Ni una pandemia mundial de coronavirus frena el acoso ultracatólico en las clínicas de abortos

Tras el levantamiento del estado de alarma, varios centros médicos siguen lidiando con la presencia de grupos que rezan o abordan a las mujeres para intentarles convencer de que no interrumpan voluntariamente su embarazo. Las clínicas piden a la Administración Pública que legisle para protegerlas

Ni siquiera una pandemia global ha puesto fin a la presencia de grupos ultracatólicos a las puertas de las clínicas en las que se practican abortos. Centros de distintos puntos de España siguen padeciendo estos meses lo que llevan denunciando años: el acoso y abordaje a mujeres que van a interrumpir voluntariamente su embarazo para intentar que reviertan su opinión. Son antiabortistas que, rosario en mano, reparten folletos con información falsa, rezan, muestran sus pancartas con proclamas en contra del aborto o interceptan a las mujeres para convencerlas de que no entren a la clínica. «Les dicen que las pueden ayudar, que lo que llevan dentro es una vida, que van a cometer un asesinato…», explica Sonia Lamas, trabajadora de la clínica Dator, una de las más afectadas.

A este centro madrileño dejaron de acudir durante el estado de alarma, pero una vez finalizado, retomaron su actividad. Suelen acudir los jueves, viernes y sábados de cada semana y se denominan a sí mismos «rescatistas» en referencia a las vidas que dicen salvar al evitar un aborto. Hace escasos días llegaron a vanagloriarse en redes sociales de haber hecho «dos rescates» en cuatro horas porque «dos parejas que estaban decididas a entrar» decidieron supuestamente no entrar en la clínica. No solo ocurre en Madrid, donde también suelen acudir a la clínica El Bosque, sino que también en otras ciudades españolas, como Málaga o Albacete, están acostumbrados a lidiar con el problema.

A esta actividad constante que las clínicas denoniman «de hostigamiento», se suma durante estas semanas los llamados ’40 días por la vida’, una iniciativa que nació en Estados Unidos y ya se ha extendido internacionalmente. Se trata de una campaña en varios periodos al año que propone concentraciones desde las 9.00 horas hasta las 21.00 en las clínicas «para rezar por el fin del aborto». Desde el pasado miércoles, pocos días antes de la celebración del Día Internacional por el Aborto Legal y Seguro, y hasta el próximo 1 de noviembre lo harán, según su convocatoria, en ciudades como Madrid, Valencia o El Puerto de Santa María (Cádiz). Dator es uno de sus destinos predilectos: «Son grupos pequeños, de cinco o seis, y se ponen en la acera de enfrente de la clínica a rezar con un cartel que dice ‘Rezamos por ti y tu bebé'», explica Lamas, que les ve cada día. «Si el aborto se considera un servicio esencial, nuestra presencia también», lanzaron desde las redes oficiales de la campaña un día antes de que diera inicio.

En algunos lugares y momentos la actuación de estos grupos antielección es más virulenta que en otros. A veces rezan, otras abordan a las mujeres, pero en todos los casos implica una «coacción» y un «intento por imponer su moral» a mujeres que libremente han decidido interrumpir voluntariamente su embarazo; en una inmensa mayoría de los casos «derivadas por el servicio público de salud», explica José Antonio Bosch, abogado de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), que lleva años llamando la atención. «¿Alguien se imagina que ocurriera en las puertas de un hospital? ¿Durarían mucho ahí?», se pregunta. «No tenemos ningún inconveniente en que la gente rece por lo que quiera, pero que incluso con la crisis del coronavirus sigan estando a las puertas de los centros, por mucha mascarilla que lleven, es una vulneración de derechos y libertades fundamentales».

La actividad de estos grupos, que se recrudeció una vez entró en vigor la Ley del Aborto de 2010, ha sido estudiada por el Defensor del Pueblo, que se ha involucrado en el asunto a raíz de una denuncia de ACAI, que lleva años llamando la atención. La queja incluía pruebas de «numerosos casos de hostigamiento en toda España» y de manera «reiterada», por lo que el organismo comenzó una investigación y acabó reclamando el pasado febrero medidas preventivas a la Dirección General de Policía y una intervención «global» al Ministerio del Interior. El pasado 23 de septiembre, el Defensor volvió a intervenir tras recibir la respuesta de la Dirección. En ella, se referían a sus actuaciones únicamente en Madrid, por lo que la contestación es «insuficiente» a ojos del organismo, según ha comunicado a ACAI, ya que la recomendación se refería a todo el territorio nacional y nada se dice en la respuesta de las medidas preventivas.

«¿Por qué las mujeres tienen que aguantar que les intimiden?»

El modus operandi no es el mismo en todas partes. En la clínica Ginemur de Málaga llevan tiempo acudiendo todos los 25 de cada mes por la noche, incluso durante el estado de alarma, según señala su gerente, Ángel Tolosa. En su caso, suelen ser casi siempre las mismas personas, entre las que hay un cura, que frente a las puertas del centro médico colocan un pequeño altar con velas y, en ocasiones, un rótulo que reza frases como «venimos a salvar a los niños del asesinato y cosas así», recuerda el trabajador. Tolosa apunta a que su actividad como servicio esencial declarado durante la cuarentena les ha permitido ver que han estado yendo, aunque durante el estado de alarma renunciaron a montar el altar. Los trabajadores, dice, «estamos acostumbrados», pero reconoce que intercepta su labor e incluso el día que acuden les obliga a cerrar la clínica antes de lo habitual para evitar coincidir.

