lugar.
En dicho borrador, los expertos respetaron algunas de las partes fundamentales planteadas al inicio de la elaboración de la norma. Así, el texto recoge la “neutralidad religiosa del Estado” para evitar que cualquier acción de las administraciones públicas pueda interpretarse como un apoyo hacia una u otra confesión religiosa. El borrador también contempla un apartado sobre los símbolos religiosos. El proyecto establece que crucifijos católicos u otros símbolos de otras confesiones religiosas deberán ser retirados de los edificios públicos. Respecto a la actuación de las autoridades, el texto redactado en febrero supedita la participación de los cargos públicos en actos religiosos a que esta se haga sin discriminación de confesiones. Así, si un alcalde decide participar en una procesión de Semana Santa católica, debería también hacerlo en el ayuno islámico del Ramadán o alguna celebración judía si estas confesiones le invitasen.
Europa Laica, en contra de “la injerencia del episcopado católico”
La asociación laicista Europa Laica afirmó hoy que el Gobierno mantiene “los privilegios de la Iglesia católica” y reclamó una nueva ley que establezca la autofinanciación de las confesiones religiosas, la supresión de la enseñanza de la religión de la escuela pública, la eliminación de los símbolos religiosos de los edificios públicos, la sustitución de las ceremonias de Estado de carácter católico por ceremonias civiles y la prohibición de que los cargos públicos acudan de manera oficial a actos religiosos, entre otras medidas.
Europa Laica lamentó que la intención del Ejecutivo sea “poco ambiciosa”: “El Gobierno apenas pretendía modificar el actual marco legal, que garantiza el mantenimiento de los privilegios de la jerarquía católica, e iba a respetar los actuales Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1976 (que se fundamentan en el Concordato de 1953)”, añadió.
Además, Europa Laica criticó que “la realidad en España” esté marcada por “la injerencia del episcopado católico”, lo que se manifestará en las próximas visitas del papa Benedicto XVI a Santiago de Compostela y Barcelona este añó y a Madrid en 2011. Finalmente, Europa Laica anunció que, junto con otras organizaciones, prepara un acto reivindicativo laicista para el próximo día 23 de octubre en Madrid, bajo el lema: “Por un Estado laico, ¡ya!”.
HazteOir asegura que habrá movilización social si se intenta una “Ley de Imposición del Laicismo”
Por su parte, el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, señaló que el Gobierno “debe temer una movilización ciudadana” si afronta la modificación legislativa sobre la libertad religiosa y que “la sociedad está vigilante” en este aspecto. Aseguró que HazteOirg.org está preparada para “lanzar una campaña de movilización ciudadana al máximo nivel para detener la que podríamos llamar 'Ley de Imposición del Laicismo', si llegara el caso”.
“La libertad religiosa y la libertad de conciencia son derechos fundamentales, igual que el derecho a la vida y estamos dispuestos a defenderlos con igual fuerza. Sabemos cómo hacerlo y, si es necesario, lo haremos. El Gobierno ha de tomar buena nota”, advirtió Arsuaga.
