Según este responsable religioso, la propuesta de José Antonio Alonso es «anticonstitucional». «No hay ningún temor a que se escuchen los sermones, son públicos y abiertos; sí nos preocupa que se lance un mensaje a la sociedad en la que los musulmanes quedan en entredicho», afirmó.
No fue el único iman que se pronunció en el mismo sentido. Ibrahim Bahedda, portavoz de la mezquita de Fuengirola reclamó «prudencia» al Gobierno de Rodríguez Zapatero al considerar que Alonso «da a entender» que estos centros religiosos «son un criadero de terroristas», cuando, realmente, son «una garantía para la sociedad».
Por su parte, el representante del Centro Cultural Islámico de Madrid, sede de la mezquita de la M-30, Mohamed Elafifi, opinó que en las palabras del Ejecutivo «no hay rigor» y crean «confusión».
La propuesta, que sólo encontró el respaldo de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España, también suscitó ácidas críticas del dirigente de la Federación de Entidades Religiosas Islámicas, Mansur Escudero, para quien las manifestaciones del ministro del Interior evidencian «el desconocimiento absoluto de los planteamientos del islam», además de ser unas palabras «peligrosas». «Qué va a hacer, poner un policía en cada mezquita», se preguntó.
Desde el plano político, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, tachó de «ocurrencia» la iniciativa de Alonso y la rechazó porque «criminaliza o pone bajo sospecha» al islam.
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