Ningún juez pidió aún datos sobre la dictadura al Vaticano

Un protocolo con la Procuración permite agilizar requerimientos. Pero «hasta ahora nadie buscó aprovechar el mecanismo», advierte el embajador Cafiero.

El 11 de julio de 2013, casi tres meses después de asumir, Jorge Bergoglio firmó el primer motu proprio de su gestión al frente de la Santa Sede.  El decreto estuvo dedicado a redefinir y ampliar "la competencia de las autoridades judiciales del Vaticano en materia penal". Y activó los mecanismos administrativos para abrir los archivos personales de cada Papa, también conocidos como los archivos secretos vaticanos. La medida comenzó a regir desde su publicación en el Osservatore Romano. Se concretó el 1º de septiembre del año pasado y, entre otros efectos, habilita un sistema de cooperación para que la Secretaría Pontificia de Estado entregue la documentación que sea requerida por vía judicial, con el fin de esclarecer crímenes y otras investigaciones donde estén involucrados funcionarios con sotana. Para la Argentina, esa decisión pontificia abrió la posibilidad de acceder a la documentación que tenga el Vaticano sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar. Sin embargo, esa decisión ya cumplió un año de vigencia, junto a un protocolo local que lleva nueve meses, y hasta ahora ningún magistrado argentino cursó  alguna solicitud a través de la Cancillería para pedir la documentación que el Vaticano está dispuesto a entregar por primera vez en su historia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como en todos los acuerdos internacionales de cooperación judicial, es el único organismo que puede tramitar ese tipo de exhortos al exterior.
INACCIÓN. Según explicaron a  Tiempo Argentino desde su Secretaría de Culto, "hasta ahora no hemos recibido ninguna solicitud judicial para pedir la documentación que guarda la Santa Sede y que podría incluir los cables enviados desde la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires", por entonces, a cargo de monseñor Pío Laghi, considerado uno de los principales enlaces entre la Junta Militar y Roma en aquellos años del terrorismo de Estado.
El actual embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, fue uno de los primeros impulsores del aprovechamiento del decreto que firmó Bergoglio en julio de 2013 y este año llegó a recibir a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para impulsar la firma de un protocolo que agilizara el aprovechamiento de la grieta abierta en el ancestral secretismo vaticano.
Consultado por Tiempo Argentino durante su reciente visita a Buenos Aires, también confirmó que nadie pidió nada. "Muchos los conocen como los archivos secretos del Vaticano, pero en realidad son los archivos personales de cada Papa. Nunca fueron abiertos, hasta que Juan Pablo II rompió con esto y sólo permitió el intercambio de información que tuviera la Santa Sede sobre detenidos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial", explicó el primer embajador que designó Cristina Fernández en 2008. Y que ahora espera la confirmación, por parte del Senado, de su sucesor, el embajador y ex jefe de Gabinete de la Cancillería Eduardo Valdez.
"El motu proprio cumplió un año de vigencia el 1 de septiembre de este año, pero hasta ahora, a pesar de los esfuerzos y las precisiones acordadas con la Santa Sede, nadie  buscó aprovechar el mecanismo", se lamentó Cafiero.
El diplomático no pierde las esperanzas para que en algún momento se abra el flujo de información a partir de algún requerimiento judicial. Las precisiones fueron acordadas el 6 de febrero de este año, luego de una audiencia privada, promovida por la Cancillería, donde el Papa recibió a Gils Carbó, junto a otros cuatro funcionarios. Fue para "establecer mecanismos de cooperación a partir del decreto firmado por Francisco". Pasaron nueve meses desde esa oportunidad, pero aún así, nadie hizo uso del acceso. 
SECRETOS NO TAN SANTOS. La confirmación de la existencia de archivos vinculados con la desaparición de personas durante la última dictadura la aportó el propio Francisco, cuando envió documentación conservada en los archivos personales de la Santa Sede para el juicio por el obispo Enrique Angelelli. En ese caso el Arzobispado de La Rioja fue parte querellante y el juez de la causa le envió, por su intermedio, una solicitud al presidente de la Comisión Episcopal Argentina (CEA), José María Arancedo.
La respuesta vino del Vaticano, que "aportó documentación conservada en sus archivos durante 39 años", destacó luego el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) durante la finalización de la última asamblea plenaria del organismo. "30 años después de la Conadep y del Juicio a las Juntas Militares, el proceso de justicia por los crímenes de la dictadura tiene el respaldo de todos los poderes del Estado. Resulta imprescindible que la Iglesia Católica de la Argentina se posicione al respecto y se comprometa con una colaboración permanente y sustantiva con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia", reclamó el organismo en agosto pasado.
En la documentación remitida estaba una carta del propio Angelelli denunciando que temía su asesinato. Por entonces, cuando los materiales ingresaron en la causa, sólo estaba en vigencia el motu proprio bergogliano y Gils Carbó aún no había viajado a Roma. El pedido judicial ya había llegado a Roma y Bergoglio quería demostrar su voluntad de aportar la información, explicó un funcionario de la Cancillería luego de recordar que "antes hubo pedidos que llegaban directamente y se rechazaban porque los jueces no lo pasaban por Cancillería y no se adecuaban al mínimo protocolo que el Vaticano exigía para estas solicitudes".
Por otro lado, la Cancillería viene reclamando la posibilidad de acceder a información en el área específica de Derechos Humanos, pero la explicación era que el Vaticano rechaza cualquier pedido general, pero en caso de una desaparición específica todo es posible".
En febrero, funcionarios de la Santa Sede dijeron a los de la Procuración que estaban "dispuestos a colaborar con las investigaciones locales, siempre que las solicitudes respeten los requisitos formales y sustanciales de la legislación vaticana”.
"Antes no se movía nada, ahora cambió por la decisión de Bergoglio, pero aun así no hemos recibido una sola solicitud", remarcaron desde el Palacio San Martín, que se prepara para publicar miles de cables secretos sobre el Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur creada, bajo la tutela de los Estados Unidos, para perseguir y desaparecer opositores.
DESCLASIFICACIONES. Será la segunda tanda de materiales dados a conocer por la Cancillería a partir del trabajo de la Comisión para el Relevamiento de Documentación sobre Violaciones a los Derechos Humanos, integrada por tres investigadores del CELS y tres funcionarios del servicio exterior, bajo la coordinación del secretario de Culto, Guillermo Oliveri. 
Los primeros 5832 documentos  están en el sitio <www.desclasificacion.cancilleria.gob.ar>, donde se pueda apreciar, entre otras piezas inadvertidas (salvo para el diario salvadoreño El Faro) la cooperación entre la dictadura argentina y el gobierno de El Salvador. Entre los documentos, hay uno del 15 de octubre de 1979, donse se revelan las conversaciones dentro de la Embajada argentina "con el nuncio apostólico" para "elevar de viva voz al Vaticano un informe sobre las actividades del arzobispo salvadoreño Oscar Romero".
El sacerdote tercermundista fue asesinado cinco meses después de un disparo en el corazón, durante una homilía dentro de su iglesia. Allí lo esperaba "el oficial militar argentino Emilio Mendoza", del Batallón 601 de Inteligencia. 
Romero, cuyo crimen sigue impune, será canonizado por Bergoglio, luego de que destrabara dentro de la Santa Sede una solicitud presentada en 1993 y la pusiera en manos de la Congregación para la causa de los Santos.
Una de las mayores expectativas de los organismos de Derechos Humanos es que el clero, en Roma o en Buenos Aires, atesore datos que aporten pistas sobre el destino de los 400 hijos de detenidos desaparecidos apropiados durante la última dictadura.
La incógnita fue verbalizada por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que será recibida este miércoles por el Papa en una audiencia privada. Aunque la semana pasada, el secretario general de la CEA, Enrique Eguía Seguí, dijo que "la Iglesia no esconde nada", en referencia a la documentación entregada a la justicia durante los últimos siete años.
Por lo pronto, ningún juez golpeó las puertas del Vaticano para comprobarlo. 