Hasta hace un tiempo, la presencia de este tipo de grupos en Ginemur era mucho más intensa y directamente intentaban convencer a las mujeres de que no abortaran. Este tipo de colectivos suelen justificar su actividad aduciendo a que lo que hacen es ofrecer ayuda e información a las mujeres, pero en la práctica les inducen temor mediante afirmaciones falsas y exageraciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En ocasiones, les muestran imágenes de fetos de hasta 22 semanas y de supuestos abortos y aseguran que la interrupción voluntaria del embarazo tiene consecuencias inmutables como depresión, baja autoestima o incluso cáncer de mama. A veces, les entregan a las mujeres folletos con este tipo de afirmaciones e incluso llegan a darles pequeños fetos de juguete.

Un grupo de personas en diciembre de 2018, a las puertas de la clínica Dator, obstaculizan a las mujeres que entran a abortar PATRICIA J. GARCINUÑO

Varias copias de estos folletos tiene guardadas la clínica Iris de Albacete, uno de los puntos calientes desde hace años. Allí acuden un par de días a la semana «y abordan a las mujeres. Les dicen que quieren ayudarlas, que no maten al bebé, que hay otras soluciones y que lo que van a hacer es un asesinato», recuerda Lola Gómez, miembro del colectivo Ágora Feminista. El centro médico, uno de los dos únicos acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo en toda Castilla-La Mancha, está situado en una calle muy estrecha, por lo que el grupo que suele acudir, se sitúa en la misma puerta. «¿Por qué tienen que estar aguantando las mujeres que haya gente que les intimide cuando entran a una consulta, del tipo que sea?», se pregunta Gómez. A algunas, dice, no les afecta tanto «porque no todas somos iguales», pero para otras es un momento «muy desagradable, entran nerviosas y con la sensación, que es una realidad, de que su intimidad ha sido violada».

En términos similares se expresa Bosch. El abogado apunta a que cuando las mujeres entran para someterse a una intervención «lo razonable es que lleguen en las mejores condiciones, lo más relajadas posible y con el nivel más bajo de angustia». Algo que, en su opinión, se entorpece en estos casos. «Crece su ansiedad, su estrés y se alteran sus contantes. Está constatado por los médicos de nuestras clínicas que la mayoría llegan en unas condiciones médico sanitarias peores que las que entran con total normalidad». Con el objetivo de conocer más de cerca qué efectos tiene para las mujeres, ACAI entrevistó hace un par de años a 300 que acudieron a abortar a clínicas de Madrid, Málaga, Córdoba o Albacete: un 89% se sintió acosada y un 91% creía que deberían haber recibido protección pública para evitarlo.

«Zonas de seguridad» para frenar el acoso

Eso es, de hecho, lo que lleva años defendiendo y reclama la asociación, a la que recientemente se han sumado otras 60 organizaciones de derechos humanos, feministas y sindicatos que han constituido la Plataforma ProDerechos, que pide un #AbortoSinAcoso. Según sus propios cálculos -conservadores, señalan-, los centros médicos sufren unas 100 acciones de hostigamiento anuales y unas 8.000 mujeres han podido ser víctimas en España desde la aprobación de la Ley del Aborto de 2010. No es algo nuevo, apuntan, pero se ha recrudecido en los últimos años. Por eso, demandan a las Administraciones Públicas que tomen cartas en el asunto y legislen para proteger a las mujeres, tal y como ocurre en países como Francia, Alemania, Irlanda o Austria en los que también los grupos antiaborto tenían una presencia significativa en los centros.

En la práctica, lo que piden ACAI y el resto de colectivos es una reforma del Código Penal que convierta en delito aquellas conductas que «obstaculicen, impidan, restrinjan, limiten o entorpezcan el acceso de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo». Así se regula en Francia, donde esta conducta es delito desde marzo de 2017. En otros países existen las llamadas «zonas de seguridad» alrededor de las clínicas para proteger a las mujeres, algo que el PSOE incluyó en su documento de propuestas con el que pretendía conseguir el acuerdo con Unidas Podemos para gobernar. Ambos partidos políticos, junto a Ciudadanos, se reunieron con la plataforma el pasado año, a la que respondieron positivamente a sus propuestas. El PP, según las organizaciones, «ni siquiera respondió» a la solicitud.

En ausencia de la norma específica que convierta en delito estas conductas, las clínicas reclaman el establecimiento de estas zonas mediante la reforma del Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, de garantía asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo. Es la demanda «de mínimos», reitera Bosch, que pide a las Administraciones Públicas que «se interesen por las condiciones en las que están las usuarias y las proteja».

Print Friendly, PDF & Email

También te podría gustar...