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Nace el bloque de diputados contra el Estado laico

El proyecto para reformar la Constitución Política en aras de garantizar el Estado laico, es decir, sin confesión religiosa, enfrenta sus primeros obstáculos a una semana de haber sido presentado por 13 diputados.

Ayer se unieron 19 congresistas de distintas bancadas para anunciar que harán todo lo posible por impedir que el plan de reforma a la Constitución inicie su trámite legislativo.

El plan pretende que la religión católica deje de ser la oficial del Estado y sacar la palabra “Dios” del juramento constitucional que hacen los funcionarios públicos de alto rango al iniciar funciones.

Una de las estrategias para frenar esas modificaciones, anunció el liberacionista Óscar Núñez, será convencer a los firmantes de la iniciativa de que pidan a la secretaría del Directorio Legislativo retirar su firma del texto.

“La pretensión de abolir del juramento constitucional la palabra ‘Dios’ es absolutamente obstinada y en contra de las mayorías del pueblo costarricense y de la legendaria formación que por años ha permitido tener esos criterios doctrinarios, filosóficos y religiosos en nuestra legislación de la más diversa naturaleza”, consideró Núñez.

El diputado prosiguió atribuyendo el proyecto al movimiento ateo: “Abolir la palabra ‘Dios’ del juramento constitucional es permitirles a los ateos generar el sentimiento de que aquí no rigen los principios morales y religiosos a los que nos sometemos los creyentes”.

El jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, Jorge Eduardo Sánchez, consideró como extremo el cambio constitucional planteado y advirtió que podría afectar todo el marco bajo el cual se brindan servicios públicos como la educación.

Núñez agregó que sus compañeros de fracción Gilberto Jerez, Luis Carlos Araya y Ofelia Taitelbaum, firmantes del proyecto para decretar un Estado laico, se oponen a que “Dios” salga del juramento constitucional y que decidieron respaldar la propuesta solo para abrir la discusión acerca de la conveniencia de una religión oficial.

Por la sensibilidad del tema, afirmó Núñez, debe ser sometido a referéndum para que sea el pueblo, por mayoría, el que elija si el catolicismo permanece como religión oficial del Estado y si los funcionarios públicos deben seguir jurando ante Dios su compromiso con el país.

Francisco Molina, del Partido Acción Ciudadana (PAC), consideró que el laicismo sería válido solo mediante un concordato entre Costa Rica y el Vaticano. “Este proyecto va por la vía equivocada. Hoy Costa Rica, los ciudadanos, los políticos, los trabajadores, necesitamos cada vez más de Dios”, aseguró.

El diputado libertario Mario Quirós dio a conocer durante la conferencia del bloque antilaicismo que ya ordenó el retiro de su firma del plan de reforma constitucional.

“No estoy de acuerdo con este proyecto en ninguno de sus alcances. La Asamblea debería abocarse a resolver otros temas más urgentes como las necesidades de educación e infraestructura y no esta reforma”, dijo.

En el otro bando, los firmantes Sergio Alfaro, Ana Elena Chacón y Carlos Gutiérrez, del PAC, Unidad y Movimiento Libertario, respectivamente, afirmaron que no se dejarán presionar y mantendrán hasta el final su respaldo al cambio a la Constitución para garantizar el laicismo en el Estado.

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