Navarra desiste de llevar al Constitucional la norma sobre las inmatriculaciones

PP y UPN tumbaron la propuesta de los nacionalistas, gracias a la abstención del PSOE en la Cámara foral

Iba a ser el paso definitivo, la valiente decisión política que iba a poner las cosas en su sitio. Pero al final, tampoco hubo nada. El Parlamento navarro ha desistido finalmente de llevar al Constitucional la ley hipotecaria, que permitió la inmatriculación de la Mezquita-Catedral en 2006 y que, en este momento, sigue vigente. Al menos, hasta que el Congreso y el Senado terminan su tramitación si es que no se producen hechos legislativos de última hora.

El asunto se anunció con alegría propia de las entidades que critican que la Iglesia Católica haya inscrito a su nombre una multitud de bienes usando una prerrogativa que faculta la norma. Con el objetivo de establecer una vía rápida para la inscripción de estos bienes, el Gobierno y las Cortes facultaron a los diocesanos correspondientes a emitir un certificado de propiedad sobre aquellas cuestiones en las que, por razones históricas, no existe un documento que escrito que la acredite.

Es el caso de la mayor parte de iglesias, catedrales o ermitas de España, pero también de otro tipo de fincas registrales que son las que, originalmente, crearon la polémica. Predios comunales, la casa del cura del pueblo, etcétera. Los mayores críticos de la norma, y son razones de peso, creen que se equipara el certificado de un funcionario público como el de un responsable religioso.

Llevar el caso al Constitucional

En Navarra existe una plataforma muy activa que se ha centrado en este tipo de casos y que, hasta el momento, no ha tenido mucho éxito en los tribunales. La entidad, como en el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba, había instado a que el asunto se llevase al Constitucional con el propósito de recabar una anulación general, sobrevenida, de todas las inscripciones.

El movimiento que reclama la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba había tomado el paso navarro como un elemento que colmaba sus aspiraciones cuando el Parlamento de Andalucía ya había dicho que no estaba dispuesto a tomar esa medida

Inicialmente, la propuesta de ir al Constitucional había tenido la aquiescencia de la mayoría de la Cámara foral. Los grupos políticos proponentes -Bildu, Aralar, Izquierda Unida y Geroa Bai- habían contado con el voto a favor de los socialistas navarros que, llegados al Pleno, se echaron atrás. Los parlamentarios navarros del PSOE decidieron abstenerse en la votación con lo que los votos del Partido Popular (PP) y de Unión del Pueblo Navarro (UPN) tumbaron la propuesta de los partidos nacionalistas vascos.

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