Dentro de algo más de un año y medio se cumplirán tres décadas de la firma de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, que sustituyeron al concordato suscrito por el régimen de Franco y el papa Pío XII en 1953. A la luz de los acontecimientos y de la conflictividad que comportan algunos de sus puntos -léase, por ejemplo, la polémica sobre la idoneidad del profesorado de religión-, no sería irracional que el Gobierno se planteara la conveniencia de su revisión y adecuación a unas circunstancias bien distintas de las de la España de la transición. Si la Iglesia ha reclamado -y conseguido- un nuevo modelo de financiación más generoso para sus intereses, que sube del 0,5% al 0,7% del IRPF las aportaciones voluntarias de los contribuyentes, también el Estado debería obtener fórmulas más coherentes que las vigentes para impedir, entre otras cosas, que un profesor de religión sea despedido simplemente porque está divorciado o limar el rechazo eclesiástico a la asignatura de educación ciudadana.
En provecho de las dos partes, y por supuesto de los ciudadanos, sería conveniente encontrar unas reglas de juego más transparentes y menos ambiguas que las presentes. El fallo del Tribunal Constitucional el pasado 15 de febrero sobre el despido de una profesora de religión en un colegio público canario, que reconoce la potestad de los obispos para pronunciarse sobre la vida privada a la hora de contratar un enseñante de esa asignatura, es seguramente impecable desde un punto de vista jurídico. Sin embargo, suscita perplejidad por lo que representa de carga lesiva para los derechos laborales de cualquier español reconocidos por la Constitución.
Todo ello retrotrae la memoria a los efectos negativos que supuso el que los acuerdos entre España y el Vaticano fueran negociados antes de la entrada en vigor de nuestra Carta Magna. Quizás por ello algunos de sus elementos no sean precisamente constitucionales, pese a haber sido suscritos poco después de la promulgación de la norma fundamental española en 1978. El Gobierno, que es quien sufraga la financiación, tendría algo más que decir en el asunto del profesorado de religión en los institutos públicos, más allá de respirar con indisimulada satisfacción después de este reciente fallo del Constitucional. El borrador de decreto que ha preparado el Ejecutivo socialista para regular su estatuto jurídico es considerado inaceptable por los obispos.
Con todo, debería luchar para persuadir a los obispos de que también ellos deben ceder en algunas parcelas y recordarles que España es un Estado aconfesional. En una primera fase, los responsables de la materia en los centros públicos podrían ser equiparados al resto de sus compañeros y estar sujetos al mismo régimen de selección que los demás. Pero el horizonte final no podría ser otro que plantear la supresión de la asignatura en la enseñanza pública.