"No todo el mundo podía recurrir al Vaticano ante la desaparición de un familiar", explica un funcionario que sigue la cooperación documental con la Santa Sede al detalle. "Lo primero que hacían era ir a la parroquia del barrio", dice para explicar que algunos rastros directos podrían estar más en la Argentina que en el Vaticano, sin descartar que en Roma también podría haber información vital, "pero de otro nivel".

Más allá de los libros de bautismo y las actas reservadas del Episcopado durante la dictadura, hay crímenes impunes que también podrían tener documentación relacionada dentro de la Santa Sede, como la Masacre de San Patricio, ocurrida el 4 de julio de 1976, cuando fueron asesinados a tiros en esa parroquia del barrio de Belgrano los sacerdotes palotinos Alfredo Leaden, Pedro Duffau y Alfredo Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti.
Esos son algunos de los crímenes cometidos contra sacerdotes y laicos, que seguramente deben contar con un reporte oficial dentro de la Santa Sede, aunque la lista también incluye las sospechas de complicidad sobre otros curas, cuya participación en la desaparición de personas ya fue comprobada, como el caso, según recordó el CELS, del "capellán castrense Christian Von Wernich, condenado por su actuación en centros de detención, pero sigue siendo sacerdote".
A ese nombre se suman figuras clave, de llegada directa al Vaticano y a la Nunciatura en Buenos Aires, como monseñor Victorio Bonamín, vicario castrense y jefe de los confesores militares; monseñor Antonio Plaza, arzobispo platense y capellán mayor de la Policía Bonaerense (visto por varios testigos junto a Ramón Camps en centros clandestinos); y monseñor Adolfo Servando Tórtolo, hombre promovido por Plaza, luego arzobispo de Paraná, nombrado por el Papa vicario general de las FF  AA en 1975 y dos veces presidente de la Conferencia Episcopal.
 La cuarta pieza, y quizás la más importante porque sigue vivo, es monseñor Emilio Graselli, ex secretario privado de Tortolo. Según reveló Tiempo Argentino hace un mes, los fiscales federales de San Martín, Miguel Blanco García Ordas y Hugo Bogetti, requirieron dentro de la Megacausa de Campo de Mayo, que se lo cite a indagatoria por considerar que participó en delitos de lesa humanidad, vinculado  a 140 hechos. Las sospechas de los funcionarios de la Procuración es que en lugar de ayudar a los familiares que buscaban a sus seres queridos, obtenía información de ellos y los "desorientaba dolosamente".

Bergoglio con fiscales Argentina

Fiscales – El Papa, en febrero pasado, junto a Gils Carbó. Un protocolo conjunto permite agilizar los eventuales pedidos – Foto: télam

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