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Nota de prensa de Córdoba Laica sobre las inmatriculaciones e impuestos a la iglesia

Por fin, después de mucho esperar, ha visto la luz la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia católica a partir de 1998, es decir, desde que el Gobierno de José María Aznar aprobara la reforma de la Ley Hipotecaria, de modo que daba potestad a los obispos de poder inmatricular, es decir, registrar por primera vez, templos destinado al culto como bienes de las diócesis con solo sus únicas firmas, como si fueran notarios o funcionarios del Estado.

No obstante, resulta que tras varios años negociando con el Vaticano y la Conferencia Episcopal española, nos enteramos de que han sido más de 35.000 los bienes inmatriculados, entre los que se incluyen, aparte de iglesias y catedrales, también casas, plazas públicas, garajes, locales comerciales, solares, cementerios, arbolados, etc. Es decir, un auténtico “Escándalo monumental”, tal como nos advirtió, en un detallado libro, y hace más una década, la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra que fue la que destapó lo que estaba aconteciendo en total secretismo, ya que no se daba información pública de esos procesos.

Ahora, después de las elecciones al Parlamento de Cataluña, aparece el listado tan reiteradamente solicitado por organizaciones como la nuestra. Pero el Gobierno se lava las manos ante tamaño “escándalo monumental” y deja a las iniciativas de ayuntamientos y particulares la posibilidad de recurrir en cada caso concreto, de uno en uno. Así, en vez de afrontar una clara defensa de los bienes y del patrimonio público, ha optado por dar por buena la ley de Aznar de 1998, como si no tuviera nada que objetar a ella.

Desde nuestro punto de vista, la decepción ha sido grande, puesto que Córdoba Laica, junto a otras asociaciones en defensa del patrimonio, llevamos tiempo reclamando que bienes como la Mezquita-Catedral, la plaza del Pocito, el Triunfo de San Rafael, etc., volvieran a ser de dominio público.

Por otro lado, seguimos contemplando la situación anómala y de privilegio con la que se trata a la Iglesia católica ya que es la primera entidad en bienes inmuebles de la provincia no destinados al culto (viviendas, locales comerciales, cocheras, solares, fincas rústicas…) que actualmente está exenta de tributación en el IBI, al tiempo que esos bienes están registrados con una infravaloración de sus valores catastrales.

Lo anteriormente expuesto es un claro perjuicio para las arcas públicas, lo que supone un deterioro de los servicios que recibimos los ciudadanos, ya que se dejan de aportar los correspondientes impuestos, tal como sí lo hace el resto de las empresas, los trabajadores autónomos y la ciudadanía de Córdoba, lo que es un indicio de abierta discriminación a favor de la Iglesia católica.

CÓRDOBA LAICA, febrero de 2021.

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